La minuta con las reformas que fue recibida del Senado apenas el fin de semana fue avalada en lo general con 287 votos de Morena y aliados; en contra se recibieron 37 votos y 87 diputados se abstuvieron.
Luego, con velocidad, los legisladores "discutieron" 109 reservas en una hora, pues la mayoría de los diputados proponentes se desistieron o pidieron incluir sus planteamientos sólo en Gaceta Parlamentaria. Así, en lo particular se emitieron 349 votos a favor, 38 en contra y 91 en abstención.
las reformas aprobadas contemplan entre los cambios la incorporación de nuevas actividades clasificadas como vulnerables y por tanto sujetas a vigilancia y monitoreo, como la operación de fideicomisos, el desarrollo inmobiliario y los activos virtuales (criptomonedas).
Se establece la obligación de notarios y corredores públicos de colaborar con las autoridades en el monitoreo de transacciones y se obliga a organizaciones a reportar donaciones.
La propuesta promovida por la presidenta y avalada por Morena, Partido del Trabajo (PT), y Partido Verde (PVEM) busca armonizar las reglas mexicanas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), actualizar el marco legal y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en México, adaptándose a las nuevas modalidades de operaciones ilícitas con más coordinación.
Con la votación de los diputados se ratificó el cambio realizado por los senadores a la propuesta para eliminar la mención de financiamiento al terrorismo en algunos artículos, al considerarse “redundante”.
“Que nos revise quien sea”, dijo la petista Margarita García al defender el dictamen, mientras que la exprocuradora y ahora diputada de Morena, Mariana Benítez Tuburcio, destacó la necesidad de las enmiendas pues se requiere un marco legal eficiente y moderno para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
La oposición consideró pertinentes algunos cambios, pero rechazó las reformas que tocarán la privacidad de los mexicanos.
Además los legisladores opositores cuestionaron que no se haya permitido parlamento abierto en la Cámara. El proceso legislativo de aprobación en lo general de la reforma tomó hora y media de forma efectiva. En total se tardó casi dos horas, por problemas de Internet que retrasaron el sistema de votación.
La oposición hizo el señalamiento de que las reformas podrían ser instrumento para la persecución política, pues al establecer que serán Personas Políticamente Expuestas (PEP) todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y además todos sus colaboradores, eso permitirá el monitoreo de todas sus operaciones, sin derecho a la presunción de inocencia.
El diputado de Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, admitió que hay avances al aceptar recomendaciones del GAFI y con el establecimiento de nuevas actividades, entre ellas las transacciones en criptomonedas o inversiones en algunos fideicomisos.
Pero denunció parte del contenido que afectaría a prácticamente todos los mexicanos, como la utilización de datos personales sin control judicial, “incluso rompiendo el secreto bancario”.
Habrá cargos excesivos en las Mypimes, y “una persona incluso por manejar criptomonedas 25,000 pesos ahora tendrán que dar los avisos correspondientes y ser investigados'', dijo.
“Si una persona renta un departamento o casa por 15,000 pesos ahora también podrán ser investigadas. Los donativos a ONG por 25, 000 también serán investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera”, agregó el panista.
En su discurso exigió la integración de una comisión legislativa sobre Vector y el presunto lavado de dinero señalado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, asunto que fue denunciado penalmente hoy por el PAN.
“El narco no solamente operó en todo el país sino que se metió hasta la oficina del presidente, hasta la cocina de la presidencia”, acusó y eso demuestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está involucrada, dijo.
Juan Ignacio Samperio, de Movimiento Ciudadano, destacó que si bien se debe combatir el blanqueo de dinero, se sacrifican libertades fundamentales.
