Diputados legislarán Ley de aguas en medio de la batalla por el recurso

El 25 de enero la Corte ordenó al Congreso de la Unión legislar, pues ha sido omiso durante nueve años. Cuando se reformó el artículo 4 de la Constitución en materia del derecho humano de acceso al agua se fijó que se emitiría la ley secundaria en 360 días, es decir en febrero de 2013.

Pero el plazo llegó sin que se hubiera legislado, y fue hasta que un conjunto de municipios de Chihuahua recurrieran ante la SCJN por el conflicto suscitado en 2020 por la entrega de agua de la presa “La Boquilla” a Estados Unidos, en el marco del Tratado de 1944 sobre Distribución de Aguas Internacionales, que la Corte se pronunció sobre la problemática de acceso al líquido.

Así, antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, el Congreso deberá expedir la nueva regulación.

¿Por qué hay guerra por el agua?

En 2020 ese conflicto en Chihuahua marcó un hito, pues en rechazo a la entrega de agua de Chihuahua a Estados Unidos la presa La Boquilla fue tomada por agricultores locales.

Estos tuvieron el apoyo del gobierno del estado y este entró en conflicto con la Federación; en medio estuvieron acciones como la toma de la presa, el cierre de las vías del ferrocarril, el daño a bienes federales, la participación de la Guardia Nacional y el encarcelamiento de algunos participantes.

Pero los conflictos por acceder al líquido en realidad datan de años atrás y de manera quizá menos visible que esa; aún así la guerra por el agua está generalizada en todo el país.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con datos al 15 de marzo pasado, 30.4% del territorio del país sufre condiciones de sequía moderadas y excepcionales.

El porcentaje se eleva a 68.9% del país si se considera que 531 municipios enfrentan sequía o son regiones “anormalmente secas”.

Es esa falta de líquido potable suficiente para la población en diversas entidades, el abuso de embotelladoras o de empresas que emplean más agua de la permitida en sus procesos industriales y casos de corrupción, lo que atiza la disputa.

Se suman a la problemática la falta de Inversión y modernización de infraestructura hídrica, largas temporadas de ausencia de lluvias, colapso de las presas, desperdicio de agua, contaminación de ríos, cuencas, lagos y lagunas y el natural crecimiento poblacional que genera más demanda de líquido.

“México tiene 3, 960 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 2, 500 no están funcionando correctamente o dejaron de operar debido a falta de recursos de los municipios para absorber los costos de energía, por adeudos con la Conagua e impuestos y porque no cobran el agua a grandes usuarios ni cobran las aguas residuales”, plantea Muño Álvarez, de Morena.

Eso causa que las aguas residuales se vayan a los cuerpos de agua (ríos y lagunas) y eso ocasiona que –agrega- “el 73% de los sistemas hidrológicos tengan un serio problema de contaminación”.

¿Qué debe incluir la ley?

En entrevista Muñoz Álvarez explica que derivado de este diagnóstico, que aún se afina, se definirán los elementos a incluir en la nueva Ley, cuyo objetivo final es garantizar “el acceso al agua como un acto de justicia social” pues se estima que 12.6 millones de mexicanos, sobre todo los más pobres, carecen del líquido de manera oportuna.

Por ejemplo, establecer incentivos para que las industrias tengan sus propias plantas de tratamiento.

O bien, nueva regulación para el otorgamiento de los títulos de concesión de agua, o medidas que fomenten la captación de agua pluvial y disposiciones que alienten a la instalación de estos sistemas de captación de agua de lluvia en inmuebles.

También expuso la posibilidad de que se establezca que lo que se cobre de agua potable y agua residual se vaya a un fondo federal para construir infraestructura.

“Hay 120,000 millones de pesos de agua que no se cobra en México, debemos cobrarle agua el agua de los grandes usuarios para dársela a la población sin recursos.

“Y en el ámbito federal ha llegado el momento de revisar las concesiones federales que otorga Conagua para revisar si se cumplen los niveles de extracción, ver si se paga lo que se extrae y que aquellos que hoy exploten el recurso y no pagan puedan entender la máxima de qué quien más usa agua, más pague y que el que contamine agua la descontamine”.

Esto porque se estima que hoy se requieren entre 75 y 80 mil millones de pesos al año sólo para atender el mantenimiento y construcción de infraestructura y se requieren recursos.

Por ejemplo, el país tiene 806 presas “pero fueron construidas durante los últimos 60 años y requieren desazolve, cuyo costo equivaldría a construir presas nuevas”, explica.

Por eso en la ley se propondrá establecer la obligación de fijar recursos de manera progresiva. Estos, indica el legislador, son sólo algunos de los elementos que han comenzado a analizarse, y se profundizará en reuniones con sectores, con los gobernadores fronterizos, con consultas a especialistas y comunidades.