Fiscalía CDMX, un órgano autónomo señalado de usarse como herramienta política

La Fiscalía CDMX nació entre polémicas

Con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México en 2018, se fijó un plazo de dos años para la transformación de la Procuraduría de Justicia capitalina a Fiscalía como un órgano autónomo.

La entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso en diciembre de 2018 al Congreso de la Ciudad de México a la diputada morenista Ernestina Godoy Ramos para ocupar el cargo de procuradora, misma que fue ratificada con los votos de 60 diputados.

A finales de 2019, el periodo de Godoy estaba por concluir y se debía nombrar a un titular de la nueva Fiscalía de la Ciudad de México y aunque la procuradora era una fuerte candidata, había un candado en el artículo 44 de la constitución local que le impedía ser nombrada por haber sido diputada en los últimos tres años.

Morena en el Congreso de la Ciudad de México y partidos aliados, reformaron la Constitución a fin de eliminar dicho requisito para dar vía libre al nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal, lo que le valió el título de “ley Godoy” o “Fiscal carnal” por parte de partidos de oposición. El presidente López Obrador salió en defensa de quien consideró su “compañera de lucha”.

“Es mi fiscal carnal porque somos compañeros del mismo equipo y hemos luchado durante mucho tiempo”, dijo en ese momento el presidente.

A unos meses de que concluya el periodo de Godoy como fiscal, se inició una nueva polémica, ya que el Congreso de la Ciudad de México volvió a reformar la ley orgánica del órgano autónomo para permitir su ratificación por cuatro años más sin necesidad de competir en una terna como lo marca el reglamento.

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Fiscalía con bajo nivel de confianza

Cada mes, el gabinete de seguridad de la Ciudad de México presenta las cifras respecto al combate a distintos delitos. El pasado 14 de junio, la Fiscalía capitalina señaló que entre 2019 y 2022 se registró una disminución del 45% en incidencia delictiva como: robo a negocio, vehículo, a casa habitación, a cuentahabiente, a transeúnte, a pasajero de transporte público o a repartidores al pasar de 43, 280 casos –en 2019– a 23, 434 –en 2022.

En el caso de la prisión preventiva por referidos delitos, la cifra pasó de 56% en 2019 a 74% en 2022, lo que representa un aumento del 18%.

En contraste, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ( ENVIPE 2022 ) señala que en la Ciudad de México, sólo el 11.8% de los delitos fueron denunciados ante las autoridades y en 65.9% de los casos el ministerio público inició una carpeta de investigación.

En dicha encuesta, resalta que existe un 92.2% de cifra negra en delitos que no son denunciados ante la autoridad.

Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de proyectos de la organización civil Impunidad Cero, refiere que los altos números en cifra negra de delitos están asociados a una percepción generalizada de que los trámites para levantar un acta ante el Ministerio Público son tardados, engorrosos y que los delitos quedan impunes.

“Precisamente, porque no hay por parte de los servidores públicos –en su gran mayoría– ese acercamiento de la socialización del procedimiento, entre otras cosas, esto a su vez genera que la cifra de delitos aumente, tengamos falta de confianza y poco acceso a la justicia”, dijo en entrevista.

La especialista consideró que las conferencias de prensa ofrecidas por la fiscal Ernestina Godoy y su vocero Ulises Lara, sin bien son ejercicios de transparencia, también tienen un área de oportunidad para que el organismo explore la comunicación sobre lo que se hace en materia de investigación y los mecanismos de denuncia.

“Yo, como persona víctima de delito, ¿qué necesito para ir a denunciar?, ¿cómo puedo denunciar?, ¿cómo puedo coadyuvar con la autoridad? Su plataforma de denuncia digital, situación que no se ha podido estrechar entre institución y ciudadanía” explicó.

Presión política y mediática

Para David Saucedo, experto en temas de seguridad, las procuradurías y fiscalías tienen un alto porcentaje de judicialización de delitos a la población común, no obstante los casos en los que están involucrados por las élites empresariales o políticas, se llegan a procesar rápidamente para que tengan una exposición mediática a favor de la imagen de la autoridad en turno.

“Yo creo que uno de los casos más emblemáticos a nivel federal fue en 2004 cuando la Procuraduría General de la República –encabezada en ese entonces por Rafael Macedo de la Concha–, solicitó el desafuero gobierno Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal por el predio El Encino”, recordó.

Dijo que en la Ciudad de México, la situación no es distinta, pues en el periodo de Miguel Ángel Mancera hubo un golpeteo político desde la procuraduría local contra el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard por la Línea 12 del Metro.

Y en la actual administración los presuntos casos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez y las investigaciones contra la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas son parte esencial de la agenda de la Ficalía, incluso por encima de casos relevantes que tienen tiempo sin resolverse.

“Los involucrados en el cártel inmobiliario, por su puesto que cometieron delitos e irregularidades, esto está plenamente comprobado, sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía de la ciudad se aprovecharon de estos errores de partidos de oposición para dar un golpe mediático y generar una estrategia de contracampaña”, apuntó.

Leslie Jiménez coincidió en que la percepción de una parte de la población es que para que un caso pueda resolverse debe existir una presión política y mediática y, en caso contrario, su investigación tardará en ser atendida, esto según un estudio presentado recientemente por Impunidad Cero .

“Hemos visto, desafortunadamente que si un delito no se vuelve mediático no se tiene acceso a la justicia, eso da la perspectiva de que se mediatizan y se politizan los casos y que las fiscalías se convierten en herramientas políticas y no de justicia para toda la población” aseveró.

Casos polémicos

Caso Cuevas–Morán: En julio de 2020 se ejerció acción penal contra Laura Morán Servín, la expareja de Federico Gertz, y su hija Alejandra Cuevas, acusadas por la muerte del hermano del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

Fue hasta el 2 de octubre de 2020 en que se giró orden de aprehensión en su contra, vinculadas a proceso, y recluidas en el Penal de Santa Martha.

Una carta publicada por Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, reveló que recibió del procurador Gertz Manero una solicitud para intervenir en contra de su familia política y Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México negó haber actuado en este caso de forma dolosa.

“Ni el fiscal (Gertz Manero) sería capaz de pedirme una cosa así, ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera donde se pudiera llegar a torcer la ley” dijo Godoy en una entrevista radiofónica en marzo de 2022.

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Accidentes del Metro: En lo que va de la administración capitalina, se han registrado distintos accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyas resoluciones no fueron bien aceptadas por algunos sectores.

En el caso de los choques de las líneas 1 y 3 del Metro ocurridos en 2020 y 2023, la fiscalía de la Ciudad de México adjudicó el tema directamente a errores humanos atribuibles a los propios conductores, por lo que el sindicato del Metro fue uno de los primeros en alzar la voz contra la autoridad, pues señaló falta de mantenimiento de este sistema de transporte.

En enero de 2021 se registró un incendio en el Puesto Central de Control que dejó sin operación a seis líneas. la Fiscalía reservó la información por tres años sobre este caso

Controversia con Fiscalía de Morelos: El feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, desaparecida en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue hallado en la carretera a Tepoztlán, Morelos en 2022, ocasionó una ficción institucional entre las fiscalías de Morelos y capitalina.

Mientras la fiscalía de Morelos afirmó que la muerte de la joven se trató de una broncoaspiración, la fiscalía capitalina realizó una nueva necropsia en la que se confirmó el feminicidio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum solicitó a Ernestina Godoy dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) ante el posible encubrimiento por parte de la Fiscalía de Morelos.

Corrupción Inmobiliaria en Benito Juárez: Desde agosto de 2022, la fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación en contra de distintos funcionarios y exfuncionarios involucrados en presuntos casos de corrupción inmobiliaria, los cuales operaron en favor de empresas para la construcción de inmuebles en Benito Juárez.

Resultado del mismo fue la detención de una decena de exfuncionarios de la demarcación, entre ellos, Christian Von Roehrich ex jefe delegacional (de 2015 a 2018).

La indagatoria también se extendió al alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, quien acusó a la fiscal Ernestina Godoy de abrir 15 indagatorias en su contra por secuestro y desaparición forzada.