Pueblos y barrios originarios en riesgo por nuevo registro en la CDMX

La aceptación o negativa para la inscripción de los pueblos y barrios será determinada por la Comisión Asesora, encabezada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) e integrada por otras instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, todos de la Ciudad de México

Ante ello se manifestaron habitantes de pueblos y barrios como San Pedro Mártir, Santa Cruz Atoyac, San Gregorio Atlapulco, San Pedro Cuajimalpa y Magdalena Atlitic frente al Tribunal Electoral capitalino el pasado 16 de junio, en contra de lo que consideraron un ‘pase de lista’ por parte del actual Gobierno.

Pese a que el Tribunal Electoral local rechazó la demanda interpuesta en contra del Sistema de Registro por considerar que no es de su competencia, sigue la oposición por la vía legal al interponer una demanda ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se presentarán recursos ante los juzgados de Tutela de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Alejandro Velázquez, del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, explica que la batalla contra el Sistema de Registro parte de que se viola el derecho de autoadscripción, además de ser una medida que viola lo dispuesto en la Constitución de la ciudad.

“Es contrario al principio de autoadscripción, que es uno de los derechos fundamentales en materia de derechos de pueblos.

“La autoadscripción significa que los pueblos son quienes deciden si se consideran a sí mismos pueblos porque hay condiciones objetivas y subjetivas: tienen instituciones propias, tienen un asentamiento que viene desde la colonia”, explica en entrevista con Expansión Política.

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La Constitución de la ciudad indica la creación de un sistema institucional que registre a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas en su Artículo 59; sin embargo, también reconoce el derecho a la autoadscripción de estas comunidades y de sus integrantes en el Artículo 58.

El activista detalló que este nuevo Sistema implica que el Gobierno de la ciudad desconoce a los pueblos y barrios pese a que existen registros previos oficiales, como el publicado en la Gaceta Oficial el 17 abril de 2017.

“Es regresivo porque nos pone en una situación como si en este momento no existieran pueblos, sólo grupos sociales, y hasta que no tengan la resolución favorable en SEPI van a ser pueblos; es también de alguna forma arbitrario porque va a ser la Secretaría de Pueblos la que determine quién es y quién no.

“Esta propuesta de hacer un nuevo sistema de registro deja a todos los pueblos en la incertidumbre jurídica, porque cualquier gobierno puede llegar y decir ‘estos catálogos previos no eran los buenos, el bueno es el que yo voy a hacer’”, señala Velázquez.

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Además los criterios exigidos en el registro para reconocer o no a un pueblo o barrio no fueron consultados previamente con los integrantes de los mismos, advierte el representante.

El riesgo ante este Sistema de Registro es que el ejercicio de los derechos políticos quede condicionado a tener el ‘visto bueno’ de la SEPI, con lo que por ejemplo, en el caso de un desarrollo inmobiliario que sea construido en territorio de los pueblos y barrios se podría considerar que no es necesario realizar una consulta previa para la aprobación de sus habitantes.

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El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios busca tener una reunión directamente con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedir se dé marcha atrás con el Sistema de Registro.

“Nuestra única petición en caso de que se dé esta reunión es anular el sistema de registro, sin ninguna condición, sin ninguna negociación de por medio, nosotros no pensamos ceder ni ofrecer nada”, señala Velázquez.

La jefa de Gobierno se comprometió a llegar a un acuerdo con los integrantes de pueblos y barrios que se oponen al registro.

“Nuestro objetivo en la ciudad no solamente es cumplir con los convenios internacionales, con la Constitución de la ciudad, sino con el reconocimiento de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas de la ciudad.

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“Nos vamos a reunir con ellos y vamos a resolver; no estuve personalmente involucrada en los detalles de la convocatoria, pero vamos a revisar si hay algún problema”, afirmó en conferencia de prensa el 7 de julio.