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Alistan diputados de la 4T crear otro fideicomiso, ahora para Tren Transístmico

Se perfila la aprobación del dictamen de Ley de Ingresos 2024 con algunos cambios, para su turno al Senado; el PRD denuncia que se pretenden crear tres fideicomisos para reunir unos 170,000 mdp.
jue 19 octubre 2023 11:19 PM
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Los diputados tienen en sus manos aprobar un nuevo fideicomiso para este tren.

Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2024 se ordenará la creación de un tercer fideicomiso relacionado con las megaobras del sexenio: este se dedicará a financiar la operación, los programas y proyectos del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.

El miércoles 18 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en la Ley Federal de Derechos (LFD), la creación de dos fideicomisos, uno para garantizar el subsidio a la operación del Tren Maya y otro para el sistema aeroportuario paraestatal (que incluye al AIFA).

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Una vez que la LFD y la LIF sean ratificadas por el Senado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), comenzará a correr un plazo de 60 días hábiles para la constitución de los tres fideicomisos, es decir a fines de febrero o principios de marzo 2024.

El monto que podrían concentrar esos tres fideicomisos, según alertó durante la discusión de ingresos, y en tribuna, la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), podría sumar 170,000 millones de pesos, sólo en el próximo año.

El artículo 10 párrafo décimo de la LFI establece que los aprovechamientos que las empresas paraestatales administradoras del sistema portuario nacional (Asiponas) paguen como contraprestación por el goce, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público a su cargo, es decir los puertos, se concentrarán en la Tesorería de la Federación (Tesofe).

“Y se destinarán por esa Secretaría al organismo público descentralizado denominado Corredor Interocéanico del Itsmo de Tehuantepec para la operación, programas y proyectos de dicha entidad”, misma que es coordinada por la Secretaría de Marina, establece el dictamen.

El artículo vigésimo quinto de la LFI establece que la Sedena y la Marina “deberán realizar las acciones respectivas para que se constituyan los fideicomisos públicos federales, dentro de los 60 días hábiles siguientes” a la promulgación de la ley.

El mismo artículo 10 habla de otros “fideicomisos públicos federales sin estructura” a los que deberán dirigirse los recursos que los titulares de concesiones o asignaciones (los primeros son privados, los segundos públicos) de aeropuertos o aeródromos civiles paguen por concepto de aprovechamientos, se destinaran a Sedena y Semar para fortalecer el sistema aeroportuario.

Sin embargo, en este caso no se establece la creación de un nuevo fideicomiso adicional al que prevé la Ley Federal de Derechos, con el mismo objetivo y a las mismas dependencias beneficiarias, pero que se integrará con el pago de derechos.

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Debate maratónico

Este nuevo elemento fue expuesto en tribuna por la diputada Fernández Piña durante la discusión del dictamen de la LFI, para el que se anotaron 778 reservas de todos los partidos y 217 oradores. Al menos en las primeras diez horas se desecharon todas las reservas, opositoras u oficicalistas.

La perredista alertó sobre la militarización de la prestación de servicios civiles y sobre todo el fortalecimiento de las finanzas pero en manos militares, mismo que estimó en 170,000 millones de pesos.

Eso, expuso, por concepto de pago de derechos y aprovechamientos por el goce y usufructo de la infraestructura (aeroportuaria y portuaria) además de los ingresos provenientes del turismo extranjero, para el Tren Maya.

“Vaya predicamento en el que meten a nuestras honorables Fuerza Armadas, fideicomisos opacos militarizando, ahora sí, hasta el presupuesto de las y los mexicanos: 20,000 millones de pesos del DNR (turismo extranjero), 20,000 millones de pesos etiquetados para el Tren Transístmico, más de 130,000 millones de pesos para el fideicomiso del Tren Maya.

“En total, de un plumazo en menos de 24 horas están aprobando 170,000 millones de pesos que serán destinados a estos tres fideicomisos”, acusó en tribuna.

“El tercer fideicomiso llamado Tren Transístmico S.A. de C.V., le dan vida etiquetando en esta Ley de Ingresos 20 mil millones de pesos. Estos tres nuevos fideicomisos del Tren Maya, el Tren Transístmico y de los aeropuertos, la administración de aeropuertos S.A. de C.V., serán etiquetados, traen una gran etiqueta, un gran paraguas que se llama Seguridad Nacional y serán remitidos para operar a través de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo Fernández.

Alistan cambios leves

La tarde de este jueves 19 de octubre, en que inició el debate sobre los ingresos del 2024, y derivado de una mesa de diálogo entre diputados de Morena afines a Marcelo Ebrard y encabezados entre otros por Emmanuel Reyes, Carol Antonio Altamirano y Daniel Hernández, estos lograron convencer a la Secretaría de Hacienda (SHCP) de reducir, al menos, la tasa de retención del Impuesto Sobre el Ahorro (ISR) a ahorradores e inversionistas.

Este, junto con el tema del techo de endeudamiento autorizado para 2024, de 1.9 billones de pesos, fueron los temas que acapararon la discusión. Pero en deuda no hubo margen de negociación.

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En las retenciones sí hubo margen de negociación, y los “marcelistas” consiguieron que la SHCP diera luz verde a su reserva –que se espera presentar durante la madrugada del viernes 20- para modificar el dictamen y que el incremento sea de 233%, de modo que será, de 0.15% que se retiene hoy en día, a 0.5% y ya no –como se propuso originalmente- de 1.48%.

En cuanto a la deuda, los diputados de Morena y Partido del Trabajo (PT) –el Verde (PVEM) estuvo prácticamente ausente—fueron de discursos en que sí reconocieron la existencia de deuda pero ”mucho menor” que la contratada en el pasado, hasta negar su existencia.

Como la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, morenista, quien advirtió “mienten cuando se señala que hay un endeudamiento”.

Por el lado opositor, quien sintetizó lo que ocurre en ambos temas fue el diputado Jorge Triana Tena, al advertir: “solicitan 2 billones (de deuda) pero el monto contratado ya es el triple de lo que contrató Vicente Fox; el doble de Felipe Calderón y el 53% de lo contratado por Enrique Peña”.

“Dicen que no habrá más impuestos, pero ahora les llaman retenciones. Señora, señor, sus ahorros serán objeto de una retención de 886%, diez veces más con relación al 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se va a convertir en el Instituto para robarle al pueblo lo ganado, ese es el nuevo nombre del SAT de López Obrador. Gobierno cobrón y mentiroso”.

Además, remató, “el monto de deuda equivale a más de dos veces el Fobaproa que tanto les desagrada” y que fue aprobado por el hoy líder morenista en la Cámara, Ignacio Mier.

Por el bloque oficial la diputada Lilia Aguilar, del PT, aseguró que no se gravará a los ahorradores, “la verdad es que no se están tasando los ahorros, sino los beneficios financieros y solo en 1.48%”.

Según dijo, en Estados Unidos esa retención “va del 10 al 37%” por lo que pidió al PAN tarer sus ahorros a México, pues les conviene.

“No le mientan a la gente no es cierto que se tasen ahorros sino los beneficios financieros y no se está castigando el ahorro, al contrario, se está eficientando” expuso la petista.

Desoyen propuestas

Una a una fuero desechadas las propuestas opositoras, pues la mayoría de las reservas del bloque oficial fueron retiradas y –como en otros años- sólo fueron registradas para usar la tribuna.

Entre los cambios sugeridos estuvieron el de Sonia Rocha (PAN) para disminuir el IVA en Baja California sur a 9%; la del panista Rodrigo Sánchez Zepeda para destinar una parte de los ingresos fiscales para avicultores y fortalecer sector agrícola.

El líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez pidió gravar más a empresas que generen más contaminantes, y los vuelos privados de menos de 20 personas, así como actualizar el impuesto al tabaco y aplicar una deducción de 30% a los páneles solares.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) propuso incluir que previo a una solicitud de deuda se fijen mecanismos de coordinación fiscal para precisar en qué se pretenden gastar los recursos que se solicitan; así como inyectar recursos a los estados y municipios para evitar que contraten deuda.

Ninguno de esos planteamientos fue aceptado.

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