“Mis clases se iniciaban a las 7:00 de la mañana y yo tenía que salir de casa a las 5:30 de la mañana. (…) Tomaba primero una combi, y me dejaba en el Metro Puebla; del Metro Puebla hacía el transbordo ahí en Centro Médico y de ahí a Ciudad Universitaria, a caminar, a correr de Copilco a la Facultad de Derecho”, recuerda.
Su madre, ama de casa y su padre, trabajador de elevadores, se esforzaron por hacer posible que estudiaran ella y sus dos hermanas.
“Para ellos el darnos educación siempre fue una cuestión fundamental, era una de las prioridades de mis padres”, dice.
Por ello, para Muñoz Mejía es esencial cuidar los recursos que hacen posible que, como ella, millones de personas en la Ciudad de México puedan acceder mediante servicios como el transporte y la educación pública a oportunidades.
La magistrada pide a las y los ciudadanos denunciar al encontrar que un servidor público abusa de su poder, no ejerce sus funciones en tiempo y forma, contrata a familiares o cae en conflicto de interés, porque cada una de las personas que habita en la capital tiene derecho al buen gobierno.
Todo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México –presidido por el magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez– tiene la misión de revisar el ejercicio del poder público y garantizar la legalidad de la actuación del gobierno y de privados.
“Cuando la ciudadanía considera que hay un abuso, un ejercicio indebido de esa de ese poder, de esa potestad que tienen los servidores públicos o también que ven algún particular (…) hay canales de denuncia a los que pueden acudir, que pueden denunciar y que su voz va a ser escuchada”, asegura la magistrada Muñoz Mejía.
