Parque de la Justicia de la FGR pone en alerta a propietarios en Santa Fe

“Nosotros llevamos seis años con juicios civiles que ha iniciado el propio Gobierno federal (a través del Indaabin) en contra de particulares y desde hace un año y medio, la Fiscalía inició con este procedimiento de las carpetas de investigación con una materia penal”, indica Miguel Saucedo, abogado defensor de un grupo de afectados.

En las 53 hectáreas que conforman el “Polígono Conafrut” hoy conviven edificios residenciales, oficinas, locales comerciales, así como nuevas construcciones que operan con normalidad pero con el miedo de que la FGR en algún momento proceda legalmente a su aseguramiento y desalojo.

En la franja, ya hay varios predios asegurados por la FGR, se trata de gimnasios, gasolineras y tiendas comerciales que en sus accesos y bardas tienen sellos de la fiscalía y son custodiados por personal ministerial federal armado.

Esta zona, en la periferia de la capital que hace 40 años eran rellenos sanitarios, comenzó su desarrollo la década de los 80 hasta convertirse en el punto de la Ciudad de México donde se encuentran las sedes de corporativos internacionales, centros comerciales y departamentos de lujo. Los precios de terrenos y buena parte de los inmuebles se ofrecen en millones de dólares, convirtiéndola en una zona deseada por inmobiliarias, empresas y ahora también el Gobierno federal.

Por ejemplo, un terreno de 17,662 metros cuadrados dentro del polígono en conflicto fue ofrecido a la venta por 45 millones de dólares, según una publicación del portal Inmuebles24.

Para recuperar los predios, la FGR comenzó a lanzar citatorios a propietarios y/o ocupantes de los predios a fin de que se presenten con identificación y escrituras de sus propiedades, lo que ha puesto en alerta a los vecinos.

La FGR reclama predios con decreto de 1907

Para entender el conflicto entre la FGR y particulares, es necesario conocer el origen histórico de la zona de Santa Fe:

Esta zona que ahora es una de las más cotizadas en la ciudad, comenzó su desarrollo a partir de una ley expedida en 1883 que dio paso a la creación de compañías deslindadoras; sin embargo ante la entrada de empresas extranjeras, durante el gobierno de Porfirio Díaz las tierras fueron reservadas como bien de la nación en 1907.

Diez años después, con Venustiano Carranza, se reconoció el derecho a la propiedad en Santa Fe y de ese cambio se origina la disputa actual.

El nuevo búnker de la Fiscalía

El nuevo edificio de la FGR –que ya se encuentra en construcción– se ubica en dos predios de 163,387 metros cuadrados en el kilómetro 14.5 de la Carretera federal México-Toluca. Los terrenos fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en junio de 2020 a la Fiscalía. Para la construcción de la nueva sede de la Fiscalía se han destinado hasta el momento 1,283 millones de pesos de recursos públicos asignados a las empresas INCOP y Prodemex.

Las instalaciones albergarán las diversas áreas de la FGR con alrededor de 2,700 empleados, con lo que se desocupará el edificio de Avenida Insurgentes 20 en la Colonia Roma Norte, cuyo contrato de arrendamiento termina este año.

Sin embargo, la Fiscalía se basa en el decreto emitido 115 años atrás para “recuperar” los predios que colindan con su nueva sede con base en una “denuncia ciudadana” por la apropiación ilegal de terrenos propiedad de la nación por parte de particulares.

Miguel Leyva Medina, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR, en donde se lleva el caso, asegura que el decreto del Porfiriato pese a tener 115 años de haber sido emitido, continúa totalmente vigente, incluso más allá del decreto de 1917 donde se reconoce el derecho de propiedad sobre los terrenos de Santa Fe.

Leyva aseguró que el objetivo es recuperar lo que define como “bienes de la nación” que han sido invadidos por particulares.

“Este predio en sus linderos con Santa Fe, que es el mayor problema que tenemos, es el área de mayor plusvalía y que tiene mayor valor económico. Es el que está siendo invadido en los últimos años y ahí se cometió un grave daño ecológico porque se rebanaron las laderas”, comentó el fiscal en entrevista en Radio Fórmula.

¿Por qué la Unidad Tráfico de Armas y Terrorismo?

El caso llegó a la unidad de Terrorismo a partir de una "denuncia ciudadana" contra dos personas, relacionada con delincuencia organizada, tráfico de personas y de armas, que además invadieron porciones de terreno “de propiedad nacional”.

“Estas personas efectivamente tenían posesión de un terreno por ese lugar y no es que se les esté imputando a terceros delitos cometidos por ellos dos, sino que de ahí parte la investigación y en la propia Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada”, sostuvo Leyva Medina.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, aclaró que no buscan recuperar ni hay investigaciones en las 2,800 hectáreas que abarca el decreto, sino solo 53 hectáreas, que aunque rodean su nueva sede, descartó que la FGR tenga un interés particular en el polígono.

“El objetivo es recuperar los bienes que son propiedad de la nación, no son propiedad de la Fiscalía. A la Fiscalía mediante el decreto de 2018 ya le fue dotado la parte de terreno sobre el cual incluso ya se está construyendo el edificio principal”, dijo.

Esta maniobra se da luego de que desde 2016 el gobierno federal, a través de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el propio Indaabin, iniciaran acciones civiles en contra de particulares que se ubican sobre Prolongación Paseo de la Reforma.

Miguel Saucedo, abogado defensor de al menos 15 particulares afectados, explicó que muchos de los juicios civiles ya se resolvieron en favor de los particulares, pero el gobierno federal nuevamente volvió a demandar en 2022, pero ya asegurando predios para investigar la comisión de delitos.

El estado de los predios

En Prolongación Paseo de la Reforma, desde el puente Conafrut rumbo a la zona comercial y de corporativos de Santa Fe, se pueden apreciar las obras de construcción de la nueva sede de la Fiscalía General de la República y el Parque Nacional de la Justicia.

En la llamada “Puerta Santa Fe” ya existen predios y locales comerciales como una tienda de motociclismo de alta gama, estacionamientos y gimnasios, que hoy lucen abandonados debido al aseguramiento por parte de las autoridades federales.

En la lateral de la autopista México-Toluca rumbo a La Marquesa se ubica una gasolinera Shell y una tienda de conveniencia que además de permanecer con cintas de acordonamiento, el personal armado de la FGR no permite acercarse a las personas.

Entre la gasolinería y la entrada al túnel que conecta con Paseo de los Tamarindos son aproximadamente 1.2 kilómetros de distancia donde existen al menos tres terrenos baldíos que cuentan con sellos de aseguramiento por parte de la autoridad federal.

En este mismo tramo existen edificios de hasta 15 pisos que funcionan como corporativos, oficinas y residencia. También proyectos que están en proceso de construcción que ofrecen departamentos de lujo con diversas amenidades.

Cada metro cuadrado de vivienda tiene un precio promedio de 52,000 pesos en esta zona, de acuerdo con datos de Inmuebles24, colocándose entre el 10% de las colonias con más alto valor en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“A nosotros no nos han dado la orden de parar la obra, nosotros estamos trabajando con normalidad, si hay un tema legal con este lugar, pues eso lo tendrá que ver el área correspondiente”, dijo personal de una de las construcciones de las torres de departamentos.

Blum Residencial Santa Fe (Paseo de la Reforma 489) es uno de los complejo de dos torres de 18 pisos con 382 departamentos que está en el polígono. Este complejo fue diseñado por Ten Arquitectos de Enrique Norten, el cual tiene proyectos de residencias de lujo en Nueva York y Singapur. Ahí, los departamentos se ofrecen desde 3.7 hasta 8.9 millones de pesos y en conjunto su valor estimado sería de más de 2,400 millones de pesos.

El otro de los complejos residenciales es Yama Bosques Santa Fe (Prolongación de la Reforma 799), en donde hay departamentos desde 37 metros cuadrados por 2.9 millones cada uno, en una torre de 15 pisos, que combina uso residencial con el corporativo.

De acuerdo con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, quien ha trabajando el tema, es Cosmocrat Santa Fe, una torre con 209 departamentos en 20 pisos donde hay personas habitando y cada residencia va de los 3.1 a 5.5 millones de pesos, con un valor aproximado de 898.7 millones de pesos.

Por parte de la FGR se señala que los propietario no deben preocuparse por procesos judiciales, pues la institución va investigar a los que cometieron un delito y a quién haya invadido los predios propiedad de la Nación.

"En caso de que el inmueble o el bien no pueda ser restituido en su totalidad, las propias leyes de bienes nacionales y otros códigos, establecen que tendrán que pagar daños y perjuicios quien haya cometido ese delito, por lo tanto la personas que están ocupando de buena fe esos bienes, no tienen ninguna acción en su contra", señaló el fiscal del caso.

Alertan de falta de Estado de Derecho

El hecho de que el polígono de interés se encuentre alrededor del Parque Nacional de la Justicia, futura sede de la FGR donde despachará su titular Alejandro Gertz Manero, no escapa de la vista de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón.

La gobernante aseguró que diversos dueños de predios ubicados en el polígono cercano a la nueva sede de la Fiscalía le han expresado su preocupación por el un "acto arbitrario" por parte de la FGR.

Incluso la alcaldesa del PAN criticó que personal armado de la FGR trate de intimidar a los dueños de departamentos ubicados en el polígono en disputa mediante citatorios girados por la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Terrorismo.

“Luego les dicen a los vecinos que el problema no es con ellos, sino con quienes les vendieron, poniéndolos en contra de las inmobiliarias quienes también adquirieron esos terrenos de buena fe, predios que por cierto se inscribieron el Registro Público de la Propiedad, perdón, pero ¿qué tiene que hacer la unidad de Terrorismo?”, señaló.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa –donde se encuentra una parte de Santa Fe– calificó el caso como un “malentendido” con la Fiscalía; pidió a la dependencia autónoma informar “para no generar un problema social” y con el fin de dar claridad a instituciones financieras, desarrolladores y propietarios.

También cuestionó el haber enviado más de 500 citatorios desde la Unidad Especializada en Terrorismo por un hecho relacionado con propiedad de la tierra.

“Vemos una Fiscalía que se debe encargar solamente de temas de terrorismo o acopio de armas, ¿es acaso que esta fiscalía ahora también ve temas de propiedad?”, dijo el alcalde en un video publicado en su perfil de Facebook.

Expansión Política buscó la opinión de organizaciones de desarrolladores inmobiliarios, notarios y asociaciones de vecinos de Santa Fe, sin embargo las fuentes no respondieron o rechazaron la solicitud de opinar.

Amparos y denuncias

Para el abogado Miguel Saucedo, quien lleva el caso de 15 predios cercanos a la zona que tiene en la mira la FGR, no solo están en incertidumbre las 53 hectáreas que refiere la autoridad, sino las 2,800 que abarca el decreto.

Ante lo que llamó una “embestida” institucional, el litigante señaló que la mejor defensa es el ataque, por lo que recomendó a los habitantes de Santa Fe no esperar a que la FGR mande un citatorio, sino acercarse un defensor para que sea la autoridad quien notifique si su predio se encuentra dentro del polígono que hoy pelea la FGR.

“Es decirle a la autoridad por conducto del juez de distrito, autoridad, soy conocedor de este acto de forma parcial, no me han notificado en forma definitiva, por eso vengo a promover un amparo, para que me notifiquen del acto del decreto de 1907 y me digan si estoy o no estoy en el polígono de actuación”

El abogado recomendó que junto con un defensor especializado en temas inmobiliarios, se busque el tracto sucesorio de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad, que es la cadena de compra-venta del predio que han sido registradas ante la autoridad y con ello tramitar un amparo ante los actos de autoridad.

“El tracto sucesivo registral es una cadena de títulos de propiedad (...) una cadena ordenada de ventas, para con ello probamos que si existe una historia legal de la propiedad”, explicó.

Jorge Triana, diputado federal por el distrito 17 de Cuajimalpa-Álvaro Obregón, ha ofrecido públicamente ayuda con asesoría legal para que las personas afectadas se amparen ante las acciones de la Fiscalía que considera un “despojo”.

El legislador del PAN aclaró en entrevista con Expansión Política que no se trata de una expropiación, pues los propietarios no reciben pago alguno, además se realiza el aseguramiento de las propiedades sin que medie un juicio previo.

“No es una expropiación de ninguna manera, ojalá lo fuera. En una expropiación se tiene que acreditar una utilidad pública. Aquí no se está acreditando ninguna utilidad pública, es ‘dámelo porque es mío’".

El diputado advirtió que en este caso el Indaabin y la FGR estarían incurriendo en un delito bajo el Artículo 231 del Código Penal Federal, por lo que considera presentar una denuncia en contra de dichas instituciones del Gobierno federal. “Nosotros estaremos reservando nuestro derecho de presentar esta denuncia”, indicó.

Bajo el Artículo 231, abogados, patronos o litigantes pueden recibir una pena de dos a seis años de prisión, entre otros supuestos, por “alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas” o “a sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o administrativas”.

Alertan de que “siente precedente”

Triana sostuvo que de concretarse lo que busca la Fiscalía en los predios de Santa Fe, sentaría un precedente que pondría en riesgo a las personas que posean una propiedad.

“El riesgo de que el Estado intervenga en la propiedad privada, que atente contra la certeza de la propiedad privada, es altísimo. Es un antecedente nefasto porque quiere decir que de aquí en adelante el Gobierno en cualquier predio que le interese –sin utilizar la figura de expropiación– va a poder agenciárselo sin ningún tipo de garantía para el ciudadano”, consideró.

La alcaldesa Lía Limón incluso consideró el actuar de la FGR como una violación al derecho a la propiedad y lo calificó como un acto de “delincuencia organizada”.

“Lo que está haciendo la Fiscalía, hay que decirlo con todas sus letras, es despojando de sus propiedades a diversos propietarios de inmuebles en la zona de Santa Fe sin respetar el derecho a la propiedad privada, sin respetar su garantía de audiencia y si seguridad jurídica, es decir, ahora sí que es delincuencia organizada desde la Fiscalía porque lo que están (haciendo) es robándole a las y los ciudadanos.

“Están fabricándole delitos a ciudadanos con el fin de apropiarse de propiedades que no son del Estado y que no le pertenecen mucho menos a una instancia como la Fiscalía”, sostuvo.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha rechazado pronunciarse sobre el aseguramiento de predios en Santa Fe y se limitó a indicar que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina realizará un “reconocimiento” del caso.

“Hasta ahora no tenemos mayor información que la que ha salido en los medios de comunicación; inclusive la propia Fiscalía General de Justicia, va a hacer un reconocimiento exactamente de qué es lo que está ocurriendo, pero es un procedimiento de la Fiscalía General de la República.

“En caso de que requieran alguna persona acercarse a la ciudad, o la propia Fiscalía General de la República, por supuesto siempre estamos ahí, pero es un procedimiento donde nosotros no estamos participando”, respondió al ser cuestionada durante una conferencia de prensa el 20 de septiembre.