La coalición legislativa Va por Mexico promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se consideraron de "seguridad nacional" todas las obras de infraestructura del gobierno por ser ilegal y atentar contra el derecho de acceso a la información.
“Esto es inaudito, increíble“, pues se quiere cancelar el derecho de todos a conocer el destino de los recursos públicos, alertó el coordinador de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.
Por eso ya comenzaron a reunir las firmas para, con el tercio de la Cámara de Diputados y conforme al artículo 105 de la Constitución oponerse al decreto emitido la tarde de ayer 22 de noviembre y “usar todo nuestro poder político y jurídico para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva y no quedarnos en la denuncia“, afirmó Romero.
El líder del Revolucionario Institucional (PRI) en San Lazaro, Rubén Moreira, planteó que esas obras de Infraestructura son importantes pero no ponen en riesgo el futuro del Estado mexicano, que es la característica de una declaratoria de seguridad nacional, que en estas caso no se cumple.
El líder del Partido de l Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro valoró que "el decretazo" es una más de las acciones autoritarias de este gobierno.
El acuerdo emitido por el gobierno federal por el que se declara que toda obra y proyecto de la actual administración pueden ser considerados como asuntos de “seguridad nacional” confrontó una vez más a los legisladores federales y dirigentes de los partidos políticos; mientras que PAN, PRI, PRD e independientes lo calificaron como ilegal y un riesgo, Morena y aliados expresaron su defensa.
Para los senadores del Grupo Plural, el acuerdo publicado carece de legalidad y genera profunda preocupación pues confunde, con una “lógica engañosa, tramposa” el desarrollo económico y social con la seguridad nacional.
Los senadores recordaron que es la Ley de Seguridad Nacional la que señala cuáles son las acciones consideradas como de seguridad nacional y cuáles son consideradas amenazas a esta “y en el acuerdo de ayer no se menciona ninguna”.
El objetivo del decreto, consideraron, es “evadir las obligaciones en materia de transparencia y acceso al a información pública con relación a sus proyectos prioritarios”.
Ese decreto, junto con las expresiones emitidas por el General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa para llamar a sumarse a un proyecto político, son “un punto de quiebre” de que el país podría estar a punto de la ruptura constitucional, planteó el senador Emilio Álvarez Icaza.
Por su parte, Marko Cortés, dirigente del PAN informó que recurrirán y agotarán todos los recursos legales a su alcance para impugnar el Decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que los proyectos y las obras del gobierno son considerados de interés público y seguridad nacional.
Además, dijo que, si bien dialoga de manera permanente con sus homólogos del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, aún no se ha definido si los instrumentos jurídicos se presentarán de forma conjunta con otros partidos políticos, a través de la sociedad civil, o por ambas vías.
Ello, es parte de la ruta jurídica que se estudiará, pero, “lo que sí les aseguró es que presentaremos todos los recursos legales para que este decreto del presidente que es tapadera de la corrupción de su gobierno, se deseche por parte de la Corte”, añadió.
A pregunta expresa, Cortés Mendoza indicó que su partido pugnará porque la información sea pública y se realicen licitaciones, dado que el decreto “es un precedente peligrosísimo, un paso claro hacia el autoritarismo y en el combate a la corrupción que nos regresa al menos 30 o 40 años”.
Por tanto, concluyó que “buscaremos qué instrumentos jurídicos tendremos para impugnar este Decreto y ya de esa forma definir cómo se hace: como instrumentos políticos o a través de la sociedad civil o ambas, es parte de la ruta jurídica que presentaremos” ante la Corte.
Otro que se pronunció al respecto fue el coordinador de senadores del PAN Julen Rementería, quien declaró que el decreto es una política de opacidad que viola la Constitución.
“Con el pretexto de la seguridad nacional, se busca blindar todos los proyectos de infraestructura. Y cuando digo todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo, se habla incluso hasta de las pequeñas carreteras. Que alguien diga si una carretera que conecta una comunidad con otra puede ser un asunto de seguridad nacional”, expuso el senador.
Rementería del Puerto y la bancada panista hicieron un llamado a todos los legisladores para presentar una acción de inconstitucionalidad, y a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para que presente una controversia constitucional, y así detener el decreto que emitió el presidente.
Para los senadores de Morena, el decreto es legal y adecuado y su objetivo es “terminar con los moches, la corrupción” que constituye la tramitología heredada por los gobiernos del pasado, según el senador César Cravioto.
En rueda de prensa el senador afirmó que la oposición rechaza el decreto porque “quiere impedir que el presidente López Obrador cumpla sus promesas” y entregue en tiempo los proyectos de infraestructura que lleva a cabo.
Adicionalmente, los diputados de Morena establecieron en un comunicado que el decreto es legal y el presidente tiene facultades para su emisión, para el mejor funcionamiento de la administración pública federal y en este caso busca agilizar sus proyectos y proteger la inversión pública así como asegurar los bienes públicos.
“De manera categórica afirmamos que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola ningún derecho de las y los mexicanos”.
