La aprobación de la “Ley de Aguas” genera controversia en Querétaro

¿Cómo fue la aprobación de la "Ley de Aguas"?

El pasado 21 de mayo fue publicada en La Sombra de Arteaga , la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, una normativa que deroga diversas disposiciones establecidas en el Código Urbano del Estado de Querétaro y que entrará en vigor el 1 de julio del 2022.

La semana previa a su publicación, en medio de protestas ciudadanas a las afueras de la sede legislativa, el Congreso de Querétaro aprobó la “Ley de Aguas” con 16 votos a favor (13 del PAN y 3 de Querétaro Independiente), seis en contra (cinco de Morena y uno del PRI), dos abstenciones (de diputados del PRI) y la ausencia del diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez.

¿Qué dice la "Ley de Aguas"?

De acuerdo con el dictamen, dicha Ley, entre otras cosas, tiene como objetivo regular la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y su infraestructura de jurisdicción estatal, su administración y conservación; además de promover la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y de concertación con los sectores social y privado, en materia de planeación y gestión de los recursos hídricos y de los servicios relacionados con los mismos.

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¿Por qué causa controversia?

La “Ley de Aguas” comprende 215 artículos y entre sus puntos más controversiales se encuentra del Título Sexto sobre la Participación de los Sectores Social y Privado en la Prestación de los Servicios Públicos, en cuyo Capítulo III sobre la Concesión de los Servicios se encuentra el Artículo 128, en el cual se establece que: “los municipios o la Comisión (Estatal de Aguas) otorgarán las concesiones, de conformidad con las disposiciones aplicables; correspondiéndole igualmente realizar la supervisión, vigilancia, cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de las facultades que correspondan en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables”.

En los artículos subsecuentes se definen los procedimientos para otorgar concesiones, la manera en cómo se deben de llevar a cabo las licitaciones, los derechos y obligaciones de los concesionarios, fianzas, prohibiciones, causas de extinción de la concesión, entre otras reglamentaciones.

Asimismo, en el Artículo 141 se establece que las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y son prorrogables hasta por un plazo igual al que originalmente se otorgó.

Acusan privatización de agua

Previo a la aprobación de la iniciativa, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso de Querétaro organizó un foro de participación ciudadana en el que especialistas en la materia dieron su punto de vista acerca de la legislación.

En dicho encuentro, la investigadora del Conacyt, adscrita al Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial, Teresa Valdovinos Ortega, criticó la iniciativa presentada por el PAN y el PRI, al presentar los resultados de las investigaciones que ha realizado a lo largo de 15 años sobre las asociaciones público-privadas en México y otras partes del mundo.

“Los resultados me han mostrado que muchas veces los gobiernos locales terminan perdiendo el control, la experiencia, los recursos humanos y los recursos técnicos a la hora de hacer la concesión. Y eso lo vemos cuando observamos que pasar de una concesión a la remunicipalización del servicio es sumamente complicado”, dijo.

En este sentido, señaló que la experiencia de muchas ciudades es que el sector privado, cuando termina el contrato, parte con información y el conocimiento de haber tenido la concesión durante 30 años, lo cual imposibilita al gobierno municipal poder retomar el control de los servicios.

La investigadora exhortó a analizar la experiencia de Aguascalientes, ciudad que concesionó el servicio de agua potable en 1993 a la empresa Proactiva, y que aún cuando se habló de eficiencia física y comercial del servicio, también se observaron muchas quejas con respecto a fugas y tandeo, al tiempo que el estrés hídrico de la zona metropolitana de Aguascalientes no ha cambiado.

“Esto nos hace interrogarnos sobre los beneficios de este tipo de asociaciones”, señaló Teresa Valdovinos, quien advirtió que cuando no existe transparencia ni diálogo con la ciudadanía, este tipo de asociaciones fracasan, provocando estallidos sociales como ha ocurrido en La Paz y Cochabamba, Bolivia; así como en Buenos Aires, Argentina, donde las concesiones fueron impuestas y terminaron siendo insostenibles.

El senador por Morena Gilberto Herera Ruiz denunció que la celeridad con la que se aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento obedece a una urgencia para otorgar concesiones a empresas privadas, antes de que el Senado apruebe la prohibición de las privatizaciones en la nueva Ley de Aguas Nacionales.

“El 26 de abril metimos la Ley de Aguas Nacionales en el Senado, en donde prohibimos la privatización. Entonces les urge concesionar por 20 años a todos los amigos, así como a las notarías también urgía”, señaló el senador.

El legislador morenista anticipó que la nueva Ley se pretende aprobar en septiembre u octubre en el Senado de la República, por ello la urgencia del Congreso de Querétaro por aprobar esta normativa, ya que al no haber derecho retroactivo, ya no habría marcha atrás para las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

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La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, manifestó su desacuerdo por la aprobación y publicación de la “Ley de Aguas”, ya que –sostuvo– va en contra de los intereses comunes y medioambiente.

“Esta Ley no muestra datos que sustenten lo que pretende regular, como lo son los análisis de capacidad de carga que permitan determinar si existe agua suficiente para el abasto ecosistémico y humano. Sin estos datos no es posible saber con certeza si hay agua suficiente y cuánta se puede concesionar, de dónde y por cuánto tiempo. Señor gobernador, es de sabios reconocer errores y retomar el camino”, expresó García Gasca en sus redes sociales.

Gobernador Kuri defiende la Ley

Por su parte, el gobernador queretano, Mauricio Kuri González, aseguró que la aprobación de esta Ley es una “buena noticia para Querétaro” y pidió no politizar este tema.

“La Ley de Aguas la quieren politizar. No nos dejemos que se politicen cosas que son buenas noticias para Querétaro. Una Ley de Aguas, que no había Ley de Aguas en Querétaro, era el único estado que no tenía una Ley de Aguas, si no había Ley de Aguas podíamos hacer lo que quisiéramos. Nada nos detenía. Esta Ley lo que hace es regularizar lo que ya está", dijo el gobernador.

En el Código Urbano del Estado de Querétaro ya existían reglamentaciones sobre las concesiones del servicio del agua potable, específicamente en el Capítulo Quinto sobre las Concesiones del Título Sexto sobre la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de sus Aguas Residuales y Tratadas, mismas que fueron derogadas tras la aprobación de la denominada “Ley de Aguas”.

Actualmente en Querétaro están vigentes 22 concesiones, una de ellas otorgada por el gobierno, durante la administración de Francisco Domínguez; mientras que el resto fueron concedidas por gobiernos municipales.

“Dios nos da el agua, pero no la entuba. Y hay que pagar el agua. Me llama mucho la atención de aquellos que se quejan de la Ley del Agua, pues primero que la paguen”, expresó Mauricio Kuri González.