Cambio de fiscalía, mismo objetivo
El pasado 20 de mayo de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la ley orgánica y se adicionan y derogan distintos ordenamientos legales con lo que se dio paso a la creación de la nueva Fiscalía Especializada de Control Competencial, cuyo titular es Juan Ramos, quien ha sido mano derecha de Gertz Manero, incluso, desde antes que asumiera el mando en la FGR.
Según el artículo 13 de dicha ley, todas las fiscalías adscritas gozan de autonomía y gestión.
“A la Fiscalía Especializada de Control Competencial, (le corresponde) la investigación y persecución de delitos previstos en las leyes especiales que no sean competencia de otra unidad administrativa de la Institución; de resolver las controversias competenciales entre las diversas Fiscalías Especializadas; y de atender, previo acuerdo con la persona titular de la Fiscalía General, los asuntos relevantes que le encomiende, procurará en todos los casos la no fragmentación de las investigaciones”, se lee en el documento.
Para Alberto Woolrich, integrante de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, el caso Santa Fe es ilegal, ilegítimo y anticonstitucional.
Apuntó que al iniciar un conflicto con particulares a través de la unidad de terrorismo, lo único que intenta la FGR es causar miedo a los propietarios de bienes inmuebles y el traslado de la carpeta de investigación a la fiscalía a cargo de Juan Ramos, no cambia el panorama.
“Es dar continuidad a los actos de arbitrariedad de la FGR para integrar una indagatoria que se pretende dar como resultado desposeer a los legítimos propietarios de los predios, no huele a humo de buen derecho y obedece a instrucciones del propio fiscal para pretender obtener bienes que no le corresponden a la fiscalía”, señaló.
El vecino de la zona de Santa Fe consultado resaltó que tras hacerse público este conflicto entre la autoridad federal y particulares, la FGR dejó de enviar citatorios como los que sí llegaron a los habitantes de residenciales como Cosmocrat, Qbicoo, Vía Santa Fe 1, Vía Santa Fe 2, The point y Blum, que en conjunto representan 1,100 departamentos, con un valor aproximado de entre dos y ocho millones de pesos cada uno.
Desde que iniciaron los requerimientos, la FGR tiene asegurados ya varios predios en un tramo de 1.5 kilómetros en la lateral de la autopista México-Toluca y Paseo de los Tamarindos, en donde hay personal ministerial armado. Entre ellos están las gasolineras Shell de Puerta Santa Fe y la carretera federal México Toluca a la altura del puente Conafrut, junto con sus respectivas tiendas de conveniencia; un local de venta de motocicletas, el estacionamiento de un gimnasio y al menos tres lotes baldíos.
Así, desde hace varios meses los vecinos se mantienen con la incertidumbre sobre el destino de sus patrimonios a pesar de tener todos los documentos que los avalan como compradores de buena fe y legítimos propietarios.
