Apenas tres semanas quedan para la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), los dos instrumentos de planeación que guiarán el futuro de la Ciudad de México a 20 y 15 años, respectivamente.
El próximo 8 de diciembre se vence el plazo de seis meses para votar en el Congreso capitalino dichos instrumentos, a favor o en contra, pues de lo contrario se darán como aprobados por afirmativa ficta.
“Este programa si no hacemos nada va a pasar y se va a aprobar por afirmativa ficta. El 8 de diciembre va a haber un Plan y un Programa, sí o sí”, dice el diputado local Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Congreso local.
Los dos proyectos han acumulado cuestionamientos y oposición de organizaciones sociales, integrantes de pueblos y barrios originarios, así como académicos y especialistas.
Tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa General de Ordenamiento Territorial tienen deficiencias técnicas importantes, advierte Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la CDMX.
La más grave está en el PGOT, el cual debería definir la distribución de la ciudad entre Suelo de Conservación y Suelo Urbano. Sin embargo en lugar de actualizar estas zonas, remite a viejos instrumentos con al menos 20 años de antigüedad, cuando la ciudad aún se llamaba Distrito Federal: el Programa General de Ordenamiento Ecológico, de 1999 y el Programa General de Desarrollo Urbano de 2003
“La Constitución de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo ya no considera a esos instrumentos, deberían perder su vigencia una vez que entre en vigor este nuevo instrumento de planeación que en realidad los sustituye.
“El problema es que deja vivos instrumentos que deberían desaparecer”, apunta Rosales.
Una segunda carencia es que la Ley de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en la cual deberían basarse los nuevos instrumentos de planeación, aún no es creada.
“El Congreso no hizo esa legislación correspondiente que es la Ley de Ordenamiento Territorial. Esa ley apenas la está discutiendo el Instituto de Planeación, el cual no tiene atribuciones para hacer una ley”, explica en entrevista con Expansión Política.
En el PGOT también fueron eliminadas las Normas Generales de Ordenación Territorial, después de recibir críticas por ser contradictorias entre sí y dar pie a cambios de usos de suelo a favor del desarrollo inmobiliario.
“El PGOT debe contener las normas generales y las herramientas e instrumentos de la ocupación y aprovechamiento del suelo, y debe establecer los principios para el desarrollo sustentable del suelo de conservación, el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, las áreas estratégicas.
“El Programa General de Ordenamiento Territorial está cojo, no las está enunciando”, señala el urbanista.
El diputado Víctor Hugo Lobo ha sido cuestionado en los foros que ha organizado en las alcaldías desde septiembre, previo a la discusión del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, como respuesta a las “jornadas de vigilancia” realizadas por organizaciones de pueblos y barrios originarios ante la preocupación de una posible aprobación exprés.
Dichos foros han tenido cambios de sede, convocatorias con pocas horas de anticipación y el convocado el 12 de noviembre en Coyoacán fue cancelado ante protestas de ciudadanos.
“Le exigimos dictaminar en negativo el PGOT, regréselo a Martí Batres”, se leyó en uno de los carteles de los manifestantes dirigido al legislador, quien apenas el 14 de noviembre renunció al PRD.
“En lo que yo tomé la determinación es en ir al encuentro de los ciudadanos a que me den su opinión, su visión y la experiencia de algunas asociaciones para incorporarlo. (…) Nosotros no tenemos facultades de regresarlo, yo no tengo manera de decir porque es una decisión que tomó la Mesa Directiva, que mandató el Instituto (de Planeación)”, comentó Lobo a Expansión Política.
El primer proceso de consulta de los proyectos, dirigido por el Instituto de Planeación, tuvo señalamientos e incluso protestas durante su desarrollo desde julio de 2022 a enero de 2023, a tal grado que en Milpa Alta, donde habitantes se opusieron a la realización de la asamblea de consulta, queda excluida de la aplicación de ambos instrumentos.
El propio Instituto de Planeación se encuentra fragmentado: su primer titular Pablo Benlliure, renunció en febrero y nueve meses después aún no se nombra a una nueva persona en el cargo.
La inconformidad sigue, pues el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac ha reunido 17,000 firmas en contra de la aprobación de los dos instrumentos de planeación para presentar ante el Congreso local.
Rosalba Loyde, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, considera que la participación ciudadana no fue efectiva ni transparente en el proceso de consulta de los instrumentos de planeación.
“Tan es así que si le preguntas a la gente de a pie qué es el Programa de Ordenamiento Territorial no tienen idea. Por Constitución, era obligación del Gobierno de la ciudad explicarles a sus ciudadanos qué significan estos instrumentos y por qué era importante que participaran de alguna forma”, apunta.
Loyde señala que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial marcarán los ejes de la toma de decisiones y contienen los objetivos a futuro para la ciudad, por lo cual es un asunto de todas las personas que habitan y transitan la capital.
“¿Nos interesa saber si van a seguir los problemas para acceder al agua en Iztapalapa o si vamos a regular más las construcciones en torno al acceso a servicios? ¿Vamos a plantear un desarrollo más vinculado a movilidad o mejorar la infraestructura para transporte privado?”, cuestiona la maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Luis Zambrano, Investigador en Instituto de Biología de la UNAM, señala que mientras este ha sido el año más seco en la Ciudad de México por lo que el manejo territorial es imprescindible, este se deja como responsabilidad de quienes gobiernan las alcaldías.
Cada alcaldía deberá elaborar su propio Programa de Ordenamiento Territorial, por lo que se abrirán espacios de discrecionalidad y corrupción.
“Se le dejan las decisiones a los alcaldes, y un alcalde un cañonazo de 50 o 100 millones de pesos, que las constructoras los tienen, pues no lo resiste”, indica el académico.
Junto al riesgo de corrupción inmobiliaria, se abre la puerta a la regularización de asentamientos en Suelo de Conservación que afectan al medio ambiente, expanden la mancha urbana y pueden ubicarse en zonas vulnerables ante grietas o inundaciones.
“Hay zonas de la ciudad que no podemos desarrollar porque sabemos que si pasa un evento extremo como un sismo o una inundación, esas personas van a perder todo su patrimonio. Esa lógica es lo que hizo que Otis destruyera todo lo que pudo destruir; si Acapulco se hubiera desarrollado con otra lógica sí hubiera afectado, pero en este caso destruyó una ciudad que se va a tardar años en ser reconstruida”, considera Zambrano.
El doctor en Ecología señala que la protección de la biodiversidad tampoco es parte de los instrumentos de planeación.
“No considera la biodiversidad, que es un problema muy serio en la Ciudad de México. La destrucción de la biodiversidad es gravísimo, en términos de lo que nos afecta a nosotros es la destrucción de los polinizadores que son esenciales para tener alimentos”, explica.
Para Zambrano, ante los vacíos en el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial se deberían rechazar en el Congreso para rehacerlos, incluyendo formas claras para la participación de los ciudadanos.
“Estos instrumentos marcan el futuro de la forma de la ciudad en los próximos 20 años y el futuro de la ciudad no sólo está en que tengamos más tráfico o no. Involucra cosas que van a afectar nuestra calidad de vida como es la falta de agua: imaginemos que nos quedamos cinco días sin agua en la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer? Por eso a todos nos debe importar”, sostiene.
