La iniciativa, impulsada por diputados y senadores de Morena, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación, pero para que prospere requerirá que se convoque a periodo extraordinario de sesiones del Congreso, ya que a partir de este jueves 30 de abril entró en periodo de receso.
Además de la aprobación en el pleno de diputados y el Senado, se necesitará del aval de al menos 17 Congresos estatales pues se proponen reformas a 10 artículos de la Constitución.
Por eso se requerirá de que la Comisión Permanente del Congreso emita convocatoria a periodo extraordinario de sesiones, “al parecer podría haber coincidencias de todos los grupos parlamentarios para ese cambio", según expuso la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado luz verde, por lo que la propuesta no ha prosperado ni tiene consenso en Morena, aunque los proponentes son los senadores Javier Corral y Susana Harp y los diputados Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, todos morenistas.
En cambio, la iniciativa ha generado el apoyo de la academia, el sector judicial y electoral, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), pues plantea que la elección de casi 800 jueces y magistrados, a realizarse en 2027 según ordenó la reforma judicial, se realice hasta 2028.
La implicación de ese cambio es que esas elecciones judiciales no sean el mismo día de las elecciones de cargos políticos, ya que éstos serán 500 diputados federales, 17 gobernaturas, cientos de diputados locales, presidentes municipales y regidores, en que competirán más de 20 mil candidatos.
Otro componente de la propuesta es que los candidatos a cargos judiciales sean evaluados con criterios homologados, se les exija certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) y con más requisitos.
Adicionalmente se plantean cambios que permitan la comprensión de las boletas, el acceso a información clara sobre las candidaturas, la operación de la jornada electoral y las condiciones para emitir un voto razonado, que no permitan la repetición de “acordeones”.
