Como si tratara de un legado, casi todos los presidentes de la República han impulsado una reforma electoral. Andrés Manuel López Obrador no fue la excepción y presentó su propuesta para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral, la representación en el legislativo, y para “abaratar” el costo de la democracia, entre otros.
Los cambios a la legislación electoral solían someterse a su “prueba de fuego” en elecciones intermedias, sin embargo, de aprobarse la impulsada por el presidente, sería en la elección presidencial que las modificaciones se implementen por lo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum, el canciller Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, o quien resulte electo, competirían bajo las nuevas.
“Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto están congraciándose públicamente con aquello que dice el presidente. Si el presidente tiene una aprobación tan alta como al que tiene, claro que es muy cómodo acompañar el discurso de aquello que critica o apoya”, afirma José Antonio Carrera Barroso, especialista en sistemas electorales y profesor de la Universidad Autónoma de México, sobre el apoyo que han manifestado las "corcholatas".
Los expertos electorales consultados explican que de aprobarse la reforma, algunas de las modificaciones darían ventajas a las “corcholatas” frente a sus adversarios. Por ejemplo, en el financiamiento público.
En la propuesta de reforma se establece que sólo habría recursos públicos para financiar las campañas electorales federales, es decir sólo habría dinero público cada tres y seis años y los montos se decidirían con una nueva fórmula.
“No les afectaría el asunto de los recursos porque el partido en el gobierno siempre tiene más recursos para incidir directa o indirectamente, es una ventaja que tienen los gobiernos en turno. Fuese Marcelo, Claudia o Adán serían los candidatos del gobierno y gozarían de los beneficios que les da ser candidatos del partido en el gobierno”, dice Barrientos del Monte.
