Oposición busca juicio político en contra de Arturo Zaldívar
Los legisladores aseguraron que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cómo el denunciado “ayudaba” en casos de interés, corroboran las irregularidades.
Por presuntos actos ilegales durante su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), senadores de oposición presentaron hoy una demanda de juicio político en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea.
Los legisladores formalizaron su querella ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y en ella establecieron que Zaldívar habría ejercido presión sobre jueces y magistrados para fallar a favor del gobierno cuando se analizó la legalidad de la Ley de Hidrocarburos, la de la Industria Eléctrica, las obras del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía o la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
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Con ello el juzgador en retiro y expresidente del Consejo de la Judicatura Federal habría incurrido, de acuerdo a los denunciantes, en violaciones a Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es causal de que se finquen responsabilidades políticas.
Los legisladores denunciantes, entre ellos la senadora panista Kenia López Rabadán, acudirán mañana a la Cámara a ratificar a la demanda, para su turno a la Subcomisión de Examen Previo, que preside el priista Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, en tanto que la de Justicia está acéfala.
El recurso se presentó con base en la denuncia anónima que fue presentada en la SCJN en contra de personal que fue cercano a Zaldívar mientras fue ministro, y sobre quienes el Consejo de la Judicatura inició una investigación.
Sin embargo se hace referencia, como prueba de que el Ejecutivo sí intervenía en la resolución de los casos, a los dichos del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa mañanera del 21 de febrero pasado admitió que el denunciado “ayudaba”.
"Estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: 'cuidado con esto'. Entonces, él ayudaba”, dijo el mandatario.
De acuerdo con este recurso legal, Zaldívar, quien fue nombrado por la candidata a la presidencia de la República por la Coalición Seguimos Haciendo Historia, la morenista Claudia Sheinbaum, como vocero de su campaña, habría ejercido presión sobre jueces y magistrados para resolver asuntos conforme a los requerimientos del gobierno federal.
“El exministro Zaldívar, amenazaba a los juzgadores con el inicio de procedimientos disciplinarios, cambiarlos de adscripción, destituirlos o hasta denunciarlos por algún delito”, de acuerdo al documento.
Los senadores que promueven el juicio político expusieron que existen señalamientos de que durante la presidencia de Zaldívar en la SCJN “el piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal sirvió de operación para presionar a los juzgadores y obligarlos a resolver conforme a los intereses del gobierno federal”.
Zaldívar- de acuerdo a la demanda- “acomodó asuntos de vital trascendencia a su conveniencia. Igualmente, retrasó sin justificación alguna, los seguimientos jurisdiccionales y presionó para dejar sin efectos suspensiones de plano concedidas”.
El documento refiere que las presiones a jueces se ejercieron también en casos de cateos, arraigos e intervención de vías y sobre todo en asuntos relativos al aseguramiento de cuentas, delitos financieros, solicitudes de información bancaria, cateos, intervención de teléfonos, entre otros.
“Si algún juez se negaba a obedecer, eran readscritos y se colocaban jueces a modo”, se aseguró.
A eso añadieron que se usó políticamente a la justicia y hubo “presiones realizadas a juzgadores para llevar una persecución política en contra de opositores, tal y como sucedió con el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, de Tamaulipas
Se acusó asimismo que durante la gestión del juzgador como presidente de la SCJN hubo “desvío de recursos públicos, así como encubrimiento de denuncias de acoso sexual y de género contra el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura”.