De acuerdo con la oposición, la mesa directiva del Senado debió promover la controversia constitucional ante la Corte. Unos con el criterio de que esta analice si el Senado tiene interés legítimo para controvertir el acuerdo presidencial, otros seguros de que así será y además de que concluirá que este es inconstitucional.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, explicó que en las controversias constitucionales 73/2010 y 74/2010, y cuando Sánchez Cordero fue ministra de la SCJN, no sólo se dio entrada a las controversias de diputados y senadores, sino que se les concedió razón a sus reclamos.
Ambas fueron presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores para impugnar el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir el apagón analógico, y fue Sánchez Cordero quien “concedió las suspensiones correspondientes para impedir que el Ejecutivo llevara a cabo las acciones planteadas en el decreto”.
“La entonces ministra acreditó el interés legítimo del poder Legislativo para combatir un acuerdo presidencial de la misma naturaleza y características que el llamado ´decretazo presidencial´ que hoy se le solicita combatir en su carácter de presidenta del Senado de la República. Llama la atención que ahora que preside la mesa directiva, la ministra deniegue la justicia a las y los mexicanos”, expuso el legislador en una carta en la que pidió rectificar a la senadora de Morena.
La bancada de MC emitió una carta de “extrañamiento” a la presidencia de la mesa directiva por “utilizar criterios jurídicos diferenciados y al rechazar impugnar un decreto presidencial que, a todas luces, invade competencias legislativas y, por lo tanto, puede y debe ser controvertido por el Senado”.
La diputada Margarita Zavala (PAN) también cuestionó en Twitter que como ministra de la SCJN, Sánchez Cordero actuó en casos similares y consideró que el Senado si puede interponer controversias.
“Y cuando fue ministra dijo exactamente lo contrario … que sí había interés legítimo ( por ahí debe tener la resolución la propia ministra )” escribió la panista.