Además planteó establecer que se comete el delito de contaminación de aguas nacionales si, sin la autorización correspondiente alguien descargue, deposite o permita la llegada a cuerpos de agua a acuíferos, productos que pueden causar daño a la salud pública, afecten el abastecimiento de agua para consumo humano o provoquen la degradación del ecosistema acuático.
También se pronunció por imponer pena de cárcel de 10 a 15 años y multa de 500 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa delitos hídricos, entre los que también puede ser el transporte de agua potable, sin autorización.
El ponente Antonio Hernández recordó que en el Estado de México, “el Código Penal sanciona el huachicoleo de agua hasta por 6 años de prisión y multas de más de 2,000 UMAS por distribuir sin autorización y tres años o más por distribuir sin autorización”.
Pero los casos persisten por lo que pidió tipificar directamente el robo de agua y la venta desmesurada del líquido, así como su persecución de oficio.
La propuesta es que “a quien cometa el delito de robar, explotar, sustraer, transportar, explotar o la manipulación política del agua potable” sin contar con la autorización y concesión, licencia o permiso se sancionará con hasta la aprobación de cárcel, de 10 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 UMAS.
Concluyen foros sobre el agua
De acuerdo con la diputada de Morena Xóchitl Zagal, en los foros se estima que participaron al menos 450 ponentes.
Bernardo Serrano, oficial de derechos humanos de la oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió, entre otros elementos, incorporar nuevas obligaciones a las empresas que en su producción deben usar agua.
El objetivo es que las empresas estén obligadas por ley a respetar los derechos humanos asociados al acceso, distribución y saneamiento al agua en el territorio nacional a través de procesos de vida y dignidad en materia de derechos humanos y colaborando en los procesos de remediación.
Claudia Brindis Zavala, experta de Naciones Unidas en el programa armonía con la naturaleza, demandó mayor análisis de las propuestas de reformas pues lamentó las propuestas realizadas en los foros previos fueron ignoradas.
Demandó, por ejemplo, asignar presupuesto suficiente para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realice todas sus funciones de verificación y vigilancia.
En este 2025, recordó, Conagua cuenta con un presupuesto de 37,000 millones de pesos, “pero para el próximo año se proyectan 36, 689 millones de pesos. Recomendamos un mínimo de inversión de 1.5% del PIB eh siendo ideal el 2%”.
Sobre todo recomendó que se tome en cuenta a las comunidades y las poblaciones indígenas en la toma de decisiones y derogar el actual Consejo Consultivo del Agua que “hace solamente una coordinación directa de la autoridad del agua con los grandes intereses económicos''.
