De acuerdo al documento, entregado el domingo por el titular de la ASF, David Colmenares a diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la seguridad de defensores y periodistas en riesgo se puso en manos de una empresa, RCU, Servicios, S.A. de C.V. –que ha sido contratada desde 2012 para esas tareas– misma que subcontrató el servicio de escoltas pero estos a su vez también tienen contrató con otra empresa.
“No se vigiló que el prestador de servicios contratado para el Mecanismo de Protección contara con los recursos humanos, técnicos y demás necesarios, ya que en el contrato con la Secretaría de Gobernación manifestó tener personal subcontratado con una empresa, cuando, como resultado de la vista domiciliaria practicada a la empresa subcontratada, se comprobó que el personal que otorgó los servicios de escoltas se subcontrató con otra empresa”, sin informarlo a la dependencia.
Además, conforme a la revisión, Segob no supervisó el mecanismo, pues permitió que de enero a diciembre de 2020 no hubiera evidencia del correcto funcionamiento de 136 botones de alarma y la empresa cobró por arrendamiento de sensores, de un refugio de seguridad y de equipo de telefonía satelital sin que se haya acreditado la prestación de esos servicios, por los que se pagaron 55.7 miles de pesos.
Tampoco se hallaron bitácoras que muestren que se dio seguimiento telefónico a los beneficiarios de la protección, que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Segob contara con los reportes periódicos del prestador de servicios “ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia”.
Sobre la parte normativa, la ASF consignó que se carece de reglas para determinar los casos en que se deben prestar medidas de protección de manera individual o colectiva, la utilización de un refugio, escolta, la instalación de cerraduras y/o botón de asistencia.
