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Diputados aprobaron reforma que impide que funcionarios ganen más que AMLO

Votaron a favor de cambios a los artículos 116 y 127 para que ningún funcionario reciba mayor remuneración que el Presidente.
jue 10 octubre 2019 12:12 PM
(Obligatorio)
Pleno. Legisladores votarán reformas para poner topes a los salarios.

Morena logró la aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones a los artículos 116 y 127 de la Constitución para que ningún servidor público –del orden local, judicial o de los organismos autónomos– gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la oposición criticó que el tope de salario –impuesto por el mismo López Obrador en 108 mil pesos– “carece de racionalidad” y que las modificaciones son sólo un “paraguas para detener los amparos”, los cambios pasaron con 377 legisladores a favor, cuatro en contra y 43 abstenciones.

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Los argumentos de Morena

Al respecto, el coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, dijo que el objetivo es “tapar todas esas rendijas por las cuales muchos funcionarios vivales, vía el Poder Judicial, se ampararon para ganar más que el Presidente de la República”.

La postura del coordinador morenista fue avalada por legisladores de su partido, uno de ellos Javier Hidalgo explicó la necesidad de cubrir todos los frentes:

“La propuesta responde a las resistencias que se han encontrado para que el cambio sea una realidad”.

Las modificaciones a los artículos mencionados obligan a que, tanto poderes locales, legislativos, así como órganos autónomos del país incluyan dentro de los proyectos de presupuesto sus tabuladores desglosados, para saber cuánto obtienen por salarios y compensaciones.

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Según se lee en el Dictamen votado por los legisladores, en el artículo 116, “corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados; establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables”.

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Además, se establece en los artículos transitorios que las remuneraciones que rebasen el límite, tendrán que ser ajustadas.

“Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto”.
Transitorio del 127.

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La diputada del PRI Dulce María Sauri expresó que aunque su partido estaba de acuerdo con la regulación de salarios en términos de la austeridad republicana, el dictamen no representa una solución de fondo.

“No es más que un gigantesco paraguas o red para capturar a todos aquellos amparos que en este momento están sometidos a consideración de los jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones”, recriminó.

En su posicionamiento, el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió, a través del diputado Marcos Aguilar Vega, que se trata de una medida “arbitraria”:

"El actual presidente de la República, sin criterios técnicos, metodológicos y económicos, se autoasignó 108 mil pesos, pero ¿qué pasaría si el próximo presidente de la República decide tener un el sueldo superior a los 108 mil pesos? Supongamos 500 mil pesos. Con independencia de la crítica que recibirá de los ciudadanos, es una realidad que puede suceder, porque esta es una facultad discrecional que hoy la Constitución le está otorgando al presidente y que se convierte sin duda alguna en el centro del debate”, argumentó.

Ningún servidor público podrá ganar más que el presidente en 2019

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La única reserva que se aceptó fue la del diputado José Lixa, del PAN, y fue votada a favor de que el decreto entrara en vigor una vez que se diera cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) para fijar de una manera objetiva el salario de López Obrador.

Pablo Gómez, de Morena, fue el encargado de expresar el consentimiento con la medida:

“La mayoría está de acuerdo con su propuesta, con su reserva, en donde se menciona justamente el cumplimiento de la condena de la Corte, que lo tenemos que hacer porque tenemos plazo, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones y lo haremos, ojalá se entienda bien, poniéndonos de acuerdo en unos parámetros –que no van a ser traídos de Singapur– esa es la única limitación, sino los que esta soberanía considere de acuerdo con las condiciones, el nivel de pobreza que hay en este país”, afirmó.

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Con la línea de AMLO

En el documento que votaron los legisladores se reconoce que el dictamen se basa en la iniciativa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta Comisión basa el eje del presente Dictamen en la iniciativa del Presidente de la República. En ese orden, reconocemos que el objetivo general de la iniciativa presidencial, consiste en el diseño de un nuevo marco constitucional a las remuneraciones de los órganos públicos y organismos constitucionales, así como a los entes públicos y personas de derecho público de las diferentes instituciones del Estado, tanto federales como locales. Esto en concordancia con las medidas transversales en las políticas anticorrupción y de austeridad en el gasto público que propone el Ejecutivo Federal”.

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