Morena va por candado de 10 años para evitar que funcionarios salten a empresas

El candado de 10 años ha sido promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras figuras de Morena como un mecanismo que, afirman, evitará irregularidades o que información prioritaria para el Estado llegue a manos del sector privado. En contraparte, los críticos de este planteamiento consideran que ese periodo de veda previsto es muy largo.

"El tema de la austeridad va a quedar establecido en la ley, no va a ser una moda pasajera, con esta herramienta vamos a acabar con el derroche, los lujos, la prepotencia con la que muchos funcionarios se venían desempeñando", aseguró Delgado en su boletín.

Delgado, quien también aspira a dirigir Morena, dijo que una parte importante de esta reforma es el principio de que los recursos que se obtengan por las medidas de austeridad sean dirigidos a programas de bienestar, a proyectos de infraestructura y a rubros como salud y educación.

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"Se trata de establecer en la ley que no se repitan esos penosos episodios de la vida pública, donde el gobierno y las dependencias despilfarraban los recursos, se financiaban excesos, privilegios y frivolidades. A partir de la aprobación de la Ley de Austeridad, seguramente vamos a tener un gobierno más ligero, austero y muy eficiente", expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Delgado aseguró que con la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana se fortalecerá la coordinación de acciones financieras entre entes públicos de la administración pública federal y se facultará exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para autorizar la creación de nuevos fideicomisos o mandatos.

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A decir del legislador morenista, "desde la Cámara de Diputados vamos a contribuir a que se cumpla la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador: separar el poder económico del poder político".

La austeridad y combate a la corrupción son dos de las grandes banderas que López Obrador ha defendido no solo desde la campaña presidencial de 2018, sino a lo largo de toda su trayectoria política. Sin embargo, políticos de oposición y analistas creen que la puesta en práctica de estos principios ha generado efectos que pueden ser contraproducentes, como recortar un número excesivo de plazas y, con ello, afectar la operación del propio gobierno federal.