"Es un documento potente, poderoso, que lo legitima la propia Constitución y que le da una vigencia de 20 años. En este documento vamos a decidir no solamente lo que queremos como ciudad a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos decidiendo cómo el gobierno, como parte del Estado, va a garantizar los derechos humanos de las y los integrantes de las familias capitalinas", planteó.
El funcionario explicó que las principales inquietudes manifestadas por los ciudadanos en esa consulta es lo relacionado con la gestión del agua, el derecho a la vivienda y la consolidación de una ciudad que sea habitable pero con equilibrio ecológico.
El plan también servirá de base para el Programa General de Ordenamiento Territorial y obligará a las alcaldías a renovar sus programas de desarrollo urbano, varios de los que datan hasta desde hace 30 años.
"Es un documento que no solamente va a ser la hoja de ruta y la transformación de la vida de quienes habitamos hoy la ciudad, es hablar del mejoramiento y el goce y ejercicio de los derechos de las nuevas generaciones", indicó.
Irazoque expuso que durante los últimos años, la mancha urbana se ha acelerado: entre 1990 y 2025, la superficie urbanizada pasó de 156,000 a 296,000 hectáreas.
Además, se tienen identificados más de 850 polígonos como asentamientos irregulares y el hundimiento de 30 a 40 centímetros por año en algunas zonas.
"Todos estos datos nos hablan del reto que es generar soluciones y respuestas ante estas problemáticas, pero también de la obligación concreta que tenemos la federación, las entidades federativas de generar una coordinación que le dé respuesta a todo esto", agregó.
