El zar digital y los secretarios analógicos

El problema comienza cuando el orden se convierte en aduana, y la aduana en monopolio.

Conviene precisar primero lo que consta. La Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos designa a la ATDT como Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, extingue la CONAMER y le encarga emitir lineamientos obligatorios.

Esa ley excluye a Defensa y Marina, salvo en simplificación, digitalización y registro en el portal único de trámites.

Y al presentarse la agencia, la prensa especializada describió su facultad de otorgar conformidad, antes de su nombramiento, a quienes encabezan la transformación digital en cada institución.

Dicho sin eufemismos: la ATDT opina sobre quién manda en la tecnología de cada oficina.

Lo que dice la ley y lo que murmura el pasillo

Ahora, lo que no consta.

Se afirma que el secretario Omar García Harfuch estaría inconforme porque el software de seguridad debe pasar por la agencia, y que existiría fricción con Peña Merino.

No hay, en fuentes públicas verificables, constancia de ese choque.

Es rumor, no hecho, y una columna seria no convierte el chisme en diagnóstico.

Pero el rumor merece atención por una razón estructural: aunque nadie hubiera discutido jamás, el diseño genera la fricción. Una dependencia que persigue delitos no puede hacer fila en la ventanilla ajena para decidir con qué herramienta lo hace.

La SSPC fue elevada, mediante reforma al artículo 21 constitucional, a rectora de la Estrategia Nacional de Seguridad y conductora del sistema de inteligencia en seguridad pública.

Esta misma semana se informó que la Guardia Nacional interconectará sus bases con la Plataforma Central de Inteligencia del CNI.

Si la rectoría de inteligencia es de la SSPC, la arquitectura tecnológica de esa inteligencia no puede cederse por trámite a un órgano cuyo mandato es simplificar procedimientos.

Competencia sin herramienta es retórica, y la retórica no detiene a nadie.

Dos pruebas de realidad

Los defensores de la centralización sostienen que concentrar produce seguridad.

Los hechos piden cautela.

En 2022 el colectivo Guacamaya extrajo seis terabytes de correos y documentos de la Defensa; en octubre de 2025 el secretario Ricardo Trevilla lo atribuyó a una falla humana.

A fines de enero de 2026, el grupo Chronus filtró 2.3 terabytes con datos de entre 36 y 36.5 millones de personas, de instituciones como SAT, IMSS y SEP. Según un análisis de Salles Sainz Grant Thornton, la propia ATDT reconoció el uso indebido de credenciales válidas, y no existe informe técnico oficial detallado.

Con la agencia ya operando, hubo una intrusión masiva que expuso datos médicos del IMSS, domicilios, CURP, RFC y hasta el padrón de afiliados de un partido político.

No afirmo culpa; afirmo que centralizar no equivale a blindar.

Sobre las Fuerzas Armadas, la respuesta honesta es que nadie puede blindar lo que la ley deja fuera. Defensa y Marina han operado con sistemas propios, y normas anteriores en tecnologías de información ya las exceptuaban, junto con el CNI.

Si su ciberseguridad depende de la ATDT, nadie lo ha demostrado; si no depende, el discurso de protección integral está incompleto. Ambas hipótesis exigen explicación pública, con datos, responsables y fechas, no con boletines optimistas ni promesas genéricas.

Independencia técnica: la investigación no pide permiso

¿Deben la SSPC y Hacienda conservar independencia tecnológica?

Sí, sin matices, en todo lo que toque investigación. En inteligencia financiera el método es secreto operativo: cuando un analista diseña una alerta contra el lavado, el algoritmo vale tanto como la información.

Someterlo a revisiones administrativas ajenas multiplica los puntos de fuga. Lo sano es separar funciones: la ATDT fija estándares de interoperabilidad, ciberseguridad y compras; las instituciones de seguridad y justicia conservan diseño, custodia y operación, con auditoría independiente y control judicial.

Ahí cobra relevancia la Ley de Economía Digital.

Corrijo un dato frecuente: no solo la aprobó la Cámara de Diputados el 6 de octubre; el Senado la aprobó después y se alistaba su promulgación.

Sus defensores argumentan que la trazabilidad ayuda contra el lavado y la evasión. Sus críticos señalamos afectaciones a pequeños comercios y zonas sin conectividad, y em general los especialistas en analizar y detectar lavado la han llamado “vergonzante”.

Mi objeción es operativa: más trazabilidad exige más custodia, y la custodia no se improvisa.

Un monopolio con más ramales

Por orden de gravedad, otros frentes.

-Primero, la identidad: Llave MX, plataforma de la ATDT, apunta a integrar CURP y biometría; Infobae recordó que su antecesora capitalina, Llave CDMX, fue comprometida en 2024 con datos de 6.3 millones de usuarios.
-Segundo, las telecomunicaciones: la agencia regula, opera y puede ser requerida para colaborar en bloqueos de plataformas; Peña Merino ha negado espionaje y recordado la exigencia de mandamiento escrito. Un órgano que reúne esos papeles necesita contrapesos explícitos.
-Tercero, las compras: quien aprueba el dictamen técnico decide qué proveedores sobreviven.
-Cuarto, los municipios, que ya son autoridades locales en esa ley y no tienen ingenieros, sino buena fe.
-Quinto, la salud y la recaudación: IMSS y SAT aparecen entre las instituciones afectadas por Chronus, y la ley de pagos digitales multiplicaría los datos transaccionales bajo custodia estatal.
-Sexto, el talento: los especialistas en seguridad informática escasean, y concentrarlos en una instancia generalista empobrece a quienes más los necesitan. Esto último es inferencia mía, no hallazgo documentado.

Qué hacer antes de que sea tarde

Propongo cinco medidas:

1. Un régimen legal de excepción técnica para seguridad, justicia e inteligencia financiera.
2. Plazos perentorios, con afirmativa ficta, para cualquier dictamen.
3. Publicación de criterios y auditoría externa.
4. Un comité interinstitucional con SSPC, Hacienda, Defensa, Marina, CNI y FGR, donde ninguna parte tenga veto absoluto.
5. Y un informe técnico público sobre Chronus, porque sin diagnóstico no hay corrección.

La transformación digital es indispensable.

Pero un Estado que entrega la llave de todas las puertas a una sola ventanilla no se moderniza: se vuelve vulnerable con mejor interfaz.

*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.