Con ello, el 2 de septiembre se consiguió el voto casi unánime de los senadores (98 a favor, 2 abstenciones), se destrabó el conflicto entre la 4T y la oposición y se impidió, como expuso el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que el INE “legisle”.
“No permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya; no permitamos que usurpen funciones órganos autónomos que, por poderosos que sean, no tienen razón de violar el principio de legalidad, eso no” argumentó en tribuna.
También se aprobaron otras disposiciones que ahora Morena rechaza, con el argumento de que el INE busca censurar la libertad de expresión, o “persigue” a dirigentes morenistas volcados en la promoción del ejercicio.
Entre ellas las establecidas en el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato que ordenan al INE a realizar un monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión.
Ahí mismo se ordena que desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
Más adelante en el mismo apartado quedó establecido “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
El 7 de septiembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin ningún cambio esa minuta.
Aun así, en la discusión Morena presentó siete reservas y el PT 13, pero prácticamente ninguna era relevante, pedían cambiar palabras y en realidad sirvieron sólo para ocupar la tribuna.
En ninguna de ellas Morena o sus partidos aliados objetaron el régimen de restricciones al activismo de los servidores públicos en la recolección de firmas o en la difusión de la consulta, mismo que ahora buscan modificar vía el “decretazo”.