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ENVE 2026: Cartografía del miedo; donde no se atreve la estadística

El limonero paga, INEGI no pregunta, todos callan.
Cierre de negocios con mantas de Se Renta
Negocios que no pueden mantener su operación por las extorsiones terminan por cerrar y se convierten en una cifra negra del delito. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Una encuesta que audita
El INEGI acaba de presentar la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 , un ejercicio bienal que el poder público trata como nota al pie y que debería leer como auditoría. Entrevistó a 36,442 unidades económicas privadas con instalaciones fijas, midió la victimización de enero a diciembre de 2025 y la percepción de marzo a mayo de 2026.

Se ordena en cinco apartados: victimización, costo del delito, denuncia, percepción de seguridad y desempeño institucional. Su utilidad es muy incómoda: pregunta a quien genera empleo qué le pasó, cuánto perdió, si denunció y qué obtuvo, sin el filtro de un Ministerio Público.

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El país que la encuesta describe
Sus resultados describen un país distinto al de las conferencias matutinas.

En 2025, ocurrieron 5,605 delitos por cada 10 mil unidades económicas, cerca de 3.0 millones, y la extorsión fue la más frecuente: 1,467 por cada 10 mil, 26.2 por ciento del total. Siguen el robo hormiga con 954, el robo o asalto de bienes o dinero con 885 y el fraude con 633, este último en aumento significativo.

Conviene ser exacto: la extorsión bajó desde 1,562 en 2023, pero la encuesta no marca ese descenso como estadísticamente significativo.

El costo fue de 115.1 mil millones de pesos a precios de 2018, equivalentes a 0.46 por ciento del PIB, y las empresas gastaron 58.9 mil millones en protegerse, sobre todo con alarmas, cámaras y candados, que concentran 52.3 por ciento de las medidas.

Dos contabilidades irreconciliables

El Gabinete de Seguridad informó una reducción de 50 por ciento del homicidio doloso, de 86.9 a 43.4 casos diarios, y de 36 por ciento en delitos de alto impacto.

Entre enero y octubre, frente al mismo periodo de 2025, el robo a transportista con violencia cayó 27.1 por ciento. Pero el Secretariado cuenta carpetas de investigación y la ENVE revela que solo 8.2 por ciento de los delitos contra empresas llega a una.

Con una cifra oculta de 91.8 por ciento, una baja en el registro puede significar menos delito o menos denuncia, y el registro no distingue entre ambas. El robo hormiga, con 954 casos por cada 10 mil unidades, no figura en ningún indicador de alto impacto presentado.

La extorsión es peor: Marcela Figueroa reportó en 2025 un aumento de 22.9 por ciento frente a 2019, y Omar García Harfuch informa 2,170 detenidos por extorsión en dos años. La ENVE sugiere unas 780 mil extorsiones empresariales solo en 2025, aritmética propia sobre cifras redondeadas.

Los universos no son idénticos y aun así la proporción, una detención por cada 360 hechos, desnuda la distancia entre el discurso y la capacidad.

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La doctrina de las cifras y el miedo en la ruta

Lo que se juega es un método.

Fijar septiembre de 2024 como base, comparar periodos cortos y celebrar porcentajes sobre un registro que ignora nueve de cada diez delitos empresariales es una doctrina de las cifras: el dato deja de medir y pasa a argumentar.

La baja del homicidio puede ser real, porque es un delito difícil de ocultar. Extrapolarla a la extorsión, el fraude o el robo en tránsito carece de sustento.

La percepción empresarial lo desmiente: 57.1 por ciento señala la inseguridad como su principal preocupación, apenas dos puntos menos que en 2024, y 71.2 por ciento considera inseguro su estado, por encima del 69.4 anterior.

Cuanto más cerca de casa, menos miedo: 56.4 en el municipio y 35.4 en la colonia. Cuanto más lejos viaja la mercancía, más: 54.8 en carreteras y 52.6 en corredores industriales, que hace dos años marcaban 52.2 y 43.2.

Mientras el discurso celebra caídas en robo a transportista, quienes mueven carga siguen sintiendo que se juegan el camión.

Miedo, desconfianza y denuncia

Nueve de cada diez delitos no se denuncian, y quien lo hace descubre el destino: en 46.4 por ciento de las carpetas el resultado es trámite y en 29.0 nada. Solo 1.0 por ciento de los 3.0 millones de delitos tuvo resolución favorable en la fiscalía estatal.

Cuando denunciar cuesta más que la expectativa de justicia, callar es racional. La brecha por tamaño lo confirma: la cifra oculta es 93.0 por ciento en microempresas y 70.7 en grandes. Quien carece de abogado, de departamento de seguridad y de interlocución con la fiscalía, calla. En la extorsión el silencio tiene otra raíz, el miedo.

El tendero que denuncia sabe que el cobrador conoce su domicilio y sospecha que el policía de su calle conoce al cobrador.

La presentación de la ENVE no desglosa los motivos de no denuncia, de modo que esta lectura psicológica y cultural es inferencia mía, pero encaja con lo que se observa en corporaciones municipales, donde la atención a víctimas empresariales rara vez se enseña como protocolo propio. La desconfianza se hereda y se aprende, igual que la costumbre de pagar.

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Los que la encuesta no ve

La ENVE excluye al productor agropecuario individual y a las unidades sin instalaciones fijas, es decir, al comercio ambulante e informal. No es un defecto, es una frontera metodológica, y marca el territorio donde el Estado no mide.

Allí están el limonero y el aguacatero michoacano, el tianguista y el vendedor de banqueta, víctimas documentadas de cuotas que ninguna encuesta bienal capta.

Medirlos exige un módulo propio del INEGI. Atacar esas extorsiones exige una estrategia propia que no se ha presentado. Un gobierno que no cuenta a los extorsionados del campo y de la calle no puede asegurar que los protege.

Decisiones para blindar a las empresas

  1. Corto plazo: que el Secretariado publique cada mes la tasa por 10 mil unidades económicas y la cifra oculta junto a cada reducción; que exista una vía de denuncia de extorsión con identidad protegida y sin ratificación presencial; y que los penales que, según Harfuch, concentraban 56 por ciento de las líneas reportadas al 089 pierdan señal.
  2. Mediano plazo: fiscalías antiextorsión evaluadas por casos esclarecidos y no por detenidos; patrullaje de proximidad en corredores industriales y carreteras; y un protocolo de primer respondiente para unidades económicas, enseñado en las academias estatales y municipales.
  3. Largo plazo: una ENVE con módulo rural e informal y un criterio de éxito: confianza medida en denuncias. Hasta que registro y encuesta coincidan, la pacificación será un dato sin testigos.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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