En el debate, que fue breve en lo general, las bancadas de Morena y aliados insistieron en las bondades de la legislación y acusaron a la oposición de lucrar con la lucha de las madres buscadoras.
Los opositores alertaron que con el pretexto de ayudar a la búsqueda de personas el gobierno controlará los datos ciudadanos, sin garantías de protección de datos personales y con riesgo de hackeo a sus bases de datos.
“Se engaña diciendo que esta ley va a permitir encontrar a los desaparecidos pero con ese argumento se reforma la Ley General de Población para crear un sistema de vigilancia política desde el poder”, dijo la senadora priista Edna Geraldina García Gordillo.
Explicó que la ley de Población establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la fuente única de identidad de las personas con la CURP digital.
“Es decir, reemplazará a la credencial para votar con fotografía del INE (…), el padrón electoral ahora formará parte de los registros en posición de la Agencia de Transformación Digital”, dijo.
Todo ello, más las reformas por venir: Ley de Guardia Nacional, de Sistema Nacional de Información Nacional de Inteligencia y la creación de una Plataforma Central de Inteligencia lo que perfila es un mecanismo más de control y vigilancia.
“La CURP pasará a la Plataforma Nacional de inteligencia y no se sabrá qué funcionario podrá acceder a los registros y datos de la CURP, los datos pueden ser vulnerados, lo hemos visto en la realidad. Ejemplos claros como el caso de Guacamaya Leaks”, alertó la priista.
La senadora del PRI Claudia Anaya Mota evidenció los errores en la legislación, el principal es no entender que hay un Protocolo de Búsqueda y es el que usa la Comisión Nacional de Búsqueda y un Protocolo de Investigación es el que usa la Fiscalía, "nada más que cada quien anda buscando diferentes cosas”.
“¿Qué piden los colectivos? Piden, como punto número uno, modificar el tipo penal de desaparición cometida por particulares para armonizarlo con la Convención Internacional de Desaparición Forzada”, dijo.
Eso porque requiere la Fiscalía tener facultades de búsqueda ya que sólo las tiene para la investigación.
“¿Quién busca? La Comisión Nacional de Búsqueda, pero no tienen facultades ministeriales, cada vez que salen a hacer una búsqueda se topan con problemas, como querer entrar a un lugar y no tienen facultad jurídica para hacerlo, deben volver a la Fiscalía para que se resuelva el asunto'', agregó la opositora.
Otro problema planteado por la oposición es presupuestal, pues a finales de 2024 había más de 70 mil cuerpos en la morgue.
“No hay dinero para las pruebas de ADN, ni en la Fiscalía ni en la Comisión Nacional de Búsqueda ni en ningún lado y se necesita capacitar personas'', dijo Anaya.
Por todo ello aseguró que la CURP biométrica, la acumulación masiva de datos, “sin planificación progresividad, presupuesto, no ayuda a la población, la pone en riesgo de hakeos, en riesgo de robos de identidad, y más ahora, que no tenemos protección de datos personales”, pero no ayudará a encontrar desaparecidos.
De Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales también puso en evidencia el tema presupuestal, pues la Comisión de Búsqueda cuenta con 13 millones de pesos y hasta la Agencia de Protección Animal tiene más recursos, 24 millones de pesos.
Aun así MC votó a favor. El coordinador Clemente Castañeda explicó que en la Ley de búsqueda apoyaron, entre otras cosas, que se establezca una ficha de búsqueda estandarizada y que haya una base nacional de carpetas de investigación que permita tener orden y dar resultados, que es encontrar al os desaparecidos.
La senadora de Acción Nacional (PAN) Ivideliza Reyes Hernández habló de las bondades de la ley, trabajada con los colectivos de buscadores “que han convertido la tragedia en lucha y han recorrido caminos que el Estado no ha querido recorrer”.
Se fortalecerá la coordinación entre autoridades, es “un acto de responsabilidad, de empatía y de memoria con las víctimas y sus familias”.
Pero, destacó, lo cuestionable es que el gobierno aprovechó esa lucha para incorporar la CURP digital con datos biométricos. “Morena aprovechando la nobleza del dictamen pretende establecer mecanismos de vigilancia mediante bases de datos biométricos”.
La ley discutida, advirtió, ''permite el acceso indiscriminado a información médica, migratoria, bancaria y escolar sin necesidad de orden judicial, incluso plantea el acceso a la base biométrica del INE que fue creada con fines exclusivamente electorales, esto es gravísimo”.
El riesgo es que en muchas partes del país los criminales han invadido gobiernos y podrían tener acceso a la base de datos.
Sin embargo en este punto el senador de Morena Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que "todas esas son especulaciones, son fantasías. Los hechos son que hoy los gobernadores donde más desaparecidos hay son los que tienen un sobreejercicio de presupuesto en comunicación social".
