Por eso ya comenzaron a reunir las firmas para, con el tercio de la Cámara de Diputados y conforme al artículo 105 de la Constitución oponerse al decreto emitido la tarde de ayer 22 de noviembre y “usar todo nuestro poder político y jurídico para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva y no quedarnos en la denuncia“, afirmó Romero.
El líder del Revolucionario Institucional (PRI) en San Lazaro, Rubén Moreira, planteó que esas obras de Infraestructura son importantes pero no ponen en riesgo el futuro del Estado mexicano, que es la característica de una declaratoria de seguridad nacional, que en estas caso no se cumple.
El líder del Partido de l Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro valoró que "el decretazo" es una más de las acciones autoritarias de este gobierno.
División en el Legislativo
El acuerdo emitido por el gobierno federal por el que se declara que toda obra y proyecto de la actual administración pueden ser considerados como asuntos de “seguridad nacional” confrontó una vez más a los legisladores federales y dirigentes de los partidos políticos; mientras que PAN, PRI, PRD e independientes lo calificaron como ilegal y un riesgo, Morena y aliados expresaron su defensa.
Para los senadores del Grupo Plural, el acuerdo publicado carece de legalidad y genera profunda preocupación pues confunde, con una “lógica engañosa, tramposa” el desarrollo económico y social con la seguridad nacional.
Los senadores recordaron que es la Ley de Seguridad Nacional la que señala cuáles son las acciones consideradas como de seguridad nacional y cuáles son consideradas amenazas a esta “y en el acuerdo de ayer no se menciona ninguna”.