Reforma a Ley General de Aguas va tras concesiones irregulares y sube sanciones

Después de que se apruebe en las cámaras, las autoridades revisarán que el agua se destina al uso para el que se solicitó cada concesión, por lo que se crea el Registro Nacional del Agua, el cual tendrá las herramientas para controlar y transparentar el régimen de concesiones y asignaciones.

Con la reforma se agrega al catálogo de conceptos el término de “responsabilidad hídrica”, el cual menciona que se entenderá como la gestión hídrica responsable y las buenas prácticas por parte de la autoridad del agua, los concesionario, permisionarios y usuarios en general para mejora el manejo, explotación y reúso de aguas nacionales.

La reforma también incrementa las sanciones. Multa de 20,000 a 50,000 UMA (que es de 2 a 5 millones de pesos) a quienes cambien el uso del agua para el cual fue concesionada; transmitan los títulos de concesión los permisos, y a quienes cedan, suministren, intercambien por pago en especie el uso parcial o total de las aguas en materia de los títulos de concesión o permisos.

Lo anterior porque se señala, en la exposición de motivos, que la Ley de Aguas Nacionales que se promulgó en 1992 respondió a un modelo económico que, más allá de conservar y distribuir equitativamente los recursos hídricos, los mercantilizó, o que contribuyó al acaparamiento y a la inequidad de estos al permitir que los titulares de concesiones tuvieran una diversidad de prerrogativas fuera del ámbito estatal.

También se crea un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes de agua, el cual se conformará de los volúmenes recuperados de títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Otra modificación es para establecer el uso de aguas residuales, que son aquellas, señala la propuesta, que se han adecuado para su reúso mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico o biológico.

El uso de aguas residuales es para recuperar dicha agua como “un recursos valioso por sus nutrientes”. Además sostiene –la exposición de motivos de la reforma- que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo 52% de aguas residuales reciben algún tipo de tratamiento antes de ser liberadas al ambiento.

“Lo que significa que cada día se vierten millones de litros de agua contaminada en nuestros ríos, lagos y mares”, se lee en la iniciativa.

En la reforma se menciona que entre los compromisos asumidos por el actual gobierno, se encuentra el derecho al agua, que contempla el ordenamiento de concesiones, el uso eficiente de este recurso a través de la tecnificación del riego del campo y el desarrollo de proyectos estratégicos para llevar agua a quienes más lo necesitan.

Es para poner orden, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mandó la iniciativa para "poner orden" en las concesiones de agua y endurecer las sanciones a quienes incurran en malas prácticas.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien tenga las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, explicó.

La mandataria dijo la semana pasada que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hicieron modificaciones a la Ley de Aguas, lo que permitió que entre privados se pudieran transmitir los derechos de agua, pero en algunos casos, agregó, un particular que no paga nada por el aprovechamiento vendía su concesión.

“En el periodo de Salinas, en el periodo neoliberal o del inicio del periodo neoliberal, se cambia la Ley de Aguas para que se pueda transmitir los derechos del agua entre privados. Hay casos, por ejemplo, de quien tiene una concesión de agua para riego, que no le paga nada a la Conagua, al Estado mexicano, no la usó en cierto tiempo y la vende a otro”, planteó.

Endurecer las sanciones

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, explicó que las iniciativas fueron construidas tras una amplia consulta en 13 foros en las que se escuchó a diferentes sectores.

“Tiene como objetivo principal fortalecer a la autoridad del agua y se establecen algunos cambios muy relevantes, por ejemplo, se regula todo el esquema de transmisiones para que no se tenga tratos entre particulares sino que sea la autoridad la que rija este proceso de transiciones”, indicó.

Además, se busca poner fin al “mercado negro” del agua, pues en algunas regiones se encuentran sobreconcesionadas.

En cuanto a las sanciones, explicó, buscan endurecer algunas penas y en los casos que sea necesario llegar a la extinción de dominio.

“Las penas que se tienen actualmente no inhiben las conductas. Lo que ocurre es que se clausura un espacio y con el paso del tiempo se pagan las sanciones porque es muy económico y se vuelven a instalar estos negocios. Lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar una venta de este servicio'', señaló.

''Entonces vamos a regular eso para que se puedan incrementar las sanciones, incluso llegar en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando en estos casos se tenga conocimiento de actos que tienen reincidencias en la comisión de estos delitos”; indicó.

Encuentran 58,938 inconsistencias en títulos de agua

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, informó la semana pasada que como parte del proceso de revisión de concesiones de agua se inspeccionaron 482,014 títulos, en los que se encontraron 58,938 inconsistencias.

Entre las irregularidades detectadas están concesiones sin fecha de vigencia, presunta falsificación de títulos, incorrectas coordenadas de ubicación y que dan un uso diferente a la actividad concesionada.