Después de que Guadalupe Taddei renunció a su cargo como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por señalamientos por actos de corrupción, Morena analizará los “superpoderes” que le otorgaron en 2024.
Hace dos años, legisladores de Morena modificaron el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ampliar las facultades de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con esta reforma, Guadalupe Taddei obtuvo la atribución de designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo, sin que sus nombramientos tuvieran que ser aprobados por el Consejo General.
Así Taddei realizó 17 nombramientos, entre los que figuran personas que han trabajado con ella previamente o que cuentan con experiencia en gobiernos encabezados por Morena.
Uno de ellos es Roberto Carlos Félix, actual secretario ejecutivo del INE, quien ocupó el mismo cargo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora, cuando Guadalupe Taddei presidía ese organismo.
También se encuentra María Fernanda Romo Gaxiola, nombrada titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como secretaria particular de Taddei.
Otro nombramiento es el de Rebeca Fernanda López Aguirre, quien quedó al frente de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Originaria de Sonora, ocupó la presidencia interina del organismo electoral de esa entidad después de que Taddei dejó el cargo.
Por último, Anahí Silva Tosca fue nombrada titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE. Antes de incorporarse al instituto, se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Jurídicos durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino en Tabasco.
Otro de los nombramientos fue el de Mario Alberto Alejo García, quien quedó al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, encargada de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos que utilizan los partidos políticos, así como sus precandidatos y candidatos.
Antes de asumir esta responsabilidad, Alejo García se desempeñaba como asesor del consejero Jorge Montaño, considerado uno de los cercanos a Guadalupe Taddei. Su designación al frente de Fiscalización fue impugnada por consejeros electorales, quienes señalaron que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar el cargo.
La Dirección Ejecutiva de Administración, responsable del manejo del presupuesto del INE, fue otra de las áreas en las que Taddei realizó cambios.
Inicialmente, nombró a Jesús Octavio García como titular; sin embargo, dejó el puesto en abril pasado, luego de ser señalado por un presunto conflicto de interés, debido a que anteriormente había sido representante legal de la empresa Cajas Gras, proveedora del instituto.
En su lugar nombró a Eduardo Meza Rincón, pero solo duro una semana para después ser nombrado director de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres. Mientras, en el primer cargo fue sustituido por Liliana Díaz de León.
Luego de asumir la presidencia interina del INE, Blanca Cruz García, confirmó que se han recibido oficialmente tres renuncias de funcionarios vinculados al grupo de Taddei, y presuntamente ligados al contratista Alfredo Hernández Casillas: José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), Iliana Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género, y Mario Alfonso Burciaga, director de Recuros Materiales.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sostenido que su bancada parlamentaria está en la disposición de revisar estos “superpoderes” que se le otorgaron al presidente del INE.
No obstante, especificó que actualmente no se pueden hacer cambios a la LGIPE ya que comenzó el proceso electoral de 2027 y la Constitución prohíbe hacer cambios a leyes electorales en este periodo.
Sin embargo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, difirió con el morenista Ricardo Monreal, comentó que en el artículo 105 de la Constitución se menciona que no se pueden hacer reformas electorales a meses de que se lleve a cabo los comicios, solo cuando estos cambios sean fundamentales para el proceso electoral.
“Quitar la adición al artículo 45 de la LGIPE no decide el día de la elección, solo decide cómo se toman las decisiones, por lo que no afectaría (el proceso electoral), pero es una decisión de la mayoría (legislativa)”, mencionó el priista.
La nueva presidenta interina del INE anticipó que no usará el “súper poder” que la Cámara de Diputados asignó a la presidencia, el cual le permitía nombrar a las direcciones ejecutivas sin consenso, y acotó que parte de los acuerdos consiste en privilegiar el consenso.
“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado. Lo digo a título personal, se lo digo a mis colegas. No es una posibilidad”, sentenció.
La presidenta aclaró que las encargadurías deberán pactarse y que el escenario idóneo es que se elijan por una votación unánime, pero en caso de que no sea posible, que se alcance el más amplio consenso.
“Cualquier movimiento que hagamos, sobre todo en las áreas de dirección va a tener que ser un acuerdo, que si no es por unanimidad tendría que ser por mayoría, porque de eso se trata la colegialidad”, dijo.
Con información de Aura García...
