La actual legislatura retomó el asunto porque el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso una demanda de amparo para que la Cámara concluyera el proceso y lo ganó, lo que obligó a los legisladores a continuar el proceso.
Los magistrados anticorrupción debieron ser designados antes del 19 de julio de 2017 —cuando entró en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)— y ocuparán, dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las salas con competencia exclusiva para sancionar a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas graves, entre las que se encuentra el peculado, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros.