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Legisladores aprueban dar nueva facultad de amnistía al Ejecutivo

Como ocurre en el caso de las reformas sobre pensiones y amparo, en materia de amnistía, la oposición anunció que recurrirá en acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
mié 24 abril 2024 10:33 PM
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La reforma fue avalada con 258 votos a favor.

La Cámara de Diputados aprobó con 258 votos a favor y 205 en contra reformas a la Ley de Amnistía, para otorgar al titular del Poder Ejecutivo Federal la facultad exclusiva de otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa.

Las personas susceptibles de recibir esa amnistía serán “las que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”, según establece el documento aprobado, que será remitido al Ejecutivo para que la promulgue y entre en vigor.

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La reforma consiste en añadir un nuevo artículo 9 a la Ley de Amnistía para indicar que “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones”.

Estas son, que la amnistía “se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano”.

La segunda condición es que en contra de las personas amnistiadas que se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito.

Además la amnistía así concedida “extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.

Como ha argumentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la discusión Morena expuso que con las enmiendas se busca recibir información para esclarecer casos como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

Al inicio de la discusión, al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Antonio de Jesús Madrid, de Morena, aseguró que hay muchos casos sin resolver y señaló a los diputados de oposición de conocer de delitos pero haber hecho “pactos de silencio”.

“Algunos de ustedes temen ser vinculados”, pero con la reforma podrán aportar información, y permitir la pacificación. Y eso no se puede dejar al Poder Judicial pues es corrupto, según dijo.

El también morenista Manuel Vázquez Arellano, quien fue uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aseguró que la oposición "debería pedir perdón y no justicia “ y argumentó que la reforma no busca sacar de prisión a los criminales sino a quienes puedan esclarecer la verdad en casos en los que se violaron derechos.

En el debate, el legislador de Acción Nacional (PAN), Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez se hizo acompañar de pancartas con la leyenda “#LeyAbrazoAcrimínales” y advirtió que en un país desangrado “quieren que un solo hombre pueda perdonar cualquier delito a su antojo”, sin respeto a la división de poderes y por encima del Legislativo y Judicial .

“Le están entregando al presidente las llaves de la cárcel y después ya nadie se las va a poder quitar” y los mandatarios podrán hacer uso político de esa facultad o liberar a “sus compas” delincuentes, alertó el panista.

“En un país donde el narco ya financia campañas de muchos de ustedes” hay que limitar esta facultad en el tiempo, “paséennos la aplanadora pero por favor pongamos un límite …que dure un año, siete años, pero no eternamente”, pidió. No fue atendida su propuesta y tampoco ninguna de las 71 reservas presentadas.

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¿Por qué la reforma a Ley de Amnistía sería inconstitucional?

La oposición expuso que la amnistía ya existe en la legislación y es una facultad exclusiva del Congreso, que se otorga a un grupo o ante circunstancias generales, como en 1937 tras el maximato, en 1978 a grupos que participaron en la guerra sucia o a los zapatistas, en 1994.

Además, de acuerdo a la Ley vigente la amnistía se emite con procedimientos específicos, por ejemplo, haber reparado el daño de conformidad de las víctimas y con vigencia acotada. Pero no va dirigida a personas en lo particular y en cada caso, concedida la amnistía, los casos se pasan a un juez que debe calificar para extinguir la acción penal.

La diputada Amalia García, de Movimiento Ciudadano, recordó que "ya existe la figura de testigo colaborador o testigo protegido" si el argumento es que se pretende resolver casos de violación a derechos humanos, pero la realidad -sostuvo- es que las Comisiones de la Verdad y la del Caso Ayotzinapa fracasaron por falta de voluntad.

Los legisladores de oposición también acusaron que el Poder Legislativo pretende, con esa enmienda, entregar esa facultad de amnistiar, que es suya, al Ejecutivo y “para personas en lo particular, con criterios subjetivos que estarán sujetos a la decisión del presidente” y podrá aplicarse incluso a delitos futuros pues no se establece temporalidad.

Por ejemplo, de concretarse la reforma, será sólo una persona, quien ocupe la presidencia, quien valorará cuándo un asunto es relevante para el Estado o no, e incluso, al dejarse de lado el procedimiento judicial, determinará por sí mismo si los “elementos comprobables” realmente lo son.

Otro argumento en contra de las reformas es que en las leyes vigentes el Ejecutivo ya cuenta con la facultad de indultar, y esta consiste en extinguir la acción penal, pero a personas ya juzgadas y sentenciadas, por lo que ésta que se propone en la reforma sería una atribución “metaconstitucional”.

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