El decreto que no cambió el proyecto
La madrugada del 11 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2027 por 10 billones 636,488.1 millones de pesos y rechazó las 1,760 reservas de los seis grupos parlamentarios.
Quien busque diferencias en seguridad y justicia entre el proyecto de septiembre y el decreto encontrará una respuesta corta: casi ninguna.
La bolsa conjunta de Defensa, Marina y SSPC permanece en 331,416.4 millones, Defensa conserva 185,706 millones y Marina 81,223.
El único movimiento verificable hacia este sector salió del recorte de 6,000 millones al INE: 300 millones para subsidiar la búsqueda de personas desaparecidas.
El Congreso tuvo dos meses para revisar el instrumento central de la política de seguridad y lo devolvió intacto.
La aritmética de la jerarquía
Esa bolsa equivale a 3.12% del gasto neto y crece 34,625.6 millones sobre los 296,790.8 de 2026, un 11.7% nominal.
Defensa sube 5.4% real, Marina 19.4% y la SSPC 3.9%. Defensa y Marina concentran cuatro de cada cinco pesos de la bolsa y reciben 4.1 pesos por cada peso de la secretaría civil que coordina la seguridad pública.
La función de Orden Público y Seguridad Interior, con 75,671.1 millones y 17.7% real, resume la apuesta.
Se financian fuerza, transporte y despliegue; la prevención del delito con perspectiva nacional, según el análisis, caería de 934.7 millones a 7.2. Un programa que baja a esa cifra no se recorta: se declara prescindible.
¿Justifican los resultados el monto?
El gobierno sostiene que el homicidio doloso desciende, y la cifra de agosto fue presentada como la más baja en doce años.
Aceptémoslo como hipótesis. Una baja de homicidio no equivale a seguridad: persisten la extorsión, el control territorial criminal, las desapariciones y una cifra negra que las encuestas de victimización estiman muy superior a lo denunciado.
Si el modelo funciona, el gasto debería migrar de la contención hacia la investigación y la proximidad.
Ocurre lo contrario: crece la fuerza y se estanca la cadena que convierte una denuncia en sentencia. Los montos son defendibles para sostener el despliegue; no están justificados como apuesta de largo plazo.
Guardia Nacional, la caja mayor
La Guardia Nacional pasa de 23,492 a 31,486 millones, casi 8,000 más.
El 34% es nominal; con el deflactor implícito del decreto, cercano a 3%, ronda 30% real.
Junto a ella, el programa A003 de apoyo de Sedena a la seguridad pública sube de 5,374.3 a 6,816.5 millones.
Pregunto lo que preguntaría cualquier capacitador de academia: ¿qué resultado compra ese dinero? ¿Detenciones con carpeta sólida, homicidio a la baja en municipios concretos, tiempo de respuesta?
Las cifras conocidas muestran personal, equipo y presencia. No muestran desempeño. Quien ha trabajado en corporaciones sabe que presencia sin investigación termina siendo vigilancia vistosa.
Justicia: más carpetas, el mismo embudo
La función de Justicia recibe 129,602.8 millones, 4,209.2 más que en 2026: 3.4% nominal, casi nada descontando inflación.
La FGR obtiene 20,893.6 millones, 3.23% más.
Dentro de ella, investigar delitos federales sube 7.44% y la Policía Federal Ministerial 8.28%, mientras delitos especiales y asuntos internacionales caen 29.9%, de 993.2 a 696.2 millones. Se ensancha la entrada del embudo y se angosta el tramo donde viven el lavado transnacional, el tráfico de armas y la extradición.
Las cifras conocidas no muestran un refuerzo equivalente para peritos, litigación, protección de testigos o inteligencia patrimonial. Más carpetas sin más sentencias no son justicia: son inventario.
Policías estatales y municipales, el eslabón sin caja
Los fondos para policías estatales crecen 1.9% y, sumados, FASP y Fofisp agregan poco más de 530 millones.
Con ese ritmo no se recluta, no se evalúa, no se capacita ni se profesionaliza a escala.
La policía municipal, primer contacto con el delito, carece de un esquema de financiamiento con reglas claras desde que desapareció el FORTASEG. Se concentró el dinero en un cuerpo federal y se dejó la proximidad a la suerte de cada tesorería local.
Lo he visto en academias: el cadete que egresa a una corporación sin salario digno, sin equipo y sin mando recibe una formación que el servicio disuelve en meses.
Búsqueda de personas: trescientos millones de consuelo
La búsqueda de desaparecidos recibe 300 millones adicionales, producto de una reasignación y no de una planeación: salen del recorte al INE, a meses de las elecciones de 2027.
Para una crisis que satura fiscalías, comisiones locales, laboratorios forenses y panteones, es una compensación simbólica.
Las madres buscadoras no necesitan reasignaciones de madrugada.
Necesitan una partida plurianual con metas públicas de identificación forense, personal pericial y protección para quienes buscan.
El tablero que nadie presupuesta
Todo presupuesto serio se mide, y este no ofrece tablero visible.
Con 331,416.4 millones aprobados, el debate público no incluye metas anuales de homicidio, extorsión, sentencias firmes, patrimonio criminal recuperado ni identificación forense.
Además, el Ejecutivo conserva margen para adecuaciones durante el ejercicio, de modo que la aprobación del Congreso dice menos de lo que aparenta.
Propongo tres indicadores trimestrales y auditables: sentencias firmes por cada mil millones invertidos en investigación; patrimonio criminal efectivamente asegurado y decomisado; tiempo de respuesta y rotación de personal en las policías municipales beneficiadas.
Lo que viene:
El decreto, pendiente de publicarse en el Diario Oficial, consagra un orden de prioridades: primero la fuerza, después la investigación, al final la prevención y la proximidad.
Se ejercerá en un año electoral con diecisiete gubernaturas en disputa, cuando una policía local débil y la captura criminal de gobiernos municipales dejan de ser asunto de seguridad y pasan a ser asunto de democracia.
Que el Congreso apruebe sin cambios el gasto de seguridad y recorte 6,000 millones al árbitro electoral en vísperas de esa elección retrata prioridades; no necesita adjetivos.
La esperanza es modesta y verificable
Si la SSPC y la FGR publican metas trimestrales de sentencias, decomisos, identificaciones forenses y policías formadas y retenidas, si el Congreso las audita y si el presupuesto de 2028 premia lo que funcione y corrige lo que no, esta bolsa podrá defenderse con resultados.
Entretanto, 331,416.4 millones descansan sobre una convicción: que más fuerza produce más seguridad.
Dos décadas de guerra contra el crimen en México sugieren que la fuerza contiene, pero solo la investigación, la proximidad y el patrimonio criminal desmantelado reducen el delito de forma duradera.
Un presupuesto de fe no protege a nadie, y las víctimas lo saben.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
