Solo seis candidatas, de 27 aspirantes a gubernaturas, han presentado su #3de3

“Una razón por la que, al menos en materia electoral, no ha sido tan importante es porque no hay obligación en la ley o ninguna normativa que los obligue y al mismo tiempo la presión ciudadana ha disminuido o se ha enfocado en otros temas”, considera Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

¿Quiénes han presentado su #3de3?

En esta ocasión, al igual que en las elecciones del 2021, ha sido más voluntad de los aspirantes. En el caso de las candidatas de Aguascalientes, las seis aspirantes ya las presentaron, a través de la plataforma estatal “Iniciativa por la Integridad: Tres de Tres” se puede consultar y verificar la trayectoria profesional, situación patrimonial, los intereses personales y familiares de los candidatas o si están al corriente con el pago de sus impuestos.

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A través de esta herramienta, Expansión Política encontró que la candidata que más bienes posee es Martha Márquez, de la alianza (PVEM-PT), al registrar cinco casas con valor de 5 millones 680,000 pesos y tres vehículos, con un costo total de 1 millón 65,810 pesos.

No obstante, Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), destaca por reportar una casa, un terreno y cuatro edificios, uno por herencia y otro por sentencia, según explica en el documento. Es decir, que posee en total seis bienes inmuebles.

La abanderada de Morena, Nora Ruvalcaba, es quien posee menos bienes, pues solo reportó muebles y cuadro por 320,000 pesos, además de ingresos por 0 pesos mensuales.

La candidata de la alianza “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez, reportó bienes por 1 millón 410,000 pesos entre una casa, un vehículo y menaje del hogar; además de que registró ingresos mensuales netos por 83,926 pesos. En tanto que Natzielly Rodríguez, de Fuerza por México, ingresó ingresos mensuales por 15,000 pesos, un terreno donado, una casa de 2 millones de pesos y un vehículo.

En la carrera a alguna gubernatura, solo en Durango, la candidata Patricia Flores, abanderada por MC, ha respondido el llamado de las organizaciones. En la entidad, Luis María Mariscal, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la información Pública (IDAIP), llamó a cumplir con esta iniciativa a los candidatos.

“El propósito es motivar de manera voluntaria a los candidatos y candidatas al gobierno del estado y los alcaldes para que presenten su declaración patrimonial, de interés y fiscal en la plataforma que hemos diseñado específicamente para ello”, dijo en conferencia de prensa.

La exvocera de Felipe Calderón fue de las primeras en responder. En su declaración patrimonial, reportó ingresos mensuales por 100,052 pesos, y como bienes una casa de 4.5 mdp, un vehículo de 250,000 pesos, joyas por 950,000 y obras de arte por 2.2 mdp. En total, 7 millones 920,000 pesos.

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Fernanda Avendaño explica que las declaraciones son relevantes en muchos aspectos, no solo para conocer su trayectoria profesional, que es importante su contexto y antecedentes, pero también permite que antes de entrar a un puesto, se puede ver si hay ciertos intereses, que pueden limitar decisiones en caso de tener cargo público, y también se puede monitorear cuál es su patrimonio y situación económica.

“Para darle seguimiento a lo largo de su carrera política, si es que es electo o electa, para que no haya ningún elemento de bandera roja, de foco de atención, de que una declaración fiscal o de patrimonio, llame la atención, puede hacerse antes, en caso de que algo no cuadre, y pueda darse seguimiento”, comenta.

El llamado a la transparencia en época electoral

Para las organizaciones que impulsan la iniciativa, la publicación de estas tres declaraciones permite conocer y comparar información sobre los distintos servidores a fin de reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y la transformación de la clase política en México.

Pero en los últimos procesos, no se ha mostrado interés por parte de los aspirantes a un cargo. El año pasado, de 113 candidatos a gobernador, 13 publicaron su declaración patrimonial en esas plataformas y mecanismos de la sociedad civil, apenas el 10%. Este año es alrededor del 20%, es la mitad de las gubernaturas en juego. En cuatro estados con elección ningún candidato lo ha hecho.

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En Quintana Roo, el pasado 30 de marzo, las organizaciones incluso firmaron una “declaratoria de partidos políticos abiertos” para comprometerlos en materia de transparencia. El punto seis del decálogo, específica la promoción de la #3de3.

“Las y los firmantes nos comprometemos a promover la iniciativa 3 de 3 por la integridad con el objetivo de que la ciudadanía al momento de emitir su voto conozca el patrimonio, los conflictos de interés y la declaración fiscal de los candidatos de los procesos electorales”, dice el documento firmado por autoridades electorales y representantes de todos los partidos.

A la fecha, ninguno de los aspirantes a la gubernatura en la entidad, lo ha presentado. De la candidata de la alianza PAN y PRD, Laura Fernández, hay información disponible del ejercicio 2020. En él reportó una casa cuyo valor de compraventa fue de 2.5 millones, pagada de contado en 2004, cuando terminó su cargo como delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en Benito Juárez; tres terrenos que suman en conjunto un valor de compraventa de 3 millones de pesos; tres camionetas de lujo, un menaje de 20,000 pesos y cinco cuentas bancarias, una de ellas de la institución Wells Fargo, en Estados Unidos.

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Desde noviembre pasado, Comités de Participación Ciudadana de todo el país, órganos garantes de transparencia y acceso a la información y Transparencia Mexicana entregaron a los 32 congresos locales y el federal una iniciativa para reformar las leyes en materia electoral y de transparencia para que sea obligación de toda candidata y candidato presentar y publicar su #3de3, la cual ha quedado en el tintero.

“Todavía está pendiente la iniciativa tanto para que haya la homologación como la obligatoriedad de los congresos de aprobarla y que a partir de las siguientes elecciones sea obligatorio, por ahora, es solo una vez que llegan a un puesto de gobierno a nivel legislativo, ejecutivo y judicial”, señala Avendaño.