Grupo Plural trabaja un A,B,C para legislar sobre periodistas y su protección

Dado ese vacío no se consideran las condiciones especiales en que se desarrolla: jornadas de trabajo superiores a las ocho horas, riesgos de trabajo (a la salud y a la vida), ausencia de seguridad social o derechos de objeción.

Es por esto que senadores del GP presentarán, en al menos tres fases, un conjunto de iniciativas de reforma legal que atiendan de manera específica las condiciones especiales de trabajo, precariedad laboral, y riesgos que viven los trabajadores de los medios de comunicación.

¿Por qué importa este tema?

Esto se da en el contexto de protestas de comunicadores por el asesinato de periodistas, cinco homicidios reconocidos oficialmente aunque podría elevarse la suma a seis, si se toma en cuenta el hijo de un periodista que fue comunicador, sólo en este recién iniciado 2022.

El 100% los 150 asesinatos de periodistas ocurridos de 2000 a la fecha, durante gobiernos del Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y ahora de Morena, sigue en la impunidad.

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Pero ahora el ambiente que vive el gremio está en tensión, con mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador que a diario estigmatizan esa como una profesión que propicia la corrupción y atenta contra un proyecto político.

Por eso, reconoce el senador del GP, Emilio Álvarez Icaza, “espero que las condiciones de riesgo evidenciadas con esos homicidios y las llamadas de atención poderosísimas de reporteros y fotógrafos en el Senado y en la Cámara de Diputados que se dieron esta semana sean un disparador para legislar ya y cambiar las cosas”.

Las movilizaciones se dieron en el Congreso para demandar cese a la impunidad y al clima anti-prensa, por lo que se expresaron ante legisladores de Morena, el partido del presidente López Obrador.

“Fue decir a esos legisladores: 'según les importamos, pero contribuyen a la narrativa de agresión'. Creo que no se ha dimensionado que los mensajes del mandatario en sus mañaneras y que reproducen sus seguidores, atizan el riesgo que viven los periodistas en sus labores”, explica Álvarez.

Por eso “si no es ahora, ¿cuándo? Deben prosperar ahora sí estas iniciativas”, agrega, al reconocer que decenas de ellas se han presentado en los últimos años y no han transitado.

A diferencia de otras propuestas, estas serán impulsadas por ese grupo de cinco senadores, tres de los cuales han realizado trabajos periodísticos y lo encabeza una periodista, Nancy de la Sierra, la coordinadora.

¿De qué se tratan las iniciativas?

Las iniciativas de reformas se proyectan en, al menos, tres fases.

La primera consistirá en reconocer el trabajo del periodista y relacionados, con la inclusión de un capítulo XVIII al Título Sexto “Trabajos especiales” de la Ley Federal del Trabajo y dar estímulos fiscales a esa actividad.

Otras etapas se refieren al Mecanismo de Protección de Defensores de derechos humanos y periodistas, un apartado referente a los periodistas desplazados y otra etapa para abordar propaganda oficial.

Hoy, para la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) existen los puestos de reportero y reportero gráfico en prensa diaria impresa –que hablan aún de taquigrafía, télex, fax– y sus tareas son un oficio, no una profesión, lo que incide en sus salarios y prestaciones.

Los senadores del GP proponen definir la profesión de periodista como una categoría “especial”, como existe para el caso de, por ejemplo, quienes laboran en buques o tienen tareas aeronáuticas.

La persona periodista –se propone– realiza sus tareas con profesionalización y cánones exigidos en plataformas antes inexistentes, como son el internet, o las redes sociales.

Se reconocerá como tal a “toda persona física que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente y cuyo trabajo consiste en fotografiar, reportar, recabar, redactar, generar imágenes, y textos, almacenar, procesar, editar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acrediten experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo”.

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Ese reconocimiento se busca, independientemente del tipo de relación contractual que exista con una o varias empresas instituciones o asociaciones.

Además, se define al reportero gráfico, al colaborador de medios de comunicación, el trabajo independiente y se abre la posibilidad de pago de salario por unidad de tiempo, por uno o diversos trabajos periodísticos, así como la prestación de servicios por tiempo determinado o indeterminado, o por temporadas.

Destaca el planteamiento de que el empleador estará obligado a facilitar la profesionalización y capacitación; a proporcionar condiciones para salvaguardar la integridad de sus periodistas, y éstos podrán negarse a coberturas que impliquen riesgos a su vida sin que eso sea causal de procesos laborales o legales.

También se establece especificar que no serán causas de recisión de contrato negarse a participar en la elaboración de información que sea contraria a criterios éticos de la comunicación o negarse a revelar la identidad de sus fuentes.

Seguridad personal y hasta fiscal

Otras dos iniciativas componen la primera fase: la modificación a la LFT para reconocer el periodismo como de utilidad pública y por tanto tener el tratamiento que hoy tiene la producción y distribución cinematográfica y teatral.

El complemento es una propuesta de reforma al artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para posibilitar estímulos fiscales, como son las deducciones.

En la segunda fase el GP se busca fortalecer Mecanismo de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que se diseñó para frenar la ola de ataques y asesinatos de hace una década.

La propuesta estará encaminada a que “no sólo sean más recursos, sino que es un tema de justicia, porque no hay mecanismo que alcance si no hay culpables”, refiere el legislador.

Por eso se plantearán vías para tener mayor protección si se obliga a la celeridad en la investigación de casos y emisión de sentencias a los responsables, así como la corresponsabilidad patronal.

En la tercera etapa se buscará regular la publicidad oficial, tema pendiente en el Congreso y sobre el que existe orden judicial para legislar a más tardar en abril.

Con esa regulación se buscarán reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda gubernamental.

Esto pretende propiciar una nueva política de comunicación social que no restrinja la libertad de expresión para acceder a contratos de propaganda gubernamental y por tanto impida la censura.

Con ello se pretende salvaguardar y fomentar el ejercicio de las libertades de expresión y opinión al no sujetarse a criterios opacos, sino transparentes, medibles, la asignación publicitaria.