Hace cuatro meses se informó de este segundo caso, que, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (CCI), se trata de supuesto peculado y desvío de 83.5 millones de pesos en el que habría incurrido el ahora senador y dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue gobernador de Campeche, de 2015 a 2019.
Según la querella, son cuatro carpetas de investigación relacionadas con el líder del tricolor, quien habría adquirido 11 casas y tres terrenos, que se sumarían a su residencia de 130 millones de pesos. En el caso estarían supuestamente involucradas otras 17 personas, entre ellos exfuncionarios locales.
“Estamos viendo que pueda definirse de manera inicial antes de que concluya este periodo ordinario”, afirmo Flores Servantes.
Las alternativas son: que no se reúnan elementos para la admisión del caso o que sí es procedente darle entrada.
Sería hasta entonces cuando se detone un procedimiento en forma, se realicen actuaciones para proceder a la elaboración de un eventual dictamen que sea sometido al pleno, sea en sentido de procedencia o improcedencia del desafuero, expuso.
“Es bien importante poner en perspectiva que había dos solicitudes. Una de ellas, la primera que se presentó cuando el hoy senador Alejandro Moreno era diputado. Hubo distintas consideraciones, algunos suspensiones de amparo que él ganó y quiero decir que eran suspensiones, no eran amparos de fondo”, comentó.
“Pero esa solicitud, la primera, la Fiscalía de Campeche la retiró. Entonces, se queda sin materia. Ya no hay ni siquiera objeto de estudio para la Sección Instructora”, recordó.
Por eso fue que el primero de agosto pasado la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó por unanimidad una primera solicitud que la Fiscalía General del estado presentó para proceder al juicio de procedencia de Moreno Cárdenas.
La decisión se debió a que la misma Fiscalía retiró esa petición de 2022. Además se argumentó que esa solicitud se hizo cuando Moreno Cárdenas era diputado federal, razón por la que se valoró que el fuero legislativo de entonces y el de ahora, siendo senador, eran figuras jurídicas distintas.
La Fiscalía General del estado retiró esa solicitud de desafuero luego de que Moreno Cárdenas lograra una suspensión provisional de amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien difundió supuestos mensajes de WhatsApp filtrados de conversaciones del priista, continuara afectándolo con esas divulgaciones.
En julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que efectivamente la gobernadora sí violó el derecho a la privacidad de Moreno Cárdenas y le ordenó retirar los supuestos mensajes del líder tricolor de su programa “Martes del Jaguar”.
Parte de esas filtraciones habrían estado en el expediente, lo que abonó en al retiro de la solicitud del juicio de desafuero.
En entrevista, Flores Cervantes expuso que ahora está la nueva solicitud de la Fiscalía Anticorrupción e indicó que se le dará audiencia, a petición expresa de esa instancia.
“Ya la única solicitud que tenemos vigente es la que se presentó hace un par de meses. Estamos esperando alguna información que nos debe llegar y a partir de esa información la vamos a poner al estudio de los integrantes de la sección instructora”, comentó.
Esa audiencia y presentación de elementos puede ocurrir en cualquier momento, agregó.
A partir de que se reciba “vamos a tener que dictar un auto de aceptación (inicial de la solicitud) y entonces, si ese fuese el caso, pues ya se le tienen que informar al senador Alejandro Moreno, o bien desechar”.
“Y si fuera un auto de desechamiento, tendremos que, al igual que en la ocasión pasada (de Cuauhtémoc Blanco), llevarlo al pleno de la Cámara. Hacer un dictamen y llevarlo a votación”, abundó.
A diferencia de la solicitud de 2022, en esta de 2025 se sabe que ya hay cuatro carpetas judicializadas, personas detenidas y al menos dos se habrían acogido a un criterio de oportunidad.
En febrero pasado la misma gobernadora Sansores dio cuenta de la detención de Domingo José ”N”, exsecretario de Desarrollo Económico del estado que es señalado del presunto desvío de 25 millones de pesos, y de Pablo “N”, extitular del Fideicomiso del 2% sobre la nómina, también señalado de supuestos desvíos.