Reformas electorales de Morena favorecen al oficialismo y generan inequidad, alertan exconsejeros

Los expertos consideraron que las reformas están orientadas a beneficiar al partido en el gobierno y perjudicar a las fuerzas de oposición ya que no detallan con claridad los supuestos de nulidad de la elección y se pueden prestar a interpretación, aunado a que algunos de los controles para detectar posibles vínculos con el crimen organizado o riesgos de injerencia recaen en el Ejecutivo.

“Como está planteada, tan abierta, da lugar a cualquier tipo de planteamiento (…) Seguramente lo que está haciendo el gobierno es dejar la posibilidad para si no le gustan ciertos resultados, entonces buscar que se anulen (las elecciones) diciendo que hubo intervención del extranjero”, señaló Jacqueline Peschard, expresidenta del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

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Aunque la experta reconoció que no debe existir intervención extranjera en procesos electorales, advirtió que la iniciativa tiene ambigüedades que pueden ser usadas como herramientas políticas.

“Hay demasiados elementos en juego; es decir, se dice ‘que hay una intervención de gobiernos, organizaciones y personas’. ¿Cuáles personas? ¿Cualquier ciudadano? ¿Un médico cubano que está aquí, porque dice que debería ganar tal persona?”, cuestionó.

Ante esta falta de claridad, explicó, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine cuándo procede la intervención extranjera; sin embargo, acusó que este órgano ahora está “cooptado por el gobierno morenista”.

En el mismo sentido, el expresidente del INE, Leonardo Valdés Zurita, coincidió que la reforma del morenista Ricardo Monreal le da un amplio margen de discrecionalidad al Tribunal Electoral.

Sostuvo que el Tribunal carece de capacidades técnicas para acreditar esta causal de nulidad, por lo que, consideró, que el único recurso del órgano jurisdiccional será solicitar informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero señaló que esos datos podrían estar sesgados y ser favorables a Morena y contrarios a la oposición.

“Es una propuesta que si se aprueba y se aplica, como está diseñada, pues sí, también va a poner en riesgo la equidad de la competencia en las próximas elecciones en nuestro país”, enfatizó.

El laboratorio jurídico alertó, por su parte, que el Poder Ejecutivo controlará la evidencia para determinar la nulidad.

“Si la acreditación de la intervención extranjera depende de inteligencia estatal —como ocurrió en el caso rumano que se toma como modelo—, el gobierno en turno tiene la llave de la causal: puede presentar o retener información según le convenga”, mencionó en un documento de análisis.

Riesgos en reforma contra narco candidatos

Sobre la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum de analizar los perfiles de los candidatos, la exconsejera Dania Ravel comentó que existen ambigüedades en la propuesta que infieren que puede tener fines políticos.

“A lo mejor a una persona que fuera adversario político, cualquier persona le puede presentar cualquier denuncia sin ningún sustento y con eso se podría informar que existe una riesgo, porque con esta ambigüedad de que las instituciones entregan a la Comisión (del INE) sin señalar el asunto que deriva el riesgo, ahí se abre la posibilidad”, explicó.

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La exconsejera mencionó que en esta propuesta, el INE solo funcionará como “mero intermediario” entre los partidos políticos y las unidades que analizarán los perfiles de los candidatos, por lo que no habrá un trabajo de análisis y valoración por parte de los consejeros.

Por su parte, el laboratorio jurídico “Argumenta Lab” señaló que la reforma presenta un “riesgo estructural”, ya que serán las estancias del Ejecutivo quienes emitan dicho dictamen y no hay forma de saber si esta opinión será una decisión política o de verdad refleja los vínculos entre los aspirantes y el crimen organizado.

Ello porque solo emitirán un documento señalando si el candidato representa un “riesgo razonable” sin especificar el asunto al que se derive el riesgo con el fin de no afectar el debido proceso.

“El diseño crea una vía institucional para que el Ejecutivo influya en las candidaturas de la oposición”, señaló en un informe.

Jacqueline Peschard aplaudió que se busque identificar si los candidatos tienen vínculos con el crimen organizado, pero enfatizó que esta acción no le corresponde a los consejeros electorales, sino solo a las autoridades de seguridad e inteligencia.

La expresidenta del antes IFE señaló que son los partidos políticos los responsables de asegurar que sus candidatos no tengan ninguna relación con el crimen organizado y no dejarle el compromiso al órgano electoral administrativo.

“(La reforma) está muy mal planteada porque responsabiliza al árbitro electoral que tiene que ser árbitro, no tiene que ser autoridad penal ni autoridad de inteligencia financiera (…) No se puede dejar en manos del INE, porque no es una fiscalía ni es una autoridad de investigación criminal”, mencionó.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario que iniciará este martes y concluirá hasta que se discutan las cuatro reformas relacionadas con temas electorales.

Los legisladores tienen una semana para aprobar las reformas, ya que la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza la primera semana de septiembre de 2026.