El Sistema Nacional de Inteligencia “barato” podría salir caro: expertos

Eso anticipa un panorama poco alentador para combatir la inseguridad y abatir la criminalidad, valoran expertos, quienes anticipan que, sin recursos, es probable que los cambios legales se queden en el "papel" y ocasionen nuevos frentes de riesgo.

“Necesitamos saber cuánto y por más que nos digan 'no tienen impacto (pesupuestal)' necesitamos saber si no hay recurso adicional ¿De qué programa se va a recortar para hacer reasignaciones? ¿Cuánto se va a destinar a estas actividades? ¿Cuál es su fuente de financiamiento? ¿Habrá más austeridad, será deuda? Desde ahí ya se generan dudas”, agrega la especialista.

Pero los costos de financiar nuevas estrategias o políticas públicas siguen minimizándose; desde el sexenio anterior, gran parte de las iniciativas de ley y reformas constitucionales y legales remitidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, también carecieron de acompañamiento presupuestal.

El paquete reformas de seguridad de Sheinbaum sigue la misma lógica. Las iniciativas de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan en su régimen transitorio que ni ahora ni en el futuro se requerirá invertir recursos adicionales.

“La operación y funcionamiento del Sistema (de Inteligencia) se llevará a cabo con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la SSPC, siempre que se encuentren previstos para ese fin u otros relacionados, y en atención a su disponibilidad presupuestal. Para los ejercicios presupuestales posteriores, se realizarán las adecuaciones correspondientes, sin que ningún caso implique ampliación presupuestal”, indica el artículo segundo transitorio de la iniciativa.

Más aún, el 25 de febrero pasado, la Cámara de Diputados recibió de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sendos oficios por lo que corroboró que la aprobación de todo lo planteado en las iniciativas presidenciales no requerirá más recursos.

“Se considera que el proyecto no tiene un impacto presupuestario adicional a lo manifestado por la SSPC en su carácter de dependencia responsable de la elaboración del proyecto y encargada de integrar sus correspondientes evaluaciones de impacto presupuestario”, informó la SHCP.

Para su análisis de "cero impacto" presupuestario, Hacienda se basó, según los oficios, en que la SSPC le reportó que no se crearán unidades administrativas nuevas, que las reformas no implican nuevas atribuciones y que no se generarán plazas adicionales ni se crearán nuevas instituciones, por lo que ninguna de las dos iniciativas implicará un gasto extra.

Como en otros dictámenes, Hacienda se blindó de responsabilidad con el argumento de que su análisis fue solo en el ámbito de su competencia y atribuciones.

"Por lo que el presente dictamen no prejuzga ni valida la información, así como los alcances de las acciones que se propone el contenido de los mismos, ni constituye opinión jurídica, alguna, con respecto a otras leyes y disposiciones”, indicó la SHCP.

Una vez aprobadas las propuestas de Sheinbaum, la SSPC deberá operar todos los cambios sin recursos adicionales, a pesar de que este año la dependencia federal tuvo una disminución de 36,600 millones de pesos en su presupuesto, en comparación con 2024.

Por tanto, consideran expertos, se arriesga el éxito de una nueva política de seguridad por falta de presupuesto e incluso podría generarse aún más inseguridad por los datos sensibles que ahora se proponen recabar.

Vargas enfatiza que adecuar y concentrar los sistemas de información de todas las instituciones de seguridad pública va demandar recursos.

“Y pueden ser datos muy sensibles y aunque la ley diga que tienen que estar resguardados bajo la protección de datos personales y principios de derechos humanos, pues si no existen mecanismos de protección informática específica pues esa información es muy tentadora incluso para los mismos grupos criminales y para otras organizaciones que pueden tener capacidades para hackear”, indica.

Cristina Reyes Ortiz, directora de litigio estratégico en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) coincide en el riesgo que implica el manejo de tantos datos sensibles en un entorno de austeridad.

“Como no existen previsiones presupuestales que garanticen la continuidad incluso de estos sistemas de seguridad y de su resguardo, pues es muy probable que por cuestiones de austeridad o incluso de negligencia se descuiden estos sistemas. Ya ocurrió en el caso del hackeo a la misma Consejería Jurídica de la Presidencia”, recuerda.

"En ese caso, o el de Sedena con Guacamaya Leaks, vimos que no se mantuvieron los sistemas de seguridad actualizados, entonces este tipo de propuestas que de manera irreal plantean que no se requieren recursos son un riesgo”.

Reyes también cuestiona que tampoco se prevén recursos específicos ni "candados" para crear una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que será operada por la Agencia de Transformación Digital.

“La preocupación primordial va a ser el resguardo de dicha información porque ya lo hemos visto: es muy fácil que estos datos pues caigan en manos equivocadas, se pierdan o se vulnere toda la información de las personas que están registradas y ahora hay más riesgo ya sin un órgano garante autónomo que vigile el resguardo adecuado de los datos personales y además sin recursos para garantizar su seguridad informática”, sentencia.

Si bien el objetivo es evitar la extorsión, señala Reyes, se puede poner en riesgo el destino de datos personales, tanto por la ausencia de recursos para garantizar la privacidad, como por la falta de un órgano garante (Inai).

"Preocupa que en el fondo se busque instalar un sistema de vigilancia policial a toda la población que transgreda derechos humanos”, agrega.

Además del SIIN y del RNP, la iniciativa de Seguridad también propone la creación de otro Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que reunirá la información sobre detenciones, personal de seguridad, armamento, vehículos, huellas dactilares, teléfonos, así como medidas u órdenes de protección para mujeres, adolescentes y niños.

Toda propuesta que incluya el acopio de información sensible, enfatiza Alejandra Macías, del CIEP, debe tener garantizada, de origen, el recurso para asegurar su protección.

“Dentro de las iniciativas es una de las primeras cosas que tendrían que estar bien claras y no se puede hablar de que se concentrarán datos personales y datos de ese nivel sin tener recursos para su seguridad”, considera.

Propuestas positivas, pero en riesgo

Para Armando Vargas, de México Evalúa, el contenido de las iniciativas puede ser positivo en el sentido de que van encaminadas a la construcción de un sistema de inteligencia y la construcción de una política criminal basada en evidencia.

Pero donde hay la ambigüedad, recalca el experto, es en la falta de recursos para garantizar el desarrollo policial, el servicio profesional de carrera y los programas de actualización.

"Digamos que, conceptualmente, se busca el desarrollo de nuevas instituciones policiales, pero todavía queda pendiente algo que no es menor y es el tema del presupuesto”, remarca.

“Otra vez lo que vemos que falta es el tema de los recursos y la tendencia que hemos visto es que en los últimos años se ha reducido el presupuesto para seguridad pública. Vimos este recorte de 2024 a 2025 en donde el rubro de Seguridad Nacional y Policía pasa de 0.7 a 0.5 del Producto Interno Bruto. Ese es el mayor recorte en los últimos años en la materia”.

El experto de México Evalúa estima que sí son muy importantes las iniciativas que propone la presidenta, pero reitera que, sin recursos, difícilmente se van a llevar a la práctica.

"Porque para que se lleven a la práctica se (necesita personal capacitado), software, seguridad informática, especialización en generación de inteligencia, no basta la voluntad de cambio”, añade.

"Esta podría ser otra oportunidad desaprovechada en este proceso de refundación y reingeniería institucional”.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), sostiene que las propuestas de la presidenta no apuntan a brindar seguridad a la sociedad.

“Parten de un diagnóstico equivocado porque a fuerza quieren decir que todo lo que sucedió durante los sexenios de Calderón y Peña fue un desastre y todo lo que sucedió en el sexenio de López fue un éxito, cosa que pues es absolutamente falsa", manifiesta.

“Uno de los aspectos que es preocupante es precisamente el elemento de que estos decretos no tienen luego forma de validarse porque no está el presupuesto puesto ahí, y eso muestra que no hay intención de aplicar los cambios legales", observa.

Lo que no se ha entendido, agrega Rivas, es que los decretos no tienen posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad si no se acompañan de propuestas serias y presupuesto suficiente.

“Nunca queremos aprender de los errores", anota.