Con una sede legislativa rodeada por tractores y un plantón de campesinos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy el dictamen de nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas (LAN).
La minuta, aprobada en lo general con 328 votos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), recibió 131 sufragios en contra y 5 en abstenciones.
La aprobación se dio luego de que la mayoría de Morena decidiera apresurar la discusión y aprobación de la reforma. Tras el aval de lo general, comenzó la discusión en lo particular con más de 520 reservas y 154 oradores anotados, aunque se espera que se compacte el debate.
En la discusión, los grupos parlamentarios se repartieron culpas por acaparamiento y lucro con las concesiones de agua, mismas que se han auto-asignado políticos y exgobernadores.
“Este angelito priista agro industria DUN, 50 millones 100 mil metro cúbicos acaparados, César Duarte del PRI (exgobernador de Chihuahua). Otro angelito, Vicente Fox (expresidente y expanista), 5.1 millones de metros cúbicos acaparados al amparo del poder, esto es lo que está llegando a su fin”, sentenció el morenista Gabriel García.
Sin embargo hubo pronta respuesta, pues la panista Annia Gómez Cárdenas acusó: “en esas listas que tanto han mencionado, mencionan nombres de quienes sí son ganaderos o agricultores. La exministra Olga Sánchez Cordero es notaria. ¿Para qué quiere una concesión de 2.6 millones de metros cúbicos al año? ¡Si van a señalar a nosotros, verse primero ustedes mismos!”.
El segundo aludido, el Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de su exgobernador. “Nosotros estamos de acuerdo: métanlos al bote, refúndalos”, retó el priista Luis Gerardo Sánchez.
El paquete avalado consiste en una nueva Ley General de Aguas reglamentaria, en donde se reconoció el derecho humano al agua, además se distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno y se sienta las bases para que las entidades emitan sus propias normas.
La Ley de Aguas Nacionales reglamenta el artículo 27 de la Constitución para fortalecer la rectoría del Estado y da más instrumentos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El reclamo central del sector campesino consiste en que en la Ley General de Aguas propuesta se prohíbe la transmisión de concesiones de agua, con lo cual la tierra sola pierde su valor, al romperse el binomio tierra-agua.
Durante la última semana, Morena sí realizó modificaciones a la iniciativa originalmente propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero mantuvo en el artículo 22 que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
Además se derogaron los artículos 33 a 25 donde se autorizaba la transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del subsuelo.
Más adelante, de forma contradictoria y por tanto sin ofrecer certeza jurídica, según expuso la oposición, se incluyó la posibilidad de que sí haya transmisión de concesiones.
En el artículo 37 Bis quedó que la Conagua podrá autorizar la reasignación de volúmenes en máximo 20 días hábiles y emitirá un nuevo título de concesión, “cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión. En los casos de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles”.
Eso será posible en favor de la persona que acredite los derechos de propiedad, de representación o de sucesión.
Sin embargo dada la contradicción, la oposición acusó falta de certeza jurídica e imposibilidad de que se cumpla esa transmisión de derechos entre las familias campesinas, con lo cual el acceso al agua y por tanto la producción agropecuaria estará en riesgo.
Paulo González Martínez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que la Conagua está incapacitado para cumplir, con rezago en resoluciones y un recorte de mil millones de pesos para 2026, pues de 37 mil millones ejercerá 36 mil millones de pesos el próximo año, “esta es una receta para el colapso”.
“Cualquier inversión hídrica queda atada al humor del gobierno operación depende de una autorización política, no técnica” y por eso habrá control político, acusó el panista Marcelo Torres.
“Una ley sin presupuesto es una estafa”, y agregó, el objetivo es “quedarse con la llave del agua para usarla como poder”, dijo.
Leticia Barrera, del Revolucionario Institucional (PRI), recordó que hay más de 130 mil resoluciones pendientes por emitir en Conagua y no podrá atender las solicitudes del sector campesino.
