Diputados aprueban aumento de penas por despojo; pasa al Senado

Los cambios al Código Penal Federal fueron aprobados por unanimidad de los diputados y sin discusión alguna. Ahora el Senado tiene en la mesa la minuta y deberá aprobarla para concretar la reforma.

Actualmente quien incurre en ese delito recibe penas mínimas: de tres meses a cinco años de prisión y multas de 50 a 500 pesos.

En cambio, lo aprobado consiste en que la persona responsable de cometer ese delito recibiría una pena de seis a 10 años de cárcel y de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Si se considera el valor diario de la UMA este 2025, la multa aprobada será de 56,570 a 226,280 UMAS en este año y crecería en los años subsecuentes.

Esa sanción “aumentará hasta en una mitad cuando: se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad", se propone también.

Ademas se prevé que sea de igual gravedad y por tanto con más penalización cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública.

Si la víctima pertenece a un sector vulnerable o se corrobora la participación de un funcionario o empleados gubernamental, la o las personas responsables se harán acreedoras incluso hasta 15 años de prisión.

La reforma fue propuesta por diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Acción Nacional (PAN), quienes definieron el concepto de despojo “como la privación ilegal de la posesión de un bien mediante violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza”.

Emilio Ulloa, de Morena y uno de los proponentes, explicó que, de 2015 a 2019, el número de carpetas de investigación por despojo aumentó 36%, "pasando de 20,281 a 27,
597 casos a nivel nacional", lo que revela la urgencia de legislar.

“Por ejemplo, en el Estado de México se registraron más de 42,000 casos de despojo del 2015 a lo que va de 2025. Y los municipios más afectados de esta conducta en la zona metropolitana, por ejemplo, son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco, Tecámac, entre otros.

“Estos datos nos demuestran que el derecho a la propiedad está siendo vulnerado y que las familias mexicanas hoy viven con miedo a perder lo que con tanto trabajo construyeron”, recordó.

Además, evidenció que “la pena por este delito es un insulto a la ciudadanía”, pues máximo son cinco años y 500 pesos.

Por ello, propuso que la pena de prisión y multa económica aumente, " y más para los servidores públicos involucrados”, pues consideró que el incremento de ese delito obedece "a la complicidad de servidores públicos, organizados con los grupos criminales y delincuentes".