Retiro de los ministros
En la reforma al Poder Judicial, aprobada por Morena, se establece que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renunciaban a su cargo antes del 30 de octubre y, a su vez, declinaban a participar en la elección de juzgadores de 2025, serán beneficiados con su haber de retiro, el cual ascenderá hasta 206,948 pesos mensuales aproximadamente.
De los 11 ministros, ocho presentaron su carta de renuncia y declinaron a participar en el proceso electoral; tres ministras -cercanas a Morena- decidieron participar en la elección para buscar el mismo cargo: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres.
Sobre el retiro, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 63 que los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante los dos primeros años y al 80% durante el resto del tiempo.
Aunque especifica que cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho al haber de retiro de manera proporcional al tiempo de su desempeño.
Lo anterior significa que esta prestación económica dependerá del tiempo en que hayan estado en funciones estos juzgadores. Es decir, no recibirá lo mismo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que para agosto de 2025 -cuando se haga efectiva la renuncia- llevará 14 años y 6 meses como ministro, que Margarita Ríos Farjat, quien tendrá para esa fecha 5 años y 8 meses como ministra.
La máxima cantidad que podrán recibir se calculará bajo el salario que obtengan en agosto de 2025. Actualmente, es de 206,948 pesos mensuales, según lo establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
Los fideicomisos costearán los retiros
La reforma constitucional –avalada por Morena y aliados- asegura que se garantizará el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de las entidades federativas, y enfatiza que en los presupuestos de egresos de los siguientes ejercicios se deberán considerar los “recursos necesarios” para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral de estos.
Esta modificación constitucional además establece en sus artículos transitorios que los órganos del PJF contarán hasta con 90 días naturales –después del 15 de septiembre, cuando entro en vigor estos cambios- para extinguir los fideicomisos con los que cuenten y que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Los recursos deberán ser enviados a la Tesorería de la Federación.
Lo anterior, para costear –así lo establece la ley- los retiros de jueces de Distrito y magistrados de Circuito que hayan declinado para participar en las elecciones de junio de 2025, y eventualmente cubrir el proceso electoral de juzgadores.
¿De cuántos son los fideicomisos?
Hasta octubre de 2023, los 13 fideicomisos del Poder Judicial que desaparecerán sumaban 15, 434.7 millones de pesos según la exposición de motivos de la entonces iniciativa de reforma aprobada en esa fecha por legisladores de Morena y aliados.
En esa ocasión, los diputados y senadores morenistas aprobaron desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, y con ello sólo quedaba vigente uno, ya que es el único que se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Con estos 15,434.7 millones de pesos se costearán los retiros de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito, y se prevé que también se usen para pagar las elecciones de junio de 2025, donde se elegirán a los juzgadores por voto directo. Esto último ha sido planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Como saben, como les comenté ayer, la reforma representa también la desaparición de esos Fideicomisos; entonces, bueno, ya vamos a trabajar en qué monto tienen esos Fideicomisos y de ahí, puede salir el recurso para la elección”, dijo Sheinbaum unos días antes de tomar protesta como presidenta.
Se estima que la elección judicial de junio de 2025 cueste 13, 205 millones de pesos, pues es la cantidad que solicitará el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Cámara de Diputados.
El proyecto de presupuesto del órgano electoral especifica que de, de esa cantidad, se utilizarán 6 mil 83 millones de pesos para la Dirección de Capacitación y Educación Cívica y pago de personal; 4 mil 522 millones de pesos para la Dirección de Organización Electoral, y mil 124 millones para materiales y suministros, así como para la Dirección de Administración.
