La movilidad como derecho abre la puerta a crear sistemas seguros

El problema es también letal. De acuerdo con Ni una muerte vial, este 2023 en el país se han contabilizado 2,924 muertes totales de ciclistas, peatones y motociclistas con 284, 1,602 y 971 respectivamente y, en 2022, se registraron 377,231 incidentes en automóviles, por lo que sociedad civil y gobierno han trabajado en iniciativas no solo para aminorar las cifras, sino para mejorar los sistemas de transporte.

Para las expertas asistentes al Encuentro Expansión: El derecho a la movilidad como política pública, la estrategia nacional de movilidad y seguridad vial 2023-2042, la clave está en concentrarse en los peatones y vehículos no motorizados. “Cuando hablamos de movilidad ya no es solamente cómo haces para mover a las personas sobre vehículos, sino que las personas, en general, en su tránsito cotidiano puedan moverse más. Y otro cambio radical, que es fundamental, es que ya no se puede hablar de solamente de cómo hacemos para ir más rápido o cómo hacemos para llevar mercancías de manera eficiente, sino que se tiene que establecer como prioridad la seguridad de las personas”, dice Areli Carreón García, alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México

Las cifras de incidentes y muertes demuestran que, hasta el momento, las estrategias no han funcionado. Privilegiar al uso del automóvil sobre otros sistemas, con mayor inversión en infraestructura para ellos y promoción de su uso han hecho que incrementen la cantidad de estos vehículos y, por lo tanto, la congestión vehicular. De acuerdo con datos del Inegi, por cada 3.5 personas hay un coche.

Pero en 2020 se dio un paso positivo en el camino hacia el futuro. A partir de ese año se reconoce el derecho a la movilidad a nivel constitucional, “las decisiones de cambios constitucionales no solo impactan la administración actual, sino que trasciende. Y en temas de derechos humanos es progresivo, ya no hay marcha atrás. Nadie nos puede quitar nuestro derecho a la movilidad. Incluso, se han abierto instrumentos que la sociedad antes no tenía, como el tema de amparos cuando se hacen proyectos contra la garantía del derecho a la movilidad” explicó Alejandra Leal, coordinadora nacional de Coalición Movilidad Segura.

“Desde la Coalición de Movilidad Segura que coordino somos 103 organizaciones de sociedad civil en el país, contactamos a diputados locales para que aprobaran el derecho a la movilidad porque se tiene que aprobar en ambas Cámaras y en al menos 17 Congresos estatales. En dos semanas reunimos los 17 Congresos estatales”, contó sobre el trabajo para lograr la legislación.

No obstante, de acuerdo con Roxana Montealegre, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ninguna legislación es útil si no se aplica y si otros entes no cooperan.

Para Areli Carrión, en primer lugar se deben fortalecer las instituciones que toman las decisiones de los cambios en movilidad, para que se transformen los presupuestos y se realice un trabajo de comunicación y socialización. En segundo lugar, se deben cambiar los hábitos de la sociedad.

“Para empezar a bajar esa ley, ese derecho, se deben tomar en cuenta las decisiones cotidianas de, por ejemplo, oficinistas que dicen que no llegan en bici si viven cerca porque sus empleadores les dicen que el código de vestimenta es distinto, o no hay regaderas, no hay lockers o no falta el policía que no deja que guardan las bicis. Son una serie de cosas que requieren cambiarse para que las personas den también el cambio”, agregó Areli Carrión.

A nivel presupuestario, Paola Lara Fernández, abogada de la Coalición Movilidad Segura, dijo que el derecho a la movilidad implica que se dejen de gastar la mayoría de recursos en infraestructura para automóviles, sino que tiene que estar enfocado principalmente a las personas que caminan y se mueven en transporte público. No se trata de crear un presupuesto nuevo, sino de reorganizar el existente.

Pero para que se aplique en programas que beneficien a la mayoría de la población (que es la que se traslada en transporte público, a pie, en moto o en bicicleta), la sociedad tiene un papel fundamental en generar el cambio o en impedirlo.

El preámbulo para la legislación aprobada en 2020 se dio en 2012, cuando un grupo civil organizado participó en un informe especial sobre el derecho a la movilidad para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue la primera vez que se puso en el papel qué se quería decir con el “derecho”.

Es la sociedad que permanece más allá de los gobiernos sexenales y que a través de exigencias pueden cambiar la manera en la que se enfocan recursos y estrategias. La buena noticia, de acuerdo con Alejandra Leal es que ahora tienen una ley que los respalda.