La senadora priista Claudia Anaya comentó que los recursos destinados a estas inversiones vendrán de las afores de los mexicanos, por lo que señaló que este dictamen es el más “tecnócrata” que ella conoce, pues recordó que hace más de 20 años la izquierda criticaba que se tomaran estos ahorros.
“Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva (…) Esta es la manera en la que se toma dinero de los ahorradores y se va a proyectos gubernamentales, pero con inversión privada, eso es lo que está aprobando la izquierda de este país”, declaró la priista.
La reforma establece que estas inversiones serán de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) , que según la exposición de motivos de la reforma, administran hasta ahora seis billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos.
Actualmente, entre 8 y 9% de estos recursos se invierte en infraestructura a través CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y CERPIs (Certificados de Proyectos de inversión), cuando el límite regulatorio permite hasta 30%.
Esta reforma también establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixta en proyectos de infraestructura estratégica.
Crea u producto financiero llamado de “vehículos de Propósito Específico”, la cual se podrá constituir a través de fideicomisos públicos, privados o mandatos para permitir generar una coordinación efectiva con los sectores privado y social.
También se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, el cual será un órgano presidido por el titular del Ejecutivo Federal con participación de 12 dependencias y 9 invitados permanente para la coordinación transversal de la inversión en infraestructura.
Entre las atribuciones de este Consejo será definir las prioridades de inversión en el desarrollo de la Infraestructura estratégica, con una visión de largo plazo y responsabilidad social y ambiental, así como definir las estrategias de participación entre los sectores público, privado y social en materia de fortalecimiento de la Infraestructura estratégica.
Durante la discusión, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez recordó que ante el crecimiento económico de 2025 de 0.8%, el gobierno federal acepta la necesidad de utilizar esquemas de participación pública-privada, las cuales Morena criticó por años.
“Hoy no pueden negar que es una herramienta útil y práctica para desarrollar infraestructura. Ahora se comportan como neoliberales, pero hablan como socialistas. No reconocen expresamente que se equivocaron, pero lo hacen con hechos, como con esta reforma propuesta por el Ejecutivo”, declaró.
Además, declaró que en esta propuesta se plantea la realización de obras sin tener recursos para hacerlos, por lo que consideró que se intentará financiar con más deuda.
Mientras, la senadora Alejandra Barrales comentó que a diferencia del sexenio anterior cuando se satanizaba la inversión privada, el gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce su importancia y necesidad de ella en el ámbito público.
Sin embargo, dijo que esta reforma debe venir acompañada de certidumbre jurídica para quienes invierten, por lo que enfatizó que no colabora en nada la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda bloquear cuentas sin orden judicial.
