López Obrador busca su propio sistema anticorrupción y se olvida de magistrados
Además de proponer ajustes al SNA, el Ejecutivo ha omitido proponer magistrados anticorrupción; los juzgadores especializados operan al 20% de lo previsto y apenas cumplen 3.5 meses en funciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a las instituciones creadas para combatir la corrupción y ha planteado recortar el modelo para reducir gastos.(Daniel Augusto/Daniel Augusto)
En sintonía con la postura presidencial que busca desaparecer la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la mayoría de Morena en el Senado también se enfila por eliminar las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en materia de Responsabilidades, ordenadas en ley, para así diseñar su propia política anticorrupción.
Tres años han pasado de la actual administración, que ha centrado su discurso en el combate a la corrupción, pero el SNA creado con ese fin en 2015 se mantiene incompleto. Y la instancia encargada de aplicar sanciones en casos graves en esa materia apenas cumplió apenas tres meses y medio en funciones.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a las instituciones creadas para combatir la corrupción y ha planteado recortar el modelo para reducir gastos, debido a que el SNA obedeció a la “moda” de crear organismos.
Acorde con ese plan, la iniciativa de Morena en esa materia ya fue dictaminada en el Senado pero aún está pendiente de votación en el pleno.
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¿Qué se sabe del SNA?
Con la creación del SNA (2015-2016) se avaló una nueva conformación y atribuciones al TFJA para sancionar los actos graves de corrupción de funcionarios o particulares.
En la Constitución se aprobó aumentar el número de magistrados del TFJA de 13 a 16 y la creación de una sección (con otros tres magistrados) responsable de imponer las sanciones referidas, esa instancia especial quedó en la Ley Orgánica del TFJA como “Tercera Sección”.
Pero esa ley secundaria previó, además, la creación de cinco Salas Especializadas, cada una con tres magistraturas para atender casos de corrupción en las 32 entidades, divididas en cinco circunscripciones.
Así, el 25 de abril de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado 18 propuestas de magistrados, 3 para la Sala Superior, 15 para las Especializadas, pero desató protestas de organizaciones civiles, por la premura con que se preveía su ratificación, a fines de ese mes.
Contrario a ese escenario, no se ratificó a nadie, pero tampoco atendió el reclamo de abrir el proceso al escrutinio público; todo quedó congelado en el Senado.
Ese año al entrar en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos sin un TFJA integrado como se ordenó, para no incurrir en denegación de justicia éste tuvo que habilitar, vía acuerdos, una de sus Salas Regionales como Tercera Sección de la Sala Superior para atender los primeros casos a tramitarse bajo reglas del SNA.
Hasta 2019, los senadores llamaron a comparecer a los 18 propuestos por Peña Nieto, pero sólo acudieron 4. Todos resultaron elegibles, pero la Comisión Permanente los rechazó, recuerda Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora de Designaciones del observatorio, al referir el tortuoso proceso que ha tenido la conformación del SNA en esa parte judicial.
“En realidad hay muy poca información, ha sido un ejercicio discrecional y opaco, lo cual es un contrasentido siendo que se trata de la política anticorrupción” opina la especialista de ese observatorio, dedicado a monitorear los procesos de designaciones públicas, en conjunto con Fundar y Artículo 19.
Fue hasta el año pasado, con cuatro años de atraso, que los senadores designaron a 2 de 3 magistrados de la Tercera Sección del TFJA: Natalia Téllez Torres Orozco (el 30 de abril) y Julio Sabines Chesterking (el 30 de junio), ambos por 15 años improrrogables.
Así, a mitad del sexenio, con designaciones incompletas, una estrategia de reducción de presupuesto a los organismos que integran el SNA, y el reconocimiento presidencial de que impulsará la desaparición del SESNA, todo se perfila a que el sistema anticorrupción quede al “estilo AMLO”.
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Muerte por inanición
El diseño inicial de un plan anticorrupción comenzó en 2013 fue una Comisión del ramo avalada sólo en el Senado. Pero tras deliberación y presiones de organizaciones civiles se llegó a la creación del SNA y la emisión de 7 leyes secundarias para definir competencias y la coordinación entre todos los órdenes de gobierno, en una estrategia de Estado.
Como se refirió, el Sistema nació trunco, con el TFJA incompleto y que ha tenido que emitir acuerdos para operar, como la creación de la Tercera Sección o la suplencia temporal de una magistratura.
En tanto, el brazo cívico del SNA, su Comité de Participación Ciudadana (CPC), casi quedó en la inanición durante una parte de 2021, en que sólo tuvo uno de cinco de sus integrantes.
Ahora, el Ejecutivo y su partido perfilan ir por reforma legales para cercenar la estructura, pues de hecho la iniciativa para que no se creen las 5 Salas Especializadas nuevas del TFJA fue dictaminada en comisiones del Senado en marzo de 2021 y sólo está pendiente llevarla a votación del pleno.
A pregunta expresa, la especialista de Designaciones reconoce que ese modelo AMLO del SNA pareciera perfilarse, si se considera que las instancias que integran el Sistema han enfrentado recortes sistemáticos a su presupuesto.
De acuerdo con datos de especialistas de México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de las 7 instancias que integran el SNA, cinco de ellas tendrán en 2022 menos recursos, en términos reales, que los que ejercieron hace años, en 2018.
Estas son la SESNA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el TFJA, este con disminución de 10.9 % respecto del ejercido en 2018.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), también parte del SNA no tuivo recorte pero tiene insuficiencia de recursos y sólo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene 6.5% más recursos en el periodo citado.
Además, el presupuesto anticorrupción ha disminuido 13% en términos reales entre 2018 y 2022, según esa investigación.
Por eso Checa insiste: “estos datos contradicen la narrativa de que el combate a la corrupción es prioridad, porque en términos concretos esas instituciones que deben aplicar la estrategia se ven limitadas, por una lado, por falta de recursos y por otra, por omisión en las designaciones”.
“Si, puede que el presidente si esté pensando en otra configuración del SNA y que quiera imprimirle su propio sello. Pero nuevamente vemos esta tentación de las administraciones de no ver lo que se hizo antes y hacer borrón y cuenta nueva, pero sin ver que en el diseño del SNA participaron muchos actores sociales y civiles y fue una construcción colectiva”, recalca.
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El pasado 4 de febrero, cuestionado sobre un proyecto de iniciativa que circuló extraoficialmente para la fusión de organismos desconcentrados y descentralizados, así como la fusión de la SESNA con el Comité Coordinador de ese Sistema, el presidente reconoció que ese es su objetivo
El lunes 21 de febrero en su conferencia matutina López Obrador sustentó sus propuestas en la necesidad de austeridad y porque a su juicio hay demasiadas dependencias y no sirven.
Proliferaron organismos anticorrupción impulsados por “los conservadores” para “simular de que se combatían” las irregularidades, sostuvo.
Mencionó entre ellos al INAI y “hasta la misma ASF, que siempre saca sus informes sobre irregularidades, pero yo preguntaría: ¿Desde que existe, cuántos funcionarios han sido castigados?”.
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¿Por qué es importante el TFJA?
Precisamente el TFJA es el órgano del Estado mexicano que, conforme a las nuevas leyes anticorrupción, tiene la atribución de establecer sanciones a servidores públicos, personas físicas y morales, por faltas administrativas graves o faltas de particulares que hayan sido sustanciadas por la ASF u Órganos Internos de Control (OIC).
Por ende, podrá establecer pagos por concepto de responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio en casos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otras.
El ahora TFJA era un Tribunal que sólo tenía competencia en materias fiscal y administrativa pero se modificó su naturaleza y se le sumó la atribución de imponer sanciones por casos de corrupción a servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Ciudad de México y sus demarcaciones, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.
A todas esas tareas se dedica la Tercera Sección y sus tres magistrados –uno temporal–. Esta realizó su primera sesión hace tres meses y medio, con más de 4 años de atraso.
Checa Gutiérrez explica que con los altos niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país es importante que se fortalezca al órgano de procuración de justicia en la materia, lo que difícilmente ocurrirá sin las 5 Salas Especializadas y la dilación en su integración plena.
Admite, empero, que en la falta de integración de un TFJA en plenitud hay varios corresponsables: el Ejecutivo, “pues está en su cancha enviar sus propuestas al Senado… puede que no sea su prioridad, pero la Cámara de Senadores tiene facultades de control y podría solicitar al Ejecutivo que acelere ese proceso”.
“Ambos están omisos e incluso el propio Tribunal está en falta, pues la ley establece que su presidente debe notificar cuando las magistraturas vayan a concluir su responsabilidad para que el Ejecutivo mande su propuesta, o bien el pleno del Tribunal puede mandarle algunas propuestas para que el Ejecutivo las valore. Cabría preguntarse si el TFJA ha hecho algún llamado al Ejecutivo para que se subsanen las omisiones”.
De acuerdo con Morena es una contradicción entre la Constitución –que ordena sólo una Tercera Sección– y la Ley Orgánica del TFJA, que proyectó 5 Salas anticorrupción del Tribunal, la que no hace viable la instalación de estas.
Por eso no se tiene la intención de designar y poner en operación esas Salas y la iniciativa de Morena que busca extinguirlas en ley fue propuesta por la senadora Olga Sánchez Cordero en noviembre de 2018.
La propuesta de reformas a la Ley Orgánica del TFJA y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que lo que se busca es corregir la “discordancia” entre Constitución y ley secundaria.
La especialista de Designaciones considera que existe un riesgo de concretarse esa decisión para dejar como está el TFJA, pues podría mantener los niveles de impunidad en materia de corrupción.
Tener sólo a la Tercera Sección para imponer sanciones mantendrá las limitaciones del Tribunal, mismo que ha reconocido la existencia de rezago, indica Checa, y este podría incrementarse con sólo tres magistrados para ver ese tipo de casos.
