Violaciones a derechos humanos, la ‘herencia’ que la PGJ-CDMX dejó a la fiscalía

La primera fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, promete transformar a la institución y estar del lado de las víctimas. Aún como procuradora, Godoy dio algunos pasos en esa dirección, como ofrecer una disculpa pública e instalar un memorial por el caso de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio.

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Esas acciones estaban contempladas para el cumplimiento de la recomendación 1/2018, que la CDHCM dirigió a la PGJ-CDMX todavía durante la administración capitalina anterior, encabezada por Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

La Comisión de Derechos Humanos constató que la procuraduría cometió faltas al debido proceso y revictimizó a Lesvy durante la investigación de su muerte, pues en principio aseguró que se trataba de un suicidio y señaló que ella “tomaba alcohol y se drogaba”. En vez de eso —concluyó la CDHCM—, desde el origen el caso debía haber sido indagado como un feminicidio.

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La CDHCM advierte que la impunidad en la que quedan los agentes del Ministerio Público y los policías de Investigación provoca que los mismos derechos sean violados una y otra vez. Una muestra son los 20 casos de feminicidio en los que las mujeres víctimas y sus familias fueron violentadas por la dependencia aun después del crimen.

En lugar de darles justicia, la procuraduría filtró datos de las indagatorias, negó el inicio de carpetas de investigación y tuvo irregularidades al recabar las pruebas periciales, como se documenta en la recomendación 09/2019, que concentra quejas interpuestas entre 2016 y 2019.

“La filtración se da en feminicidios pero se da en todo. Abren carpeta de investigación y antes de que la víctima esté saliendo de ahí ya se sabe qué hay en el documento. Eso no nada más revictimiza, no te permite el acceso a la justicia”, afirma Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCM, en entrevista con Expansión Política.

La ombudsperson reconoce que, desde la llegada de Ernestina Godoy, la PGJ-CDMX y ahora la FGJ han aceptado los puntos de las recomendaciones emitidas y se han registrado algunos avances. Sin embargo, subraya que el paso esencial que falta para que haya un cambio es sancionar a los responsables de cometer violaciones a los derechos de las víctimas.

“La fiscalía entraría con un buen paso inicial si finalmente lo que hace es castigar a quien filtra (información), a quien no atiende, a quien revictimiza. No puedes transitar a una nueva visión, a consolidar una fiscalía diferente y a ser un ejemplo de procuración de justicia, con esos vicios”, dice.

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Para Mauricio Tabe, diputado del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el primer cambio que debe hacer la fiscalía es transformar el trato hacia las víctimas desde los ministerios públicos, el espacio al que acuden a denunciar y donde primero son criminalizadas o ignoradas.

“(Se requiere) personal capacitado, más personal, eliminar al personal que no sirve y está viciado y envuelto en prácticas que no van a cambiar”, dice en entrevista.

“El Ministerio Público tiene que ser el espacio en donde recibes a quien ha sido agraviado por la falta de eficacia del gobierno para hacer su labor y garantizar la seguridad”, advierte.

Entre otros casos ‘heredados’ de la PGJ-CDMX, la FGJ debe dar respuesta a la filtración de datos del periodista Humberto Padgett, quien fue agredido mientras hacía una investigación sobre narcomenudeo en Ciudad Universitaria en agosto de 2017. Dicha filtración y otras irregularidades que afectaron a comunicadores dieron pie a la recomendación 19/2019.

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Otro caso es el de la tortura a un hombre que fue detenido el 3 de agosto de 2012 por policías de Investigación, quienes le dieron descargas eléctricas en los testículos y amenazaron a su familia para obligarlo a confesar su supuesta participación en un secuestro. Así consta en la recomendación 15/2019, junto con otros 35 casos de tortura sexual como método de investigación.

En la pasada administración, la procuraduría también mantuvo durante 36 meses el cuerpo del hijo de Raquel, una víctima de violencia obstétrica, quien no pudo recuperar el cadáver de su bebé luego de que se le realizara la necropsia el 10 de septiembre de 2016. Raquel había denunciado al personal médico por no atender su parto a tiempo y también por abuso sexual, según lo consigna la recomendación 05/2019.

Lograr que abusos como estos sean castigados y no se repitan está entre los principales retos de la nueva fiscalía.