El panista Federico Döring evidenció que el dictamen no toca el 122 de la Constitución, que es el único artículo que refiere a régimen político de la Ciudad de México, por lo que al no ser reformado imperdirá que los cambios afecten al congreso capitalino y sus alcaldías.
Del PT, Amadeo Espinosa aseguró que hoy existen 15, 353 regidurías, es decir un regidor por cada 8, 112 personas.
“Sin embargo, existe una gran disparidad en el número de regidores por municipio. Por ejemplo, Monterrey es el municipio con mayor número de regidores del país, 28 (regidores) con 40, 821 habitantes por regidor. En contraste, San Miguel Ixitlán, Puebla, un regidor por cada 66 habitantes, 8 regidores para 526 habitantes.
En el caso de Centro, Tabasco, destacó, tiene un regidor por cada 227, 869 habitantes, 3 regidores gobiernan 683 mil 607 habitantes.
“(Es) una estructura sobredimensionada, costosa e ineficiente, que muchas veces responde a criterios de rentabilidad política o de reparto de cuotas entre partidos y no a las necesidades reales de la ciudadanía. Al establecer un límite máximo de 15 regidurías y una sindicatura, se garantizará un cabildo funcional”.
En el caso de los congresos locales el petista destacó que el gasto total aprobado de los Congresos locales para este año es de 23, 373 millones, equivalentes al 0.73 % del total de los presupuestos estatales locales que es de 3.2 billones de pesos y en 15 estados aplicaría el nuevo tope fijado.
“Así el costo promedio por diputado local pasaría de 20.8 millones de pesos al año a 15 millones”, dijo.
Por Morena, Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que los cambios tienen como fin acabar los privilegios, regular cómo funcionan los Congresos de los estados y los cabildos en los municipios, así como la gradualidad para que la Cámara de Senadores se ajuste a la austeridad republicana.
Advirtió que la oposición no quiso aprobar el Plan A, que buscaba evitar el dinero ilícito en la política y son partidos del “no”.
“No, no va a haber ningún plan que les guste ni el plan A ni el B ni el C ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto. Les duele mucho que nosotros digamos en esta exposición que no quieren combatir los privilegios”.
Los antecedentes del ''Plan B''
El 11 de marzo pasado, la Cámara de Diputados rechazó, con el voto en contra el Partido del Trabajo (PT) y la oposición, el ''Plan A'' de reforma electoral mediante la que se buscaba reducir senadores plurinominales, modificar la forma de elección de diputados pluris y reducir el financiamiento público a los partidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum remitió el 17 de marzo al Senado el ''Plan B'' de reforma, en el que propuso cambios a tres artículos de la Constitución: 115, 116 y 134, centrados en fijar topes al presupuesto de los congresos locales, reducir el número de regidores en los municipios y acotar las remuneraciones de consejeros y funcionarios de Instituto Nacional Electoral (INE) para que no excedan el salario presidencial.
En aquélla votación de marzo, debido al rechazo del PT, no fueron aprobados cambios al artículo 35 de la Constitución que buscaban empatar consulta de revocación y elecciones federales.
En cambio, las medidas de austeridad para congresos estatales, municipios y organismos electorales contenidos en el ''Plan B'' si transitaron el 25 de marzo por el Senado, cuya minuta votaron hoy los diputados federales para su envío a los senadores, para continuar su trámite legislativo a los congresos estatales.
Se requerirán al menos 17 Congresos locales que aprueben el ''Plan B'' para que se declare la reforma constitucional.
