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Diputadas y colectiva buscan despenalización total del aborto voluntario en CDMX

Legisladoras de Morena y una activista de Aborto Legal México plantean quitar del Código Penal de la ciudad el aborto como delito, quitando el límite de las 12 semanas de gestación.
sáb 15 octubre 2022 07:00 AM
Aunque la ILE se aprobó hace 15 años, el aborto en CDMX aún es un delito.
La CDMX fue la primera entidad en aprobar la Interrupción Legal del Embarazo, pero mantiene en su Código Penal el aborto como un delito.

Dos iniciativas proponen eliminar el aborto voluntario como delito en la Ciudad de México al reformar el Código Penal local han sido presentadas en el Congreso capitalino por diputadas y activistas.

Las diputadas de Morena Yuriri Ayala y Ana Francis López Bayghen, así como el colectivo Aborto Legal México, buscan eliminar la criminalización de las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo sin limitaciones.

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La ciudad fue pionera en el país al aprobar en 2007 la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

No obstante, hacerlo más allá de ese límite es considerado como un delito cuya sanción va de los tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de comunidad para la mujer o persona gestante, así como de uno a tres años para quien provoque el aborto con consentimiento de la persona.

A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determina como inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta –emitida el 7 de septiembre de 2021–, con lo que jueces y juezas están impedidos de imponer condenas, mantener este delito en la ciudad es estigmatizar el aborto, considera la diputada Ana Francis López Bayghen.

“Una de las implicaciones es continuar con el estigma. Es decir, si no es un delito, no se puede sancionar, ¿para qué está en el Código Penal?

“El problema de este estigma es que va contra mujeres en una circunstancia complicada, es decir, ninguna aborta haciendo fiesta, son decisiones complejas que tomamos por una cantidad infinita de razones, todas ellas muy válidas”, dice en entrevista.

 

Stephanie Yamile González, de Aborto Legal México, advierte que durante la pandemia se hizo evidente la necesidad de despenalizar por completo el aborto, pues la colectiva tuvo una mayor demanda para acompañar procesos de interrupción del embarazo.

“Un factor crítico fue la pandemia, donde desde Aborto Legal México aumentaron los acompañamientos y nos dimos cuenta que se dejó de lado, no era un servicio esencial, de 13 clínicas (en la ciudad) cerraron ocho; hasta casos de abortos espontáneos nos tocó atender”, explica la activista.

Violencia en los hogares o la pareja, así como menores de edad fueron algunos de los casos más allá del límite legal de las 12 semanas que atendieron.

“Muchos de los casos son de menores de edad que en su mayoría fueron violadas y en pandemia fue cuando más aumentó porque quienes violaban eran familiares: tíos, primos, papás; (las víctimas) no querían decir, no sabían a dónde acudir, en las clínicas ILE les pedían asistir con un tutor o tutora y llegaban con nosotras ya con semanas avanzadas”, comenta González.

Por su parte la legisladora López Bayghen señala que eliminar el aborto como delito en la Ciudad de México haría de la capital punta de lanza en el avance sobre los derechos reproductivos y sexuales en el país.

 

La diputada apunta que si bien el ILE se legalizó desde 2007, pasaron 12 años para que la segunda entidad aprobara la interrupción legal del embarazo, siendo Oaxaca en 2019.

En todo México solo 10 de las 32 entidades lo permiten, nueve por reformas en sus legislaciones y una, Coahuila, por la resolución de la Suprema Corte ante la acción de inconstitucionalidad contra las sanciones que se establecían en el estado.

“Tuvo que pasar todo ese tiempo para que la segunda entidad aprobara la interrupción legal del embarazo y si te fijas no hay muchos estados de la república donde esté legalizada.

“Los temas de las mujeres, que tienen que ver con la autonomía sobre nuestros cuerpos, todavía transgreden y tocan fibras muy sensibles del patriarcado”, afirma la diputada de Morena.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, donde está pendiente su discusión y en su caso se creará un dictamen para reformar el Código Penal local que después será discutido en el pleno del Congreso capitalino.

 

¿Qué dicen las iniciativas para despenalizar el aborto?

La iniciativa de las legisladoras de Morena, Yuriri Ayala y Ana Francis López Bayghen, plantea:

  • Eliminar del Artículo 76 el aborto entre los delitos culposos a sancionar.
  • Se derogan los artículos 144 y 145 donde se define el delito de aborto como la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación.
  • Se agrega la definición de la gestación a partir del momento de la implantación del embrión en el endometrio.

Por su parte, la activista Stephanie Yamile González de Aborto Legal México propone:

  • Define cuatro tipos de aborto: espontáneo, por causas naturales; voluntario, por decisión de la persona embarazada; inducido, provocado por motivos de salud y forzado, sin consentimiento de la persona embarazada.
  • Hostigar o persuadir de forma insistente a una mujer o persona gestante para que aborte, se sancionará con 100 a 300 días de trabajo comunitario y se le restringirá el contacto con la víctima. De repetirse el hecho, se impondrá de seis meses a dos años de prisión.
  • Persuadir u obligar a una mujer o persona gestante a no abortar, una vez que tomó la decisión de manera consiente e informada, se sancionará con tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario.
  • Obstaculizar el acceso al aborto voluntario, inducido o no atender un aborto espontáneo implicará una suspensión de la profesión o el oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta, en el caso del personal médico.

Ambas iniciativas mantienen como delito el aborto forzado, con pena de cinco a ocho años de prisión, que se agrava en casos de violencia física o moral con el cual se incrementa de ocho a 10 años.

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