La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso de la Unión a corregir su omisión legislativa y emitir en el próximo periodo de sesiones la Ley General de Aguas como ordena el decreto presidencial publicado el 8 de febrero de 2012.
Además, los ministros determinaron que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal decidir sobre el uso y destino de las aguas nacionales, sobre todo cuando se trata de cumplir con tratados internacionales.
Durante la sesión virtual celebrada este martes, continuaron con el análisis de las controversias interpuestas por Cusihuiriachi y otros municipios de Chihuahua que impugnaron la entrega de los recursos de la presa “La Boquilla” a los Estados Unidos, para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales.
También se desecharon las quejas sobre la actuación de la Guardia Nacional (GN) en 2020, para disponer de las aguas de la referida presa, situación que derivó en enfrentamientos con los lugareños.
“Los efectos únicamente consistirían en declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa y la orden al Poder Legislativo para que emita la Ley General de Aguas en el siguiente periodo de sesiones”, determinó el Pleno por mayoría de votos.
La reforma de 2012 establecía que se debía legislar sobre la Ley General de Aguas, y tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores contaban con un plazo de 360 días para publicar dicha norma, situación en la que fueron omisos.
