La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su segunda estrategia para reformar el sistema electoral mexicano y aseguró que para su gobierno es fundamental acabar con los privilegios de los funcionarios públicos.
Esta nueva iniciativa, denominada “Plan B”, está en construcción en la Secretaría de Gobernación (Segob) y se estima que será enviada al Congreso de la Unión la próxima semana.
Sheinbaum propone en esta enmienda limitar el presupuesto de los Congresos estatales para evitar diferencias entre las entidades federativas; reducir el número de regidores municipales y organizar consultas populares sobre temas electorales.
También plantea la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno, y continuar la política de austeridad en el sistema electoral para ahorrar unos 4,000 millones de pesos anuales y destinarlos a obras y servicios públicos.
“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE, y que congresos estatales, gobernadores, tengan presupuestos tan desproporcionados, o que el Senado tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el país”, declaró este viernes.
El “Plan B” de Sheinbaum podría “invadir” el pacto federal, infringir lo establecido en la Constitución en materia de consultas populares y transgredir la soberanía de los estados, de acuerdo con especialistas consultados por Expansión Política.
Pero la presidenta defiende su segunda iniciativa de reforma electoral, diseñada luego de que la primera fuera desechada en la Cámara de Diputados debido a que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
“Vamos a seguir trabajando para acabar con los privilegios y, esencialmente, seguir el principio juarista de la austeridad republicana, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó en su conferencia de prensa matutina, realizada en Colima.
Sheinbaum descartó, además, que su nueva iniciativa disminuya los recursos destinados a los municipios y estados.
“Falso, ayer lo dije con toda claridad: la propuesta, el 'Plan B', tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los Congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio", reiteró.
Explicó que el presupuesto que se extraiga de esos sectores se mantendrá en las entidades federativas, no será devuelto a la Federación, pero se deberá destinar a otros proyectos.
"Que se quede ahí pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio”, ilustró y agregó: “Los legisladores no lo necesitan, pueden tener salarios dignos, justos, pero que el presupuesto se vaya a la gente”.
Para Sheinbaum, la eliminación de los privilegios en la Administración Pública también contribuye a garantizar la eficiencia de los gobiernos.
“Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad, da resultados. Por eso seguimos insistiendo en que disminuir privilegios, que el gobierno esté en la justa medianía, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, va a seguir dando resultados”.
Pero tanto a la presidenta como a su antecesor Andrés Manuel López Obrador les ha costado sacar adelante una reforma electoral, a pesar de que sí han conseguido otras varias modificaciones constitucionales.
El primer plan electoral de Sheinbaum fue vetado porque su partido Morena no consiguió que sus principales aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se posicionaran a favor de la iniciativa. Y es posible que tampoco se unan para avalar el “Plan B”.
La segunda parte de la elección judicial, programada para el próximo año, podría recorrerse hasta 2028.
Sheinbaum dijo que su gobierno analiza este posible aplazamiento. En la misma situación está la revocación de mandato.
El gobierno solicitó una opinión al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los pros y contras de hacerlo.
Si se mantiene la elección en 2027, se podrían utilizar los mismos recursos ya considerados. Si el INE concluye que los ahorros no son significativos, porque se necesitan casillas dobles, optarían por hacer la elección en 2028.
“Se está analizando qué tanto implica menos recursos hacerlo en el 2027. Los beneficios de pasarla al 2028 es que no son tantas boletas para quienes vamos a votar”, explicó.
