Durante décadas, los mexicanos aprendimos que había una institución a la que debíamos defender casi por obligación democrática. Podíamos desconfiar del presidente, de los gobernadores, de los partidos y hasta de nuestros propios representantes, pero el Instituto Nacional Electoral debía permanecer por encima de cualquier sospecha. Era el árbitro, el guardián de los votos, la última garantía frente a las trampas de nuestra clase política. Cuestionarlo podía interpretarse como un pecado cívico. Hoy, las investigaciones por presunta corrupción nos obligan a formular una pregunta que durante demasiado tiempo quedó relegada: mientras discutíamos apasionadamente quién contaba los votos, ¿quién vigilaba el dinero?
#Zona libre | Corrupción y silencio: es el INE
Ante lo revelado por el caso Taddei, queda una pegunta: ¿cómo pudieron acumularse tantos señalamientos sin que los mecanismos de control ofrecieran respuestas suficientes?
@CalebMx
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La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, el pasado 26 de octubre, abrió una crisis institucional de dimensiones todavía desconocidas. Videos, grabaciones, relaciones personales con proveedores, contratos millonarios y funcionarios bajo investigación terminaron por colocar al organismo en el centro de un escándalo. Pero lo verdaderamente preocupante es que los señalamientos apuntan a prácticas que podrían haberse extendido durante distintas administraciones. Si las investigaciones lo confirman, no estaríamos frente a un episodio aislado, sino ante una estructura que habría sobrevivido a consejeros, gobiernos y cambios políticos. ¿Cuántos sabían lo que ocurría y decidieron guardar silencio?
La democracia también factura
La Secretaría Anticorrupción presentó información según la cual empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos electorales por más de 2,740 millones de pesos entre 2015 y 2025. Las autoridades investigan posibles conflictos de interés, competencia simulada y triangulación de recursos.
Contratar con el gobierno no constituye un delito, pero la concentración de adjudicaciones entre compañías relacionadas exige explicaciones, particularmente cuando hablamos de instituciones encargadas de exigir transparencia y legalidad a quienes compiten por el poder.
Uno de los episodios más reveladores fue documentado por el periódico Reforma. Una penalización de 4.5 millones de pesos por retrasos en la entrega de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025 terminó reducida a solamente 25,893 pesos. Una disminución extraordinaria que merece explicaciones igualmente extraordinarias. En un país donde cualquier contribuyente enfrenta multas y recargos por incumplir sus obligaciones, resulta indispensable conocer qué criterios administrativos permitieron semejante reducción a un proveedor electoral.
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Pero las dudas no terminan ahí. Una investigación del periódico Excélsior reveló detalles de un sistema integral de seguridad del INE cuyo costo informado ascendió a 227 millones de pesos. Cámaras con micrófonos, drones, dispositivos antidrones y hasta un monitor gigante de videovigilancia formaron parte de un proyecto cuyos pormenores fueron clasificados por motivos de seguridad nacional. Según fuentes consultadas por el periódico, algunas adquisiciones habrían presentado sobreprecios. La seguridad puede justificar inversiones importantes, pero jamás debería convertirse en una excusa para impedir la fiscalización del dinero público.
Los guardianes del silencio
Hay algo particularmente inquietante: la posibilidad de que las instituciones encargadas de vigilar las contrataciones no hayan actuado con la oportunidad necesaria. La Auditoría Superior de la Federación investiga operaciones que involucran al INE, organismos electorales estatales y empresas proveedoras.
También se han reportado investigaciones internas, denuncias penales y testimonios de personas que afirman conocer el funcionamiento de las contrataciones. Todo ello deberá comprobarse mediante procedimientos legales, pero ya plantea una pregunta institucional: ¿cómo pudieron acumularse tantos señalamientos sin que los mecanismos de control ofrecieran respuestas suficientes?
Durante años, buena parte del debate público giró alrededor de la independencia del INE frente al gobierno. Sus defensores tenían razones legítimas para protegerla, pero algunas voces confundieron autonomía con infalibilidad. Sus adversarios, por su parte, tampoco deberían utilizar este escándalo para justificar el debilitamiento del árbitro electoral. La corrupción no cambia de naturaleza dependiendo del partido que la denuncie, y ninguna institución merece inmunidad política por el simple hecho de desempeñar una función democrática.
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El precio de mirar hacia otro lado
Las investigaciones deben alcanzar los mecanismos de supervisión de distintas administraciones. Lorenzo Córdova presidió el INE durante buena parte del periodo señalado, pero eso no demuestra responsabilidad personal en las posibles irregularidades. Guadalupe Taddei deberá responder por las decisiones de su gestión y los órganos fiscalizadores tendrán que explicar sus actuaciones. Investigar no significa condenar anticipadamente; significa abandonar la idea de que determinados funcionarios o instituciones deben permanecer fuera del escrutinio público.
También conviene aclarar que las irregularidades investigadas en las contrataciones no demuestran manipulación de votos ni alteración de resultados electorales. Confundir ambas cosas sería irresponsable. Pero tampoco podemos ignorar que la legitimidad de una institución depende tanto de organizar elecciones confiables como de administrar honestamente los recursos de los ciudadanos. La democracia pierde credibilidad cuando quienes deberían dar ejemplo de transparencia terminan respondiendo preguntas sobre sus propios contratos.
México necesita conocer quién autorizó las adjudicaciones cuestionadas, qué empresas resultaron beneficiadas, si existieron funcionarios que facilitaron operaciones indebidas y cuál fue el daño real al erario, si lo hubo. No necesitamos culpables fabricados para satisfacer intereses partidistas, pero tampoco expedientes enterrados bajo el siguiente escándalo político.
Durante décadas nos dijeron que sin un árbitro independiente no podía existir una democracia verdadera. Tenían razón. Pero olvidaron advertirnos que la autonomía no garantiza la honestidad y que ninguna institución, por respetable que sea su historia, merece un cheque en blanco.
Porque cuando el árbitro termina bajo investigación, no basta con cambiarle el silbato. Hay que revisar sus cuentas, romper los silencios y descubrir quiénes pudieron beneficiarse mientras todos mirábamos hacia las urnas.
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*Caleb Ordóñez Talavera (1984) es abogado, comunicador y especialista en Periodismo digital por la Universidad Complutense de Madrid.
Nota editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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