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Las veces que Morena ha impulsado reformas "a la medida", según la oposición

Pese al llamado del presidente a no hacer "leyes a modo", Morena, el partido que fundó, ha impulsado iniciativas para evadir candados y poder entregar cargos en los estados o a nivel federal.
jue 05 septiembre 2019 05:45 AM
Las leyes (a modo) de Morena
Los reclamos hacia Morena por lo que la oposición considera "leyes a modo" comenzaron desde 2018.

Los legisladores de Morena han impulsado polémicas reformas en los congresos federal y estatales —algunas con éxito y otras sin él—, para poder dar o alargar cargos haciendo uso de sus mayorías y de sus aliados.

La última de ellas es la fallida reforma con la que pretendía conservar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que no prosperó tras los reclamos de la oposición y la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a su pretensión de quedar al frente del órgano. Y aunque esa reforma no se materializó, existen otras que sí, con o sin respaldo público del fundador de Morena y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que no interviene en las decisiones de su partido y ha rechazado la creación de "leyes a modo".

"No se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos, no se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda", dijo apenas este miércoles en su conferencia mañanera.

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La “Ley Taibo”

Una de las primeras reformas que pusieron el ojo en los legisladores morenistas fue la que ayudó al escritor Paco Ignacio Taibo II a asumir formalmente la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), luego de que se modificara la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que le impedía hacerse del cargo por no ser mexicano de nacimiento y tampoco haber desempeñado cargos de alto nivel administrativo.

Taibo II nació en Gijón, España, y de niño se mudó a México, donde se naturalizó.

Tras un proceso legislativo atropellado, la reforma al artículo 21 de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo.

Con la reforma, para encabezar un órgano paraestatal es necesario "ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos" y "haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal".

La reforma fue criticada por legisladores de la oposición al considerar que representaba una "ley a modo" para que Taibo II, cercano y propuesto por el presidente López Obrador, asumiera el cargo.

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La “Ley Bonilla”

El 22 de junio, el Congreso de Baja California, aún dominado por el PAN, aprobó una reforma para ampliar el próximo gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años, bautizada como la "Ley Bonilla" .

Las condiciones en las que se realizó la votación fueron criticadas. La sesión de la 22 Legislatura inició alrededor de las 21:00 horas de la noche del lunes 8 de julio y su aprobación no se llevó más de 30 minutos. La iniciativa fue presentada a nombre de Morena para reformar el artículo octavo transitorio de la Constitución local y fue avalada con 21 votos a favor y solo uno en contra. Tras ello, sumó el aval de tres de los cinco ayuntamientos: Playas de Rosarito, gobernado por el PAN, y Tecate y Ensenada, con gobiernos priistas.

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Ciudadanos, empresarios y políticos de Morena y de la oposición reclamaron la aprobación y realizaron bloqueos al Congreso e interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero no han prosperado debido a que para impugnar la norma es necesario que se publique, lo que no ha ocurrido.

Pero la controversia por la reforma no se quedó ahí: la nueva Legislatura, ahora con mayoría morenista, aprobó la realización de una consulta para que la ciudadanía valide o no la "Ley Bonilla", ejercicio que sería organizado por el propio Congreso y que ya también sumó detractores y anuncios de impugnación.

Mientras la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, defiende la reforma con el argumento de que esto es lo que desean los ciudadanos porque están cansados de votar tantas veces, el presidente López Obrador ya afirmó que él la habría rechazado si se le hubiera consultado.

"Cómo estaría hoy, se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad", sostuvo el 12 de julio en una conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, donde también señaló que esas prácticas eran parte de los gobiernos anteriores.

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La fallida “Ley Porfirio”

La fracción de Morena pretendía quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la Legislatura en curso, la 64, pero su reforma en fast track para conseguirlo fue frenada luego de que Porfirio Muñoz Ledo renunciara a la posibilidad de reelegirse tras las protestas de la oposición.

En un inicio, la diputada Dolores Padierna propuso reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso para que el partido con mayoría absoluta —como es el caso de Morena— pudiera quedarse con la Mesa Directiva tres años. Luego, la bancada planteó modificar ese artículo para que el partido mayoritario se quedara año y medio en esa posición.

La Cámara discutió esta última iniciativa este martes, con la intención de Morena de que los cambios entraran en vigor de forma inmediata. Sin embargo, tras las protestas de la oposición, Muñoz Ledo anunció que él no buscaría reelegirse.

"No seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina. Todo lo realizado este año ha sido en favor de la transición y transformación democrática del Congreso", dijo entre aplausos y gritos de apoyo a su decisión.

Este miércoles, Morena promovió un ajuste para que las modificaciones entren en vigor hasta la Legislatura siguiente. Con ello, abrió la puerta a que el PAN se quede al frente del órgano legislativo, según la rotación establecida en la ley vigente. La Cámara de Diputados tiene hasta este jueves 5 de septiembre para definir quién la presidirá en el actual año legislativo.

Lee: Morena cede y deja al PAN la Cámara... pero no hay acuerdo sobre quién la presidirá

El “agandalle” en el Congreso de Quintana Roo

Entre empujones, gritos y abucheos, los diputados del Congreso de Quintana Roo rindieron protesta y nombraron a su Mesa Directiva. ¿La razón del enojo? Morena, PT y PVEM usaron su mayoría para quedarse con el órgano directivo.

Legisladores de PAN, PRD, PRI y MC acusan que fue un acto ilegal y una muestra de "gandallismo" y "autoritarismo".

Morena y sus aliados argumentaron que, pese a que se aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo en 2018, publicada apenas el 14 de junio, los diputados locales recibieron sus constancias de mayoría antes del 5 de junio, cuando la ley aún no estaba vigente. 

Tras la instalación de la Mesa Directiva durante el primer mes del periodo ordinario, los trabajos serán encabezados por el diputado morenista Edgar Gasca, con Tyara Schleske del PVEM como vicepresidenta, Euterpe Gutiérrez en calidad de secretaria y Ana Pamplona del PT como prosecretaria.

Lee: El PAN acusa "agandalle" de Morena, ahora en el Congreso de Quintana Roo

La “Ley Garrote”

Otra ley que no va enfocada a cargos pero, según sus críticos, sí a modo de un proyecto de gobierno es la llamada "Ley Garrote".

El pasado 29 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó modificaciones al Código Penal del estado para endurecer penas en contra de quien bloquee vías y obras.

La iniciativa propuesta por el gobernador Adán Augusto López causó polémica debido a que atenta contra los derechos a la manifestación, de tránsito y de reunión, de acuerdo con grupos y organismos defensores de los derechos humanos.

Estos cambios se impulsaron justo cuando el gobierno federal alista la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Al respecto, el presidente López Obrador negó que al impulsar esta ley se busque hacer frente a las inconformidades que puedan surgir contra estas obras, y señaló que es en contra de grupos que extorsionan a los constructores para permitirles laborar.

La reforma ya fue llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se determine su constitucionalidad. Tanto el partido MC como la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovieron recursos.

Con información de Brenda Yañez.

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