Mujeres tejen red para acompañar aborto voluntario ante dificultades por COVID

La dificultad para viajar, la pérdida del empleo y el confinamiento durante la emergencia sanitaria son factores que han provocado que cada vez el colectivo reciba más solicitudes de acompañamiento a través de redes sociales, explica su fundadora, Fanny González.

“Muchas de ellas son mujeres que al comenzar la pandemia fueron despedidas de sus empleos y quedaron sin los recursos económicos; también está la imposibilidad de trasladarse (...) cancelaron vuelos y las medidas de seguridad eran demasiado estrictas en los aeropuertos" cuenta en entrevista, al explicar que por estos factores muchas mujeres decidieron hacer el procedimiento en casa.

Durante 2020 se atendieron 11,269 procedimientos de ILE en las clínicas y hospitales públicos de la Ciudad de México, de los cuales 7,310 corresponden a habitantes de la capital y 3,485 del Estado de México. Sólo en 474 casos se atendieron a residentes de otras entidades del país, es decir 43% menos respecto a 2019, cuando acudieron 835 personas del interior de la república, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud capitalina.

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El acompañamiento

Desde Aborto Legal México se comenzó a guiar y acompañar en el proceso de interrupción del embarazo a distancia cuando sólo eran tres integrantes, sin embargo, ante la demanda surgió la "Red de Aborteras", iniciativa de la que forman parte 30 colectivas y 91 activistas.

“Como eran tantos los mensajes que nos llegaban, impusamos la creación de la red que a nivel nacional e internacional. Nuestros acompañamientos en su mayoría son virtuales, se hacen a través de Whatsapp, Telegram, Signal o Wire. Depende mucho de la condición de la mujer o persona, si nos dice que no tiene acceso a Whatsapp y sólo por llamada telefónica”, cuenta la fundadora de Aborto Legal México.

El procedimiento, detalla, se realiza con medicamentos que son adquiridos por quien desea interrumpir el embarazo y en caso de no poder costearlo, la red actúa para conseguirlo.

“Somos una organización autogestionada, por lo tanto no recibimos ningún recurso estatal y si la mujer no tiene condiciones económicas para conseguir el medicamento desde la red de aborteras buscamos conseguirlo con donaciones, cooperaciones solidarias entre compañeras".

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El protocolo para el aborto seguro fue creado por las propias activistas, a partir de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLCAI) y las propias experiencias de desde Aborto Legal México, por lo que también han abierto cursos de capacitación a través de plataformas para tener un mismo proceso.

“Lo vemos como un proceso: desde que nos escriben hasta que se hace la última revisión después de 15 días (de interrumpir el embarazo) dura más o menos un mes y se da una atención personalizada. Por eso decidimos convocar a la creación de una red pero era importante que utilizáramos los mismos métodos”, detalla González.

Una de las mayores dificultades durante los acompañamientos, relata la activista, es la falta de privacidad de las mujeres que con la suspensión de escuelas y comercios hay pocas ocasiones en las que pueden estar solas.

“En la pandemia, la mayoría de los acompañamientos se dieron en la madrugada. En la pandemia las mujeres no tenían privacidad. Es muy difícil que una persona en situación precarizada pueda tener una habitación propia. Lo hacen a escondidas”, señala.

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Experiencia internacional

De acuerdo a Fanny González, la idea nació a partir del ejemplo de Socorristas en Red en Argentina, integrada también por varios colectivos previo a la legalización del aborto a nivel nacional en ese país. Además de México, la Red de Aborteras ha dado acompañamientos en países donde la interrupción del embarazo aún está penada y es difícil conseguir la medicina como Chile, Brasil y Perú.

“El aborto autónomo no está peleado con la lucha por la despenalización o la legalización. No se contrapone: somos una alternativa para quien quiere hacerlo con nosotras, pero es un hecho que el Estado debe garantizar el acceso a un derecho”, afirma.