Las enmiendas recibieron el apoyo de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), quienes en el debate aseguraron que la figura del amparo directo no se afectó por lo que están a salvo los derechos de los ciudadanos que se vean afectados por alguna norma o acto de autoridad.
“Es una venganza”, reviraron los legisladores de oposición, porque jueces y ministros de la SCJN dictaron suspensiones generales –en lo que se resolvieron de fondo los recursos en que se reclamó su inconstitucionalidad– contra megaobras presidenciales como el AIFA o el Tren Maya, o la aplicación de enmiendas como el “Plan B” de reforma electoral, la Ley de la Industria Eléctrica o las leyes relativas a la Guardia Nacional.
La diputada panista Margarita Zavala alertó incluso que la reforma es “una crueldad”. Y puso como ejemplo los cambios hechos la víspera para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, caso en el que si un adulto mayor de 70 años no quiere que sus ahorros se transfieran de su Afore a ese fondo, y se ampara, el beneficio de la suspensión, en su caso, sólo lo beneficiaría a él y no a los demás afectados.
Y al final, al resolverse el fondo del amparo “se declarará inconstitucional (la reforma a las pensiones), pero el agravio será irreparable porque ya lo habrán sufrido” por lo que modificar la ley de Amparo “privilegia a unos y hunde a los más pobres y más necesitados… su lema debería de ser por el bien de Morena primero la lana de los pobres”, acusó la panista.
Al arranque de la sesión la oposición intentó sin éxito frenar la discusión, vía mociones suspensivas, para que se realice antes una amplia discusión en parlamento abierto.
Luego, tras la votación, los opositores presentaron 17 reservas para intentar modificar el dictamen a la minuta, pero los legisladores de la llamada “Cuarta Transformación” rechazaron la posibilidad de realizar cambios.
¿De qué tratan las reformas sobre amparo?
La reforma busca modificar la Ley de Amparo y suprimir del artículo 129 la fracción XIII que indica “el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrán conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Además, se incluye en el artículo 148 la frase “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”
Con los dos cambios, se busca eliminar esa facultad de los juzgadores, que en adelante, al resolver juicios de amparo en que se denuncie la inconstitucionalidad de normas generales no podrán ordenar cautelarmente que se suspendan, con carácter general, leyes o decisiones de autoridad, aun cuando se demande proteger el interés social.
En aras de proteger, por ejemplo, el derecho humano al medioambiente, o a energías limpias, el Poder Judicial suspendió la realización de megaobras y la LIE, hasta que se resolvieron en definitiva los recursos jurídicos.
Sin embargo, de acuerdo a la diputada Adriana Bustamante, de Morena y quien fundamentó el dictamen a la minuta proveniente del Senado, al acotar la posibilidad de emitir suspensiones generales de amparo se busca impedir que el poder judicial rebase sus facultades e incluso invada las del Poder Legislativo.
“Lo único que queremos es que el Poder Judicial deje de extralimitarse”, el amparo sigue vigente, sostuvo la diputada Mary Carmen Bernal, del Partido del Trabajo (PT).
Ya en el debate de la minuta, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, de Morena, advirtió que esta enmienda es para quitar "una discrecionalidad enorme" y apenas es el inicio de una amplia reforma más completa con la que se buscará acotar aún más al Poder Judicial.
“Vamos a presentar una iniciativa que una Cámara, sea la de Diputados o el Senado, con dos terceras partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la SCJN respecto a una ley.
“Si la Corte la tirara (esta reforma) se va a volver a presentar una iniciativa hasta que se entienda que la ley no se debe interpretar una ley políticamente”, aseveró.
