La oposición advirtió que no legislará en la materia sólo porque lo propone el presidente.
“La reforma no debe partir de una sola voz”, dijo el líder de los diputados de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, mientras que Ángel Cházaro, del PRD, señaló: “Nada es indiscutible pero tampoco nada debe discutirse desde la óptica única de que alguien tiene la razón”.
“No ser electos no demerita legitimidad” de la Corte, terció el vicecoodinador del Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Bustamante.
“El PAN ni legisla a la ligera ni nos aligera el Ejecutivo para legislar”, insistió el vicecoordinador panista, Elías Lixa, al recordar que antes deberá evaluarse la reforma al Poder Judicial de 2021.
A las críticas se sumó el Partido del Trabajo (PT), pues su coordinador Alberto Anaya lamentó que ahora sí haya diálogo con el Poder Judicial.
En su intervención, la ministra Loretta Ortiz hizo un esbozo de cómo se eligen a los integrantes de los poderes judiciales en ocho países: Canadá, Honduras, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, España y Francia; en ninguno esa decisión es por voto popular y por el contrario, en todos la decisión es de órganos políticos.
En esas naciones los ministros son designados con intervención de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y en Chile y España intervienen tres, pues también participa el Poder Judicial. Además existen mecanismos para garantizar la idoneidad de la personas propuestas.
En algunos –explicó la ministra- la sociedad civil propone listas previo análisis de idoneidad a partir de la autopostulación de los aspirantes, etapa de evaluación escrita, entrevistas públicas o bien el presidente elabora una lista de personas que considera idóneas y luego organizaciones no gubernamentales o colegios de profesionales, académicos u organismos de derechos humanos evalúan perfiles.
Por la jerarquía de los tribunales constitucionales, responsables de resolver sobre la legalidad de los actos de otros poderes y de dar interpretación final a las normas fundamentales es natural, explicó Ortiz, que exista inquietud en su composición y mecanismos para garantizar su independencia
Lo que consideró indispensable es garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales, pues, de acuerdo con la experiencia internacional, no habría “beneficios de que el órgano se componga de representantes politicos, lo que conllevaría el riesgo de ser susceptible de presiones externas”.
Citó cuatro instancias internacionales que así lo señalan: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la relatoría de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Garantías para la independencia de los operadores de justicia”.